No cederá la inseguridad si no se abate la impunidad

Más delincuentes presos ha impedido una mayor incidencia criminal

Más de 230 mil órdenes de aprehensión sin ejecutar, garantizan impunidad y miles de nuevos crímenes que se podrían evitar

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental debe cumplirse; el gobierno debe informar sobre inseguridad

 

Al concluir 2003 el número de delitos denunciados del fuero común en la República Mexicana será de aproximadamente 1,418,560.

Esta cantidad es inferior a las cifras correspondientes a 2002 y a 2001, pero todavía superior a la cifra de 2000 (en ese año se registraron 1,337,992 delitos).

Puede decirse entonces que si bien la inseguridad no empeora, tampoco mejora sustancialmente en el país.

Sin embargo, no debe olvidarse que se trata de delitos denunciados, lo cuales representan apenas una fracción de los realmente ocurridos. De ahí que insistamos en se establezca un programa oficial para realizar estudios periódicos sobre victimización, a fin de reconocer la real magnitud de la cifra oculta y los delitos ocurridos, todo esto según la metodología y asistencia técnica de Naciones Unidas.

Conforme a la información disponible en 2003 no solamente habría menos crímenes en general, sino menos crímenes de carácter violento en particular.

Sin embargo, sobre los delitos violentos tenemos que sigue siendo muy alto el número de secuestros y que al paso de los años han ido en ascenso los ataques sexuales contra las mujeres.

Conforme a los datos disponibles del primer semestre de 2003, en todo el año podrían producirse aproximadamente 420 secuestros, apenas 13 menos que en el año pasado. Con esta cifra México continuaría siendo la segunda nación del mundo más afectada por este crimen.

En algunas entidades federativas podrían estar produciendo éxitos frente al secuestro, al reducir su incidencia, específicamente en Guanajuato, Nayarit y el Distrito Federal. Pero en otros estados el secuestro parece ir al alza. De mantenerse la tendencia observada en el primer semestre del año en curso, en Colima, Durango, Hidalgo y Morelos habría al final del 2003 el doble de secuestros que los ocurridos en 2002.

Asimismo y por desgracia, en Sinaloa repunta el secuestro y al finalizar 2003 podría haber 70% más plagios que en 2002 (de mantenerse la tendencia observada en el primer semestre).

Por lo que hace a la violación, éste delito ha venido creciendo en los últimos cinco años, al grado que en 2003 habrá 27% más ataques sexuales que 1998. Al finalizar 2003 probablemente se habrán cometido 14,384 violaciones.

Hemos de reconocer que en México la inseguridad no ha aumentado en forma acelerada como se observó entre los años 1994 y 1998. Asimismo, en 2003 podría haberse frenado la tendencia al repunte criminal que se manifestó en 2001 y 2002.

Es necesario entender porqué no estamos peor de lo que podríamos estar, para reforzar aquellas políticas efectivas y rechazar las que no lo son.

Uno de los factores que explica el que la situación no haya empeorado todavía más es que aumentó el número de delincuentes puestos tras las rejas, pues por cada delincuente que se saca de la circulación logra evitarse cuando menos un nuevo crimen.

Entre 1997 cuando la incidencia criminal alcanzó su mayor nivel y 2000 cuando bajó en 11% con relación a aquel año, el número de delincuentes encarcelados pasó de 86 mil a 113 mil. El resultado de un aumento el número de delincuentes presos es que hubo 173 mil delitos menos.

Si en 2003 no siguió creciendo el crimen al ritmo acelerado que venía haciendo en, por ejemplo de 1994 a 1997, es por que hay 47 mil más reos en las prisiones.

No obstante, el número de delincuentes que deberían estar presos es muy inferior al de aquellos que han cometido crímenes. Esto es resultado de que una parte de los delincuentes ni siquiera están identificados, mientras que otros, ya identificados, no son detenidos.

Como se puede apreciar las tablas de los documentos anexos a este comunicado, al concluir 2001, más de 234 mil órdenes de aprehensión no habían sido ejecutadas, la mayoría de las cuales no se generaron en el mismo 2001, sino en años anteriores.

A estas fechas el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión debe ser cuando menos igual o más severo.

Por tanto consideramos que:

  • Buena parte de los más de 200 mil presuntos delincuentes sobre los que pesan órdenes de aprehensión deben seguir cometiendo delitos.
  • Si las órdenes fueran ejecutadas, cuando menos decenas de miles de nuevos delitos podrían evitarse y reducirse la incidencia criminal.
  • Las autoridades políticas y en quienes han delegado la procuración de justicia, deben conceder la prioridad necesaria a abatir el rezago en la ejecución de órdenes y en general la impunidad.
  • De no procederse así, no nos sorprenda que en el futuro se produzcan nuevos repuntes criminales.

Finalmente, deseamos manifestar que la información aquí referida y las que se anexa impresa o en archivos digitales, tiene como origen el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, esta información no es puesta a disposición del público, como debiera ocurrir.

Exigimos, por tanto que, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta información sea hecha pública por el gobierno, la coloque en alguna página de Internet y la actualice periódicamente.