¿Cuántas masacres más?

El asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas el 26 de septiembre se podrían haber evitado si quien ordenó estas atrocidades, José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, Guerrero hubiera estado preso.

Este criminal tenía que haber sido investigado, detenido, acusado y condenado por dos graves hechos. El primero es por haber ordenado la privación ilegal de la libertad de 7 personas y el asesinato de 3 de ellas, en hechos ocurridos entre el 30 y el 31 de mayo de 2013. Abarca personalmente mató a uno de los tres asesinados, a Arturo Hernández Cardona (líder de la Unidad Popular y crítico de su gobierno), según afirmó ante notario público uno de los sobrevivientes de la agresión.

El segundo grave hecho en que Abarca incurrió fue su asociación criminal con Guerreros Unidos, la cual tuvo dos facetas. La primera es que permitió que Iguala se convirtiera en centro de exterminio y panteón clandestino de las víctimas del grupo criminal, como da cuenta el hallazgo de más de 20 fosas comunes. La segunda faceta es que Abarca ordenó a los policías municipales ayudar a Guerreros Unidos en el cobro periódico de “derecho de piso” a cientos de propietarios de negocios en el municipio.

Todo esto lo sabía y lo solapó el gobernador Ángel Aguirre, con lo cual se convirtió no sólo en encubridor sino cómplice de Abarca. Por estos solos hechos Aguirre tendría que ser destituido, investigado y castigado penalmente. Pero además con sus omisiones criminales, Aguirre favoreció la tragedia del 26 de septiembre. Si Abarca expoliaba a sus gobernados en alianza con un grupo criminal y asesinó a 3 personas ¿por qué no iba a asesinar a otras 49, si lo protegía el gobernador?

El Senado de la República está obligado a reconocer la desaparición de poderes en Guerrero y destituir al gobernador, so pena de violar el artículo 76 de la Constitución y su ley reglamentaria. Los senadores que se inclinaron por sostener a Aguirre le dieron el mismo trato que este dio a Abarca: garantizar su impunidad.

Esto envía un mensaje atroz a los gobernantes asociados con criminales en el país: pueden hacer cuanto gusten. Y ello significará que masacres como la del 26 de septiembre se repetirán.