La Corte indagará el caso Posadas

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, solicitó oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que investigue las actuaciones de las autoridades que tuvieron a su cargo la resolución del homicidio del cardenal , Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara el 24 de mayo de 1993.

González Márquez hizo suyas las inquietudes de la Iglesia católica y de los abogados de la familia del cardenal, quienes han rechazado las conclusiones oficiales que señalaron que Posadas fue asesinado en medio de la confusión que se generó en un enfrentamiento entre sicarios de dos cárteles de las drogas.

En opinión del mandatario jalisciense en este caso se cometieron violaciones graves de garantías.

A casi 17 años del homicidio del cardenal, el gobernador recurrió a la Corte porque estimó que el máximo tribunal puede ejercer, precisamente, la facultad que le otorga el artículo 97 de la Constitución para investigar violaciones graves de garantías.

El análisis de la petición del gobernador le corresponderá realizarla, por turno, al ministro Juan Silva Meza, quien ha tenido a su cargo, entre otras, la investigación del caso de la periodista Lydia Cacho, en el que propuso declarar responsable de violaciones graves al gobernador de Puebla, Mario Marín.

¿POR QUÉ REABRIR ÉSTE CASO?

La solicitud del gobernador jalisciense Emilio González Márquez a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para crear una comisión investigadora está fundamentada en el hecho de que el gobierno de Carlos Salinas y su procurador Jorge Carpizo McGregor investigaron el caso para imponer la tesis oficial de la confusión.

  • Han transcurrido más de 16 años y en estos momentos los mexicanos no conocemos la verdad de los hechos.
  • Lo que sabemos es que la Procuraduría General de la República no ha consignado a los responsables y que por tal motivo no hay condenas firmes.
  • Constituye una grave violación a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución y a los derechos humanos.
  • Se violan las garantías consagradas en los artículos 6, 14, 16, 17, 19, 20 apartado B y 21 de nuestra Carta Magna.
  • La impunidad resulta lesionar no sólo a la parte afectada sino que es un mal que corroe a las instituciones.
  • Los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad.
  • El delito de homicidio es considerado grave y es el propio Estado quien se arroga la acción de perseguir y castigar el delito.
  • El asunto trasciende en el tiempo y en el espacio, porque durante los 16 años transcurridos desde que fueron asesinados el Cardenal y seis personas más, existe un reclamo social y una exigencia de que se haga justicia.
  • Es importante recordar que el Cardenal Posadas Ocampo participó de manera muy activa en las reformas constitucionales e históricas.

Con el número 305/2010, el acuerdo de Guillermo I. Ortiz Mayagoitia señala que el gobernador pretende que la Corte se pronuncie “respecto de los acontecimientos suscitados el 24 de mayo de 1993, fecha en que fue privado de la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más”, ya que el asunto es “trascendental” y por su importancia se requiere que el pleno de ministros emita una opinión.

Llama la atención que la solicitud está firmada por González Márquez, así como por José Antonio Guzmán Pérez Peláez y José Antonio Ortega Sánchez, “quienes se ostentan como representantes legales de Angelina Ramírez Tafolla”, esposa del chofer del cardenal (el conductor también murió acribillado ese día).

Desde el momento en que el entonces titular de la PGR, Jorge Carpizo McGregor, afirmó que el asesinato del prelado ocurrió porque sicarios de los hermanos Arellano Félix lo confundieron con Joaquín Guzmán Loera El Chapo, parte de la jerarquía católica descalificó la versión.

Particularmente, lo hizo el sucesor de Posadas, Juan Sandoval Íñiguez, quien junto con Guzmán Pérez Peláez y Ortega Sánchez formó parte del llamado Grupo Jalisco, el cual logró que incluso la PGR reabriera en dos ocasiones (2000 y 2008) las averiguaciones para tratar de desvirtuar la teoría de la confusión.

Sin embargo, la PGR, después de analizar todas las líneas de averiguación propuestas por Sandoval y los representantes legales de la esposa del chofer, llegó a la conclusión de que la hipótesis esgrimida desde un inicio por Carpizo es la única válida.

Guzmán Pérez Peláez es secretario de Gobierno de Jalisco, y Ortega Sánchez esta la nómina del gobierno estatal –así lo reconoció González Márquez en junio de 2007– con salario mensual de 50 mil pesos por su labor como coadyuvante en el caso Posadas.

Imagínate que en Jalisco, por ahorrarse 50 mil pesos al mes, quedara impune el asesinato de un dignatario eclesiástico de cualquier religión. Imagínate que el criterio fuera: vamos a ahorrar 50 mil pesos, y que Dios perdone al que asesinó al cardenal y al que ordenó su muerte. Vale la pena”, sostuvo entonces González Márquez.

El secretario de Gobierno y Ortega Sánchez reciben recursos y viáticos del gobierno jalisciense para sufragar los viajes que forman parte de la indagatoria que realizan. Uno de esos desplazamientos tuvo un costo para el erario estatal de 91 mil 325 pesos, según un reporte oficial publicado en 2007.

No hay plazo para que el ministro Silva Meza elabore el proyecto y lo presente ante el pleno, pero fuentes judiciales comentaron que si se considera que el asunto no tiene que ver con la violación grave de garantías individuales, la elaboración de su dictamen llevaría semanas.