El gran atraco que viene

Dentro de un año o quizás un poco después, lamentaremos que los ciudadanos no se hayan tomado en serio la siguiente amenaza:

“En este sentido, el principal reto que enfrenta México […] es el de implementar una Estrategia Nacional para Reducir la Violencia con un objetivo muy claro: disminuir significativamente el número de homicidios, secuestros y extorsiones en los próximos cinco años. La estrategia se debe sustentar en 4 pilares:

“El primero es la prevención para evitar la delincuencia de manera proactiva, en lugar de reactiva. Para lograrlo, necesitamos reducir la desigualdad de oportunidades teniendo como base la universalización de la seguridad social: acceso a salud, pensión y seguro de desempleo. De igual forma, necesitamos un sistema educativo de calidad, con jornadas escolares completas, para que los jóvenes tengan mejores posibilidades de  participar en el mercado laboral y no sean cooptados por bandas criminales.

Para que estos proyectos no queden en buenas intenciones, se requiere de una reforma fiscal. México únicamente recauda 20% del PIB, mientras los países de la OCDE recolectan en promedio 36%. Como consecuencia, México únicamente gasta 3% del PIB en salud pública mientras que el promedio de gasto de la OCDE es más del doble. Tan sólo en educación primaria, gastamos 2,111 USD por alumno, mientras el promedio de la OCDE es de 6,741 USD. Por ello, necesitamos aumentar la recaudación fiscal de manera sustancial en los próximos años. [Énfasis mío]”

Y ¿en que consiste la amenaza? Pues en casi duplicar la carga fiscal (sería el peor atraco fiscal que los contribuyentes hayan sufrido en la historia de México), en la consecuente destrucción de capital larga y penosamente acumulado y en, por ende, el aumento de la pobreza que vendrá por añadidura.

Y ¿quien profirió tal amenaza en forma tan claridosa? Ni más ni menos que Enrique Peña Nieto, quien a partir del 1 de diciembre de 2012 empezará a gobernar México con la mayor legitimidad jamás tenida por un Presidente en tiempos democráticos (alrededor del 44% de los votos) y quien muy probablemente contará con la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, gracias a lo cual ni siquiera tendrá que negociar con la oposición.

A instaurar el Estado de bienestar ¡ya!

Peña y los suyos no han variado la postura citada (y que expresó en un artículo del ahora candidato, que publicó Financial Times en enero de 2011). Pero por necesidades electorales han dulcificado el mensaje hasta el llevarlo al borde de lo aparentemente anodino. Dice la plataforma electoral priista respecto al fisco:

“Actualmente padecemos una situación hacendaria que se caracteriza por ingresos tributarios insuficientes, con una perniciosa dependencia de los ingresos petroleros”.

La amenaza parece muy diluida, pero no hay que engañarse por las apariencias, pues el partido de Peña ofrece más claramente que cualquier otro la inmediata instauración del “Estado de bienestar” en México:

“Impulsaremos una reforma institucional que, coordinada con la política económica, establezca una nueva visión e instrumentos eficaces para asegurar que el Estado retome su responsabilidad para garantizar el acceso universal de los ciudadanos a los derechos sociales.

“El acceso universal debe ser la base para la efectiva titularidad de los derechos que consagra la Constitución, así como su exigibilidad jurídica. Sólo así se logrará revertir la alarmante exclusión social que no ha podido resolver la política actual, no obstante los enormes recursos de que ha dispuesto.”

Y -como resulta obvio- para hacer efectivos “derechos” a lo europeo, se precisa de un gasto público y de un feroz expolio fiscal igualmente a lo europeo.

Pero ¿cuál es el objetivo político de una empresa tan descabellada y perniciosa?

Pues no, por supuesto, erradicar la pobreza ni restaurar la seguridad pública (que no se logrará con programa “social” alguno), sino hacer que el PRI gobierne otros 70 años. Si de pronto el Estado mexicano completa su natural tendencia hacia volverse en Providencia y decenas de millones de mexicanos creen haber mejorado su situación de la noche a la mañana (cuando en realidad se habrán convertido en limosneros del Estado), entonces ¿por qué no darle al partidazo otro beneficio de la duda por décadas? o no ¿por qué no reformar la Constitución para que Nuestro Amado Líder se reelija por la eternidad, como Hugo I en Venezuela?

Por eso y tratando de contener la carcajada, debe entenderse en sentido exactamente opuesto la siguiente declaración de la plataforma electoral priista:

“Las políticas públicas universales permitirán erradicar la tendencia a utilizar los programas sociales como instrumento electoral”.

Las tácticas del descontón y del divide y vencerás

El que el lujo del Estado de bienestar los países desarrollados se lo hayan podido dar gracias al previo acceso a un determinado nivel de acumulación de capital (del que México está aún lejos) o el que el modelo de Estado de bienestar se esté cayendo en pedazos y haya sumido a Europa en su más prolongada y ruinosa crisis económica, no es algo que preocupe a los líderes e intelectuales orgánicos del PRI. La viabilidad económica les resulta asunto irrelevante, pero no así la ingeniería política.

Parece ya estar debidamente delineada la estrategia de implantación del Estado de bienestar y del Estado fiscal (aquel que se apodera de la mayor parte de la renta de una sociedad). Y tres son sus elementos principales: el ataque inicial fulminante, la instauración completa del esquema fiscal y la neutralización de la víctima-adversario.

Luis Videgaray, jefe de campaña de Peña y quien muy probablemente será su secretario de hacienda, en entrevista con Reuters el 17 de marzo fue meridiano: “Es importante tener una gran reforma al inicio de la administración” en materia fiscal. Nada de rounds de sombra, nada de hacerle al tonto como Fox, ni de irse por el gradualismo como Calderón. En el primer periodo de sesiones de la Cámara de Diputados o a más tardar en el segundo de 2013, el presidente priista y su partido lanzarán –cuando el campanazo apenas empieza a sonar- una patada (más potente que la de Van Damme) a los testículos de los contribuyentes, para noquearlos y ya no puedan levantarse hasta consumado el atraco.

Respecto a implantar el esquema de Estado fiscal en su plenitud, en la misma entrevista Videgaray (aunque después “desmintiera” ratificando lo que supuestamente desmentía), dejó claro que la reforma fiscal en ciernes no será como las previas, con un amplio abanico de exenciones y exentos. Además de aumentos a las tasas del ISR el IVA, ambos serán realmente generalizados y el segundo incluirá medicinas y alimentos.

Por supuesto los estrategas priistas no son unos imbéciles políticos como para con un IVA sin más a medicinas y alimentos, llevar la popularidad inicial de Peña (que andará en diciembre por arriba del 70%) al 20% o menos y empujar a cientos de miles de personas a marchas encabezadas por la izquierda. Y de ese modo entramos al tercer componente de la estrategia, el de neutralizar y mediatizar la eventual resistencia.

También lo dijo Videgaray: “La discusión tiene que estar en la compensación, pero no tiene que ser lo que inhiba una reforma que nos lleve a un sistema mucho más homogéneo, tanto en el IVA como en el ISR (Impuesto sobre la Renta)”.

Antes de que entre en vigor e incluso antes de que se apruebe el IVA generalizado, muy probablemente el gobierno se pondrá a regalar dinero (la “compensación”) entre personas de escasos recursos, para lubricar el fiscalazo y separar a los pobres de los ricos.

La indispensable colaboración de los bufones y los capos

Pero no acabará allí la estrategia de neutralización y mediatización. Es cierto que Peña llegará con una enorme legitimidad como para imponer casi lo que se le pegue la gana. Pero pareciera faltar algo más, lo que Ayn Rand llama la colaboración de las víctimas con su propio sacrificio.

Además, dentro de un año no será tan difícil alegar que al subir los impuestos Peña comete fraude político, pues no fue claro al respecto durante su campaña electoral, esto es, que engatusó a millones, al no decirles lo que realmente haría en el poder. Por eso es tan útil a los políticos el recurrir al apoyo de quienes nos libran del peso de pensar por nosotros mismos: los intelectuales al servicio del príncipe y los auto-proclamados “líderes” de la sociedad civil.

En realidad ya hay mucho avanzado al respecto. Carlos Slim y otros prominentes empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial, la COPARMEX, la Unión Socialista de Empresaurios Mexicanos y otros socialistas fabianos mexicanos, llevan años implorando a la clase política por un esquema fiscal progresivo (esto es, más progresivo que el ya de por sí muy progresivo vigente), mayor carga fiscal y mayor redistribución de la riqueza. Pero de todas maneras no sobra un empujoncito extra.

Y en tal sentido es que debe interpretarse la inserción pagada “Preguntas cuyas respuestas podrían transformar a México”, publicada el 27 de marzo de 2012 en Reforma y que no es sino un cuestionario a modo, para ser respondido por Enrique Peña. Y de las preguntas cabe destacar dos:

“¿Estaría de acuerdo en recurrir al fondo fiscal para transformar el sistema de seguridad social actual basado en el empleo formal en uno de protección social para todos los mexicanos, aunque implique aumentar los impuestos?

“¿Estaría de acuerdo en fortalecer la hacienda pública mediante la reducción de exenciones tributarias, subsidios a electricidad y gasolina, así como mediante el aumento de impuestos?”

Entre los firmantes del desplegado, figura Rolando Cordera, uno de los principales ideólogos estatistas, quien no brilla por su inteligencia sino por su desfachatez. He aquí lo que el opina acerca de lo que el Estado mexicano debe hacer contra los contribuyentes, contra esos 4 millones que generan la mayor parte de la riqueza y aportan casi 2 terceras partes de los ingresos fiscales:

“Para funcionar como un Estado social, democrático y de Derecho, el Estado mexicano tiene que ser un ‘Estado de derechos’ y ser capaz de articular una secuencia de políticas que sean compatibles con un crecimiento económico rápido y sostenido, además de financieramente sustentable. Es decir, tiene que ser un auténtico ‘Estado fiscal’ cuya legitimidad pase por una eficiencia y una eficacia comprobadas en materia de contribuciones fiscales. […]

“Un Estado como el que el país requiere para sortear las tormentas globales y encauzar las pugnas distributivas domésticas que se avecinan tendrá que forjarse al calor de una dialéctica turbulenta entre la concentración del privilegio a que se ha llegado y el reclamo plebeyo que exige formas tangibles de redistribución social. En este sentido, acudir a la noción de derechos fundamentales y, en especial, de derechos económicos, sociales y culturales constitucionales, es tal vez la única manera para el Estado de encontrar un cauce políticamente productivo para una convulsión social que parece inevitable. Lo inevitable de la confrontación no la hace destructiva. A través de ella, la sociedad podría encontrar las claves de la transformación del Estado en el sentido aquí sugerido, hasta llegar a una ‘tercera reforma’ que le permitiera al país y al Estado hablar de una reconfiguración intelectual y moral.”

Aprovechar o no la oportunidad, esa es la cuestión

El llamado al gran atraco fiscal no puede ser más claro, como tampoco debe haber duda sobre la determinación de llevarlo a término. Pero ello no significa que sea inexorable. Siempre existe la posibilidad de la resistencia así sea remota y así sea de unos pocos cientos de individuos.

Y quepa entonces una pregunta casi retórica: ¿el PRD o el PAN se pondrán a la cabeza de la probable resistencia fiscal, despechados por no haber sido ellos sino el PRI quien logró la fuerza política necesaria para implantar el proyecto que por supuesto comparten? Es probable que lo intenten, pero carecen de autoridad moral para tal liderazgo.

No puede descartarse que esta vez Atlas despierte un poco de su letargo, como en parte lo hizo tras la estatización de la banca en 1982. No puede descartarse que pueda surgir un muy modesto movimiento ciudadano que no se limite a las exigencias defensivas (¡no más impuestos!), sino que esboce un programa alternativo a la unanimidad socialdemócrata de la clase política, uno que propugne por: una reducción drástica del tamaño del Estado y por un austeridad espartana del servicio público, por la reducción de lo carga fiscal del 24% actual al 15% como proporción del PIB (como en tiempos del “desarrollo estabilizador”), por la contención de la inflación, por la entrega directa de los subsidios a sus beneficiarios (bono educativo, bono de salud, etc.,) por una severa desregulación de la economía y, en suma, por el modelo de “la sociedad del bienestar”, en contraposición al “Estado de bienestar”.

En suma, es posible que el gran atraco provoque algún grado de malestar entre los sectores más productivos de la sociedad (mientras la mayoría de líderes empresariales y magnates aplaudirán el aumento del expolio). Pero ese malestar –si es que llega a producirse- se diluirá y se tornará resignación si no se expresa organizadamente. La cuestión es si los partidarios de la libertad aprovecharemos la oportunidad para articular ese eventual descontento o si ni siquiera lo intentaremos…

Notas:
Peña Nieto, Enrique; 11 for 2011: How should Mexico deal with violence?; Financial Times; Juanuary 6, 2011
Cordera Campos, Rolando; Democracia, desigualdad y derechos humanos: el reclamo al Estado, en: Los derechos humanos, económicos, sociales y culturales - Hacia una cultura de bienestar; Orcí Gándara, Luis y Martínez Bullé Goyri, Víctor Manuel (coords.); 2007; CNDH; p. 77