Ante la violencia programada, aplicar la ley

Como veníamos previendo, la izquierda ha hecho pública su intención de recurrir a la violencia para revertir su derrota electoral o venderla muy cara.

Los grupos radicales acordaron este fin de semana impedir que los diputados y senadores tomen posesión de sus cargos el 1 de septiembre y que Enrique Peña asuma como Presidente de la República el 1 de diciembre. Pero además de los bloqueos de carreteras y provocaciones para fabricar "mártires", podría haber algunas sorpresas. Asimismo, los grupos terroristas pueden hacer de las suyas con atentados como los de 2006...o los de 2007.

Andrés Manuel López Obrador y demás líderes de la izquierda ni siquiera intentan construir una negación creíble respecto a su responsabilidad en la violencia programada. Jesús Zambrano, el líder del PRD, dice que ni él, ni su partido, ni su candidato perdedor están detrás de los planes golpistas, pero al mismo tiempo se niega a condenar los delitos que los energúmenos que se reunieron en Atenco se proponen realizar.

A pesar de que la derrota electoral de López Obrador es en 2012 más contundente que la de 2006, la izquierda se encuentra más engallada que hace 6 años ¿Por qué? Por dos razones: porque esta vez tienen una alianza sin principios (¡ooootra!) con el PAN y porque ahora AMLO y compañía están patrocinados en su aventura por prominentes empresarios prepotentes, acostumbrados a hacer impunemente cuanto les plazca.

En 2006, no sobra repetirlo, el PRI que quedó en tercer lugar en las votaciones actuó con gran responsabilidad al no sumarse al golpismo izquierdista. Pero ahora el PAN no está actuando con igual responsabilidad y está traicionando a sus 12 millones de electores. Si esos ciudadanos hubieran querido que la izquierda llegara al poder (por ejemplo mediante una elección extraordinaria ¡donde ya no participe el PRI!), hubieran votado por la izquierda de una vez y no por el PAN.

Para que el programa de violencia funcione se requiere que el gobierno de Felipe Calderón lo permita. Y, por desgracia, esta no es una posibilidad remota. Pero ante ello a los ciudadanos no nos queda más que exigir se aplique -sin miramientos- la ley a quien la viole, incluyendo a quienes financian esta aventura que puede llevar al país al precipicio.