EPN contra la inversión extranjera (II)

Jaime Martínez Veloz, a nombre del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha amenazado con destruir la industria minera en México con el pretexto de que las exploraciones y explotaciones se han hecho en violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, signado por México y que está en vigor desde 1991, porque supuestamente no se ha consultado a las comunidades indígenas .

El Convenio en su artículo 15 establece que “Los derechos de los pueblos (indígenas) interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente (…) En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

En la citada entrevista con La Jornada, Martínez Veloz menciona el caso de las exploraciones realizadas por la empresa canadiense Almaden en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, como el mejor ejemplo de la violación del Convenio 169. Pero el apologista del EZLN miente descaradamente.

El Convenio se refiere exclusivamente a tierras que pertenecen a las comunidades indígenas. Pero las exploraciones de Almaden no se realizan en tierras que pertenezcan a alguna comunidad indígena, sino en tierras de propiedad privada. Además, en la zona de Tuligtic, en donde se han concentrado los trabajos de exploración ¿cuántos indígenas había según el Censo de 2010? ¡Uno!

En el país la gran mayoría de las concesiones mineras no corresponden a tierras poseídas por indígenas. Y de aquellas en que sí corresponden, las empresas mineras nacionales o extranjeras firmaron convenios de arrendamiento con las respectivas comunidades. Si el gobierno no las consultó ¡los mineros sí lo hicieron! La prueba son los convenios.

Las amenazas del funcionario del gobierno de Enrique Peña no tienen fundamento legal y no queda claro para que las hace ¿El propósito será la extorsión?