Abatir la impunidad, no endurecer las penas es el camino a la seguridad

En diciembre de 2002 presentamos un estudio que evaluaba la magnitud de la impunidad en México y su efecto en la inseguridad.

Demostramos que México padecía de los niveles más altos de impunidad en el mundo y que mientras un mayor número de delitos quedaban sin castigo, más aumentaba la incidencia criminal. Sin embargo la información solamente llegaba al año 2000.

Ahora que INEGI ha empezado a difundir información correspondiente a 2001 hemos renovado nuestro estudio evaluatorio y estos son sus resultados:

  1. El nivel de impunidad en el país tuvo un ligero incremento, al pasar de 91.16 % delitos denunciados que no fueron castigados en 2000, a 91.45% en 2001.
  2. México sigue estando muy por debajo de los promedios internacionales de punidad. En nuestro país solamente se castiga 8.55 delitos de cada 100 que se denuncian, cuando que la tasa promedio mundial es del alrededor de 24% para los diferentes delitos.
  3. En 16 de las 32 entidades federativas hubo retroceso en la tarea de abatir la impunidad, pues en la misma en 2001 hubo un incremento de la impunidad con relación a 2000. Las cinco entidades federativas que presentaron mayor crecimiento de la impunidad fueron Tabasco, Tamaulipas, Durango, Chiapas y Guanajuato.
  4. En 2001 al igual que en el año precedente el Estado de México fue la entidad federativa que enfrenta la mayor tasa de impunidad.
  5. Los altos niveles de impunidad no pueden ser atribuidos a los jueces. En 2001 el 84.83 % de las sentencias en los juzgados de primera instancia fue condenatoria.

Finalmente, los jueces no pueden juzgar más que los presuntos responsables que acusen y presenten los agentes del ministerio público. El problema está entonces en la actuación deficiente de las procuradurías.

En este sentido en 2001, los agentes del ministerio público solamente fueron capaces de presentar ante los jueces a los responsables de 14 de cada 100 delitos denunciados. Esto significa que, de entrada, los responsables del 86% de los crímenes denunciados ni siquiera serán llevados a juicio y no serán castigados.

Respecto a la capacidad para presentar a los responsables de los delitos, es también el Estado de México la entidad con el desempeño más deficiente. Mientras que en el país se logró llevar a juicio a los responsables del 13.70% de los delitos, en el Estado de México apenas se llegó al 7.06%, es decir, el Estado de México está casi a la mitad del pobre desempeño nacional en procuración de justicia.

  1. La impunidad en el Estado de México es mucho más severa que en el resto del país. Mientras que en el país se castiga a los culpables del 26% de las violaciones en el Estado de México apenas al 14%. Mientras que en el país se castiga al 21% de los asesinatos, en el Estado de México se castiga a menos del 9%.

Mientras que en el país se castiga el 8% de los robos en el Estado de México se castiga a los responsables de poco más del 2%. Para decirlo simple: en el Estado de México hay hasta 50 veces más posibilidades de robar y salir impune que de robar y ser castigado.

Con estos pobres resultados no sorprende el gran problema de seguridad que padecen los mexiquenses. El Estado de México es la entidad con la mayor incidencia criminal, en cifras absolutas. Ocupa el segundo lugar en secuestro, robo de vehículos y asalto al transporte de carga, pero en unos cuantos años podría estar en el primer lugar.

  1. Sin embargo, en lugar de hacer un esfuerzo por abatir la impunidad, se prefiere repetir la fórmula que no ha traído ninguna mejora: endurecer las penas.

Con la pena de muerte, se dice, los delincuentes sentirán tanto temor que pensarán dos veces antes de cometer un secuestro o un homicidio.

Dejando de lado el asunto ético acerca de si es lícito disponer de la vida de una persona que ha cometido graves actos contra sus semejantes, la pregunta es: ¿sirve de algo endurecer las penas?

La misma experiencia del Estado de México permite responder la pregunta. Así como es la entidad con los mayores niveles de impunidad, así es la segunda entidad que impone las penas más duras en el país.

En 2001 se impusieron en la República Mexicana sentencias de cinco o más años de prisión al 19% de los sentenciados. En cambio en el Estado de México las sentencias de cinco o más años de prisión fueron impuestas al 41% de lo sentenciados, es decir, más del doble del promedio nacional.

En otras palabras, en ninguna entidad, salvo Guerrero, se castiga tan duramente como en el Estado de México ¿Por qué entonces enfrenta graves problemas de inseguridad? Porqué se castiga a una fracción ínfima de quienes delinquen.

Quienes promueven la pena de muerte, además saben que este castigo será prácticamente impracticable aunque se reformen los códigos penales. Aunque es una pena considerada en la Constitución, México prácticamente la ha abolido y al haber firmado convenios internacionales para no restablecerla, no se va aplicar.

Insistir en una pena que ni siquiera se va a aplicar y que aun aplicándose no sirve para nada, demuestra que no hay interés en resolver el problema, que se persiguen fines puramente electorales y que se explota la irritación de la gente ante la impunidad para ocultar, precisamente, esa impunidad, la incapacidad de las autoridades mexiquenses para perseguir y procurar el castigo a los criminales.