‘Expertos’ en patrañas

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, la investigación de la PGR sobre los hechos en Iguala de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 está plagada de omisiones y fallas.

La investigación de la PGR sin duda tiene muchas deficiencias, pero no aquellas en las que el GIEI pone el énfasis. Los supuestos expertos no logran desacreditar el resultado principal de la pesquisa del ministerio público federal: la incineración de los cadáveres de los 43 normalistas desaparecidos.

Las omisiones más relevantes de la PGR son otras, destacadamente dos: no ofrecer el contexto de la masacre, esto es, la existencia de una “guerra civil” entre facciones de izquierda en Guerrero en los últimos 10 años y que ha cobrado más de 200 vidas; no explicar que hacían los normalistas en Iguala y que papel jugó en ello el director de la escuela.

Si hay fallos en la investigación de la PGR, en la del GIEI las hay peores, verdaderas gemas. Por ejemplo, respecto a la razón de la presencia de los normalistas en Iguala, el informe del GIEI trata de hacer creer que sólo estaban ahí para robar autobuses a fin de trasladarse a la marcha del 2 de octubre en el DF, pues supuestamente en Chilpancingo y otros municipios no los habían conseguido. Pero para el 26 de septiembre los normalistas ya habían robado 8 unidades con capacidad para 50 pasajeros cada una, cuando que la matrícula de la normal era de ¡153 alumnos! (páginas 21 y 22 del informe).

La excusa pueril para ir a Iguala es que se requerían entre 12 y 15 autobuses para que desde Ayotzinapa saliera un contingente con alumnos no sólo de esa escuela, sino de otras normales rurales del país ¡como si los normalistas de esas otras escuelas no pudieran robar camiones por su propia cuenta!, ¡como si esos otros normalistas se fueran a trasladar a pie a Ayotzinapa en lugar de arribar en autobuses robados!

Es evidente la intención del GIEI de evadir el asunto y encubrir al director de la normal, quien –por cierto- no podría ocupar el cargo sin el plácet del ERPI y el EPR. Es clara la intención de la CIDH por ocultar la responsabilidad de políticos izquierdistas en la masacre y trasladarla a quien no la tiene, al gobierno federal.