Que bueno que prometan, pero si no cumplen, ¿qué?

¿Qué tienen en común las experiencias de Nueva York y de Colombia, que son las más exitosas en la reducción del delito y en particular la violencia? Que en ambos casos los gobernantes se comprometieron públicamente a reducir la incidencia criminal en una medida dada y en un tiempo dado y cumplieron.

Desde el momento en que el alcalde Rudolph Giuliani y el presidente Álvaro Uribe se fijaron metas de reducción del crimen, impusieron a las estructuras gubernamentales que presidían una enorme presión hasta entonces desconocida.

Desde los máximos mandos policiales hasta los agentes de cada cuadra tenían claro que debían hacer su parte para reducir los delitos, sin posibilidad de excusas o evasión. Y por si alguien tenía dudas, éstas se disiparon cuando los dos personajes periódicamente llamaban a cuentas a sus subordinados con la estadística actualizada en una mano y las metas en la otra. Quien reiteradamente fallaba era echado, sin contemplaciones, para dar oportunidad otro dispuesto a cumplir los compromisos.

No hay otra forma más que esa de superar las crisis de seguridad en general y en particular la que vive México. Y en ello hemos venido insistiendo desde hace 11 años: la permanencia en los cargos de seguridad pública debe depender de cumplimiento de metas de reducción del delito, a cumplirse en plazos perentorios.

Y esto no ha sido prédica en el desierto. En 2011 por primera vez los integrantes Consejo Nacional de Seguridad Pública se fijaron metas de reducción de homicidios y secuestros entre otros delitos. Y ciertamente mientras los gobiernos de unas entidades federativas cumplieron el compromiso, otros no lo hicieron.

Pero ahora el punto es precisamente establecer el mecanismo institucional para hacer que los que no cumplen, cumplan y el incumplimiento tenga un costo político y administrativo impagable.

En tal sentido el candidato Enrique Peña les adelantó un paso a sus competidores cuando se comprometió a reducir a la mitad asesinatos y plagios, en caso de ser electo presidente. Pero para que la oferta sea creíble los oferentes electorales deben decir no sólo que reducirán la violencia, sino precisar que costo pagarán –inexorablemente- en caso de no cumplir su compromiso.