Todo hueco en la ley genera violencia

Todo empezó el viernes 26 de septiembre a eso de las nueve y media de la noche. Un grupo de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa secuestró tres autobuses de la central camionera de Iguala.

Si bien los normalistas de Ayotzinapa consideran el secuestro de autobuses como un derecho adquirido, en esta ocasión fueron confrontados por policías municipales. No están claras las circunstancias, pero sabemos que los policías dispararon y mataron a dos normalistas e hirieron a varios más.

Al filo de la media noche también en Iguala un grupo armado no identificado atacó otro autobús, éste con un equipo de futbol de tercera división, Los Avispones de Chilpancingo, y dos taxis. Un jugador de 15 años del equipo, una mujer y un hombre fallecieron.

La mañana del sábado apareció el cuerpo desollado de un joven, al parecer también estudiante de Ayotzinapa. Los estudiantes de la Normal denunciaron, por otra parte, la desaparición de 58 de sus compañeros.

No sabemos si los hechos están relacionados. Lo que sí sabemos es que la situación en Guerrero, un estado con una violencia ancestral, se está volviendo cada vez más complicada. Las autoridades federales decidieron tomar control de Iguala con policía y tropa.

Doscientos ochenta policías municipales fueron interrogados y 22 quedaron detenidos por presunta responsabilidad en los hechos del viernes por la noche. Los sospechosos fueron trasladados a Acapulco por razones de seguridad, después de que sus familiares iniciaron movilizaciones en Iguala.

Los normalistas, mientras tanto, han suspendido clases y han anunciado nuevas acciones de protesta. Hoy exigen, además de sus tradicionales plazas automáticas y más dinero, la renuncia del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ambos del PRD.

El presidente Enrique Peña Nieto canceló ayer una visita a Guerrero planeada desde hace semanas. La Oficina de la Presidencia justificó la decisión por razones de clima. Nadie, sin embargo, ha creído esta versión, sobre todo si se considera que el Presidente ha viajado a Guerrero y a otras entidades en condiciones meteorológicas mucho peores.

El presidente Enrique Peña Nieto parece no haber querido visitar el estado en un momento en que las muertes del fin de semana han generado una situación candente.

La Procuraduría de Guerrero atribuye por lo menos algunos de los homicidios a policías municipales de Iguala. Por los 22 policías detenidos. Pero no conocemos las circunstancias en que los policías dispararon sobre los estudiantes en los autobuses secuestrados.

Tampoco hay información que permita saber si el estudiante desollado más tarde fue victimado por policías ni qué ha pasado con los 58 estudiantes que presuntamente están desaparecidos. Quedan demasiadas interrogantes todavía.

Nadie puede justificar que la policía dispare a estudiantes, aun cuando estén cometiendo un delito como el secuestro de autobuses. Pero me parece que la tendencia en algunas entidades de nuestro país, como Guerrero, de simplemente permitir que los grupos organizados cometan delitos abierta e impunemente está sembrando las semillas de mayores actos de violencia.

Las autoridades mexicanas deben aprender a aplicar la ley, tanto en los casos de secuestros o destrucción de autobuses, cada vez más comunes, como en la forma en que la policía se enfrenta a delincuentes, especialmente cuando son activistas políticos o estudiantes. Todo hueco en la ley genera situaciones de violencia.