¿También dejarán caer Michoacán?

En 2010 publiqué el libro “México: ¿rumbo al Estado fallido?”, para alertar sobre el peligro de que nuestro país se siguiera deslizando hacia una situación en la que el poder público pierde el monopolio de la violencia, sobre todo frente a los grupos criminales.

No afirmé que México ya estuviera en la condición de Estado fallido, pero lo que sí era un hecho es ya había algunas pequeñas partes del territorio nacional en las que el poder efectivo lo tenían los grupos criminales, no los gobernantes.

A tres años de ese diagnóstico, México ¿se ha alejado o ha acercado a la condición de Estado fallido? Pues ha habido logros en el sentido de alejarse y el caso más elocuente es el de Juárez, Chihuahua.

Pero en otros puntos del país la debilidad del poder público y la ingobernabilidad han crecido, sobre todo por la proliferación de las llamadas “autodefensas”, nuevos actores de la violencia que vienen a sumarse a otros, como los “ejércitos” de sicarios del crimen organizado. En suma: no nos hemos alejado de la amenaza del Estado fallido, nos hemos acercado.

Actualmente los dos principales focos rojos de ingobernabilidad son los estados de Guerrero y Michoacán. En el segundo, Felipe Calderón intentó poner orden durante seis años y fracasó. Hoy hay en Michoacán más ingobernabilidad que entre 2006 y 2012; los grupos criminales son más desafiantes y se dan el lujo de paralizar actividades en regiones de la entidad, cuando se les pega la gana; los sujetos que cobran como profesores en escuelas públicas y los “estudiantes” normalistas, son cada vez más vandálicos; las autodefensas, bien financiadas y armadas, proliferan.

Pero además Michoacán es el primer caso en el que se documentó la intervención de los grupos criminales en los procesos electorales, como el de 2011, en el cual el candidato priista Fausto Vallejo se convirtió en gobernador.

Supuestamente para remediar la situación en Michoacán y a instancias del gobierno federal, fue designado titular estatal de seguridad pública el general Alberto Reyes Vaca. El que se trate de un militar no es garantía de nada. Lo decisivo será la política que siga y el que el gobierno de Enrique Peña tenga la decisión real de restaurar el orden en el estado.