Nuestros legisladores no saben cómo legislar

El PRD impulsó con el PRI el nuevo impuesto a los gorditos, pero hoy los legisladores perredistas se dicen sorprendidos de los resultados.

El diputado federal Carlos Augusto Morales López envió una carta el 31 de diciembre al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para pedirle que exente el pan dulce de este gravamen: "Es evidente -afirmó el legislador- que un pan dulce, que es de consumo cotidiano para los mexicanos, no tiene comparación con aquellos panecillos que se venden como golosina y por lo tanto no se encuentran dentro de la canasta básica".

Más bien es evidente que nuestros legisladores no saben cómo legislar. Las leyes no deben hacerse para golpear a algunos y ayudar a otros cuando ambos están en las mismas condiciones. Esa forma de legislar sólo se registra en las dictaduras. En los países de derecho, las leyes y los impuestos deben ser de aplicación general.

Los diputados trataron de hacer del impuesto a los gorditos una disposición general que pudiera sobrevivir un amparo ante la justicia federal. Por eso argumentaron que el propósito del impuesto era combatir el sobrepeso y la obesidad y establecieron que el gravamen se aplicaría a los alimentos que tuvieran un contenido de más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos.

Pero ¿qué ocurrió? Que los diputados no se dieron cuenta de que este criterio significaba que el punitivo impuesto debía aplicarse también al pan en todas sus variedades (blanco, integral, de dulce), a las tortillas, a las pastas y a los cereales de desayuno. En vez de modificar el criterio de 275 kilocalorías, los legisladores prefirieron pedir que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) escogiera ciertos productos de la "canasta básica" para que no sufrieran el impuesto.

La verdad es que la única canasta básica oficial es la de 82 productos que el INEGI utiliza para su elaboración del índice de precios al consumidor. Aun así el SAT ha exentado el bolillo, la telera, la baguette, la tortilla, la sopa de pasta y los cereales sin azúcar. Pero el diputado Morales López exige hoy al secretario de Hacienda que exente -supongo que por decreto personal- el pan dulce también. Está bien que un pastelillo pague impuesto, pero no la concha que el diputado se desayuna, aunque tengan el mismo contenido calórico.

El argumento de que el impuesto especial disminuirá la gordura, por supuesto, no se sostiene. El gobierno lo sabe y por eso no ha señalado en la ley el porcentaje de reducción de sobrepeso y obesidad que se logrará con este gravamen. El sobrepeso y la obesidad son condiciones multifactoriales, pero además el consumo de productos calóricos suele ser inelástico ante las variaciones de precio.

Es poco probable que el impuesto genere una disminución en el consumo, mucho menos si los productos más populares que rebasan los límites establecidos son exentados. Lo más probable es que el único resultado de este impuesto sea engordar los bolsillos de los políticos que han podido llevar sus presupuestos de gasto de este 2014 a los niveles más altos de la historia.

Los diputados como Morales López no quieren, por supuesto, que la gente los culpe por el impuesto. Por eso buscan que el gobierno decrete excepciones. Pero ésta es una pésima manera de legislar. Los impuestos deben ser de aplicación general. Ordenar que se aplique un impuesto a todos los productos con más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos, para ponerse después a buscar qué productos exentar, como las teleras y las conchas, sólo revela la ineptitud de los legisladores mexicanos.