¿Una reforma fiscal justa y social?

La justificación es siempre la misma. El gobierno necesita cobrar más impuestos a los contribuyentes mexicanos porque quiere disminuir la pobreza. Lo que quiere es una reforma justa, una reforma social.

La experiencia, sin embargo, nos ha enseñado a desconfiar de los políticos. La verdad es que el gobierno ha incrementado de manera espectacular el gasto para reducir la pobreza en las últimas dos décadas, pero no ha logrado reducir la pobreza más que de los funcionarios y burócratas que trabajan en esos programas.

No hay razones para pensar que las cosas serán diferentes con la actual ronda de incremento de impuestos.

En 1994 el gasto del gobierno ejercido en programas de superación de pobreza fue de 15,888 millones de pesos. Para el 2012 se alcanzó un monto de 310,302 millones de pesos (Primer Informe de Gobierno, 2013, Anexo estadístico, p. 69). El aumento del gasto para superar la pobreza fue de casi 20 veces entre 1994 y 2012.

¿Cuánto se ha logrado reducir la pobreza como consecuencia de este estratosférico incremento en el gasto público? Veamos las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En 1994 la pobreza general se encontraba en 52.4 por ciento de la población total de nuestro país. Para 2012 se había logrado una reducción a... 52.3 por ciento. ¡Una décima de punto porcentual!

La disminución ha sido un poco superior en el caso de la pobreza extrema. La cifra de 21.2 por ciento de 1994 se redujo a 19.7 por ciento en 2012. Pero esto parece poco o nada si se consideran los billones de pesos que se dedicaron a estos programas en estos 18 años.

El gobierno no está satisfecho con los resultados y ahora propone una fuerte dosis de más de lo mismo. La "reforma hacendaria" impone un fuerte aumento de impuestos a quienes trabajan en la economía formal -un 40 por ciento de la población económicamente activa- para ayudar más a los pobres. Para este propósito se creará un seguro de desempleo y se ampliará la actual pensión para adultos mayores a toda la población.

Pero si algo nos revelan las cifras del Coneval ("Evolución de las dimensiones de la pobreza 1990-2012") es que los niveles de pobreza no han dependido de la cantidad de recursos que el gobierno distribuye en subsidios y programas de caridad sino del crecimiento o contracción de la economía.

Entre 1994 y 1996, como consecuencia de la crisis de 1994-1995, el número de pobres subió brutalmente de 52.4 a 69 por ciento de la población. Los mexicanos en pobreza extrema pasaron de 21.2 a 37.4 por ciento.

En cambio, entre 1996 y 2006, años de crecimiento lento pero sostenido, la pobreza bajó a 42.9 por ciento, y la miseria a 14 por ciento de la población. La crisis económica de 2008-2010 provocó, en cambio, una nueva expansión de la pobreza hasta alcanzar los ya citados niveles de 2012.

Despojar de recursos a la economía productiva -especialmente en un momento en que el país se encuentra al parecer en recesión, con bajas en las ventas, reducciones en la producción y aumento del desempleo- para alimentar más al ogro filantrópico es un error monumental.

Si el gobierno realmente quisiera disminuir la pobreza habría realizado una verdadera reforma hacendaria para elevar la inversión, la productividad y el empleo. En lugar de eso ha promovido una reforma que, con la excusa de repartir más caridad entre los pobres, sólo aumentará la pobreza. Los únicos ganadores serán los políticos y los burócratas que manejen los programas de apoyo a los pobres.