Las autodefensas y el caso latinoamericano

El Estado mexicano no debe tolerar grupos civiles armados de autodefensa a las comunidades porque estos engendrarán una monstruo que se saldrá de control, advirtió ayer el General Óscar Naranjo.

Hace unos días, durante su participación en el Foro Económico Político Laboral "Cultura de la Legalidad", el ex director de la Policía Nacional de Colombia y asesor en Seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto, señaló que los grupos de vigilantes corren el riesgo de ser absorbidos por el crimen organizado para convertirlos en sus aliados.

"Cuando se constata, y además es público en los medios de comunicación, de que frente a la incapacidad del Estado por proteger a ciudadanos, especialmente en áreas rurales, estos ciudadanos empiezan a armarse en autodefensas campesinas para remplazar el Estado, uno podría afirmar que se está iniciando una carrera que conduce al abismo", expresó Naranjo.

"Y lo digo de esta manera porque ya lo vivimos en varios países latinoamericanos, lo vivió Perú con sus rondas campesinas, lo vivió Colombia con sus paramilitares, hoy, tratar de explicar, justificar, y en todo caso tolerar la existencia de autodefensas es empezar a engendrar un monstruo que se quedará fuera de control.

"El fin no justifica los medios, para proteger a esos ciudadanos no hay que permitir que ellos se armen, porque lo que va a suceder en el segundo estadio de esa lógica es que un delincuente organizado, un narcotraficante, llegará a esas comunidades, y les dirá lo siguiente: 'yo te cambio este viejo rifle por este nuevo fusil para que te defiendas y para que me ayudes'".

El pasado 2 de marzo, se publicó que para enfrentar a la delincuencia o evitar la explotación de sus recursos naturales grupos de civiles armados han organizado la vigilancia de sus comunidades en 68 Municipios de 13 Estados del País, liderados por Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Las acciones de al menos tres grupos han generado denuncias penales en los últimos dos años, dos por asesinatos dolosos en Ayutla y Tixtla, en Guerrero, y una por despojo de patrullas y armas a la Policía Municipal de Buenavista Tomatlán, en Michoacán.

De acuerdo con la Constitución, nadie puede violar las libertades de tránsito ni establecer circunstancias particulares de prisión preventiva, tampoco se puede hacer justicia por mano propia ni ejercer violencia para reclamar derechos.