¿Qué ocurrió en Iguala?

La noche del 26 de septiembre de 2014 fueron asesinadas 6 personas y desaparecidos 43 alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, quienes habrían sido ejecutados el 27 de septiembre.

Según la versión oficial (de la PGR) los autores de estos crímenes fueron policías municipales y sicarios del narco.

Pero según la versión del aparato de propaganda de la izquierda radical la masacre fue planeada y ejecutada por el gobierno de Peña.

Según la propaganda de la izquierda radical entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014, seis personas fueron asesinadas y 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos por agentes del Estado en una acción dirigida por el gobierno del presidente Enrique Peña.

De acuerdo a esta narrativa los 43 desaparecidos estarían privados de la libertad en cárceles clandestinas (situadas en instalaciones militares) y sometidos a tortura. Por tanto el gobierno federal debe devolverlos con vida y el Presidente y sus colaboradores deben ser destituidos y castigados.

Entonces, ante una afrenta del Estado tan grave y ante la urgente necesidad de recuperar con vida a los desaparecidos, cualquier método de lucha es válido (incendiar edificios, bloquear carreteras y aeropuertos, atracar transportes de mercancía, atacar a la policía, allanar instalaciones militares).

La versión oficial de los hechos es, por supuesto, muy distinta. Según la PGR policías municipales de Iguala asesinaron a 6 personas y secuestraron a 43 más.

Los policías entregaron a estos 43 a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, incineraron sus restos y esparcieron las cenizas para no dejar rastros.

Además, según la versión oficial, quien ordenó a los policías actuar contra los normalistas y se confabuló con Guerreros Unidos fue el Presidente Municipal de Iguala (del PRD) José Luis Abarca, quien está involucrado en crímenes previos.

La maquinaria propagandística de la izquierda ha intentado desacreditar la versión oficial: ha negado que los desaparecidos hayan sido ejecutados.

Según “expertos” de izquierda es “técnicamente imposible” que los cadáveres hayan sido incinerados.

Además pone en duda la responsabilidad de Abarca, los policías municipales y hasta los sicarios, pues la misma dicen se basa en testimonios obtenidos mediante tortura.

Primero acusó al ejército de ser omiso ante los hechos y ahora lo acusa de participación activa, decisiva y casi exclusiva.

Hechos

  • Ninguna de las acusaciones de la izquierda está apoyada en evidencia.
  • No hay la menor evidencia de encubrimiento o participación de militares o PF en la agresión.
  • La participación de policías municipales y de Abarca está acreditada por evidencia documental y no sólo testimonial.
  • Incineraciones como la de Cocula son practicadas por el narco en diversos puntos del país desde hace años.

La única duda razonable es acerca de la omisiones del ejército la noche del 26 de septiembre: ¿Por qué fue omiso el ejército?

Si se juzgara la actuación del ejército, bajo la suposición de que sabía lo que terminaría por ocurrir (la ejecución de los desaparecidos) su omisión sería criminal.

Pero NO hay evidencia de que supiera eso: los militares atestiguaron una actuación de la policía municipal frente a un grupo (los normalistas de Ayotzinapa) que suele cometer actos ilegales y violentos (los cometían antes del 26 de septiembre y los han seguido cometiendo después).

La explicación oficial adolece de un defecto: no ahondar en lo que ha sido la “escuela” de Ayotzinapa y en los antecedentes que condujeron a la masacre de Iguala (la sanguinaria disputa entre facciones de izquierda en Guerrero en los últimos 10 años).

La de Ayotzinapa desde hace muchos años no ha sido una escuela para formar maestros, sino un centro de adoctrinamiento ideológico de organizaciones terroristas (EPR y ERPI) y un grupo de choque utilizado repetidamente para cometer actos ilegales y violentos.

Los alumnos de Ayotzinapa ganan de esta manera plazas de maestros para vivir de los contribuyentes de por vida, sin dar clases. Y eso lo han sabido los padres de esos alumnos, varios de los cuales comulgan con las ideas de quienes controlan la “escuela”.

Los alumnos de Ayotzinapa no llegaron a Iguala el 26 de septiembre para realizar actividades académicas; arribaron en autobuses robados a “reventar” un acto político del alcalde perredista Abarca y su esposa y a robar más unidades.

En junio de 2013 los de Ayotzinapa ya habían tomado la alcaldía y expulsado a Abarca, bajo la acusación de que había asesinado al líder popular de Iguala Alejandro Hernández Cardona.

Los de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 bloquearon una carretera e incendiaron una gasolinera que provocó la muerte de un empleado.

La masacre de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 es el más reciente eslabón de una cadena de violencia entre facciones de izquierda en Guerrero, desde que el PRD ganó la gubernatura en 2005.

Esa confrontación ha cobrado la vida de unas 200 personas entre guerrilleros, sicarios, policías, activistas y líderes políticos.

Las facciones confrontadas por el poder son la “radical” o pro-guerrillera y la “oportunista”, que ha controlado la mayor parte de posiciones estatales y municipales. Cada facción tiene nexos con el narcotráfico.

Los principales eventos de esta confrontación:

  • La “mini-guerra” entre guerrilleros y el gobierno de Zeferino Torreblanca (apoyado por sicarios) con saldo de 100 muertos (entre 2007 y 2009).
  • El asesinato del líder del Congreso Local, Armando Chavarría y de 45 perredistas más bajo el gobierno de Torreblanca (2005-2010).
  • El asesinato de 15 “radicales” bajo el gobierno de Ángel Aguirre, incluido el de Alejandro Hernández (que se atribuye a Abarca).
  • La rebelión de “policías comunitarias” bajo influjo de ERPI y EPR que puso en jaque a ediles “oportunistas” en varios municipios.
  • “Policías comunitarias” como la de Ayutla de los Libres cometieron secuestros y extorsiones (dirigidas por Nestora Salgado).
  • La masacre de 49 personas en Iguala en septiembre de 2014.

La campaña de la izquierda radical para culpar al gobierno del Presidente Peña, persigue:

  • Ocultar que en el peor acto de violación de derechos humanos desde la matanza del 2 de octubre de 1968 intervinieron políticos izquierdistas.
  • Ocultar que la única “guerra sucia” de los últimos años en México es de la izquierda vs. la izquierda (en Guerrero).
  • Lucrar políticamente con una tragedia en favor de un proyecto totalitaria de poder, que de triunfar haría que masacres como la Iguala fueran algo cotidiano.

Hay diversos aspectos sobre la masacre de Iguala que son una incógnita, pero no –al parecer- por una decisión de ocultamiento del gobierno.

La manera en que la masacre se cometió y sobre todo la eliminación de casi todo rastro al parecer buscaba crear confusión, incertidumbre y sospechas.

En la decisión de la masacre podrían haber participado también otros actores políticos –aún no claros- que buscaron con esto crear una crisis política que pusiera al gobierno contra la pared, con fines tampoco claros aún.