Un 'país canalla' gobernado por los atroces caprichos del crimen organizado

A escasos 20 metros de una de las plazas más concurridas de Boca del Río, dos furgonetas paradas en medio de la avenida principal, que discurre hacia el corazón del lujoso municipio mexicano, llaman la atención de algunos viandantes y conductores. Manchas de sangre y lo que parecen ser extremidades humanas asoman de las camionetas a plena luz del día. Cuando la gente llega a la altura de los vehículos, acelera el paso a la vista de lo ocurrido. Nadie se detiene…

Al otro lado de la avenida, está prevista la celebración de la última Reunión Nacional de Presidentes de Tribunales de Justicia de México, por lo que la ciudad está cercada por las fuerzas de seguridad. Cuando las autoridades llegan al lugar de los hechos, encuentran 35 cadáveres con las manos atadas, con visibles huellas de tortura y, en algunos casos, mutilados. Algunos cuelgan todavía de las furgonetas, otros se encuentran  tendidos sobre la calzada tendidos en lonas de plástico. Nadie ha visto nada…

La noticia llega a la capital donde un alto funcionario del ministerio del Interior se apresura a señalar que probablemente se trate de un ajuste de cuentas entre bandas. Esa misma noche, el fiscal Reynaldo Escobar declara ante la prensa. "Esto es algo que puede tranquilizar a la población, ya que todos tenían antecedentes penales", asegura.

Tras lo ocurrido y a pesar de que se ha realizado un amplio despliegue por tierra, mar y aire de las fuerzas federales y militares, como parte de la Operación Coordinada Veracruz que busca acotar a la delincuencia organizada, se revive la escena 16 días después en la misma región. Al igual que en Boca del Río, los responsables del nuevo asesinato de 36 personas pudieron operar sin ser identificados o detenidos.

La lucha por el control territorial del puerto de Veracruz, paso obligado de drogas e inmigrantes hacia Estados Unidos y punto de embarque a Europa, lo convierte en un lugar codiciado por las organizaciones criminales del narcotráfico y escenario de tiroteos, quema de taxis, ataques a civiles y crímenes múltiples.

No se trata de un hecho aislado pues la misma historia se repite en amplias regiones del país. Y es que desde diciembre de 2006, han muerto más de 40 mil personas como resultado de violentos enfrentamientos entre los principales carteles: Los Zetas, el del Golfo, el de Sinaloa y la Familia Michoacana.

Un país canalla al servicio de los criminales

“La violencia se está extendiendo a otras regiones, ya no del norte donde está la frontera con Estados Unidos, sino a otras ciudades hacia el centro y el sur que no son precisamente pobres”, explica el presidente de Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el responsable del informe que presenta las ciudades más peligrosas del mundo. Si la violencia se ha apoderado de América Latina, en el caso de México, el crimen organizado es quién ha tomado el control.

Desde hace años, los expertos internacionales alertan del riesgo que corre el país de convertirse en un “país canalla o fallido”, a saber, un lugar gobernado bajo los designios de los criminales mientras el Estado es incapaz de hacer imponer la ley, y que acaba subyugado y al servicio de los carteles. Y es que la impunidad suele ser el primer síntoma de la caída de un país en un estado de corruptocracia.

Se cumple así una regla de tres: la corrupción que abre paso a la impunidad alimenta finalmente la violencia.

Las fuerzas de seguridad actúan como sicarios

Un círculo vicioso que para Ortega es la razón principal del problema. “El contubernio y la protección de algunas autoridades estatales y federales hacen de la impunidad la causa de nuestro males”, aclara. Aquí nadie se libra. En primer lugar, asegura que están las fuerzas de seguridad, policías y militares, que actúan a menudo como sicarios, halcones e informantes del crimen organizado.

Asimismo, la Justicia que, en muchos casos, se lava las manos y aprovecha el mínimo resquicio que ofrece la ley. “Si no va con la última coma, no se juzga”, asegura el presidente, “aunque este no es el factor fundamental”. Para encontrarlo, debemos situar la mirada sobre las autoridades políticas, en especial, de los gobernadores locales. Aunque los casos de corrupción salpican también a las más altas esferas mexicanas.

Las cifras de muertos se camuflan

Un caso ejemplar es el de César Godoy, un ex diputado mexicano que el 14 de julio de 2009 fue acusada de tener nexos con el cartel de La Familia Michoacana. No sólo contaba con la impunidad reinante en el país sino que su posición le ofrecía inmunidad. Un año después lo desaforaron para que pudiese ser juzgado, tiempo que aprovechó para huir del país. Actualmente, se encuentra todavía en paradero desconocido y está en busca y captura por la Interpol.

Por otro lado, se encuentran “los gobernadores que ocultan las cifras reales de homicidios y criminalidad para mostrar una realidad diferente, por la presión de los medios”, pero sólo lo hacen “en el papel y no en la realidad”, denuncia Ortega. Acusa también al Gobierno federal y a su presidente, Felipe Calderón, que ofrecieron presuntamente datos falsos a Naciones Unidas y a la opinión pública.

Han llegado incluso a desacreditar la labor del Consejo Ciudadano para a continuación retractarse. Calderón aseguraba que la tasa de homicidios estaba en 16 por cada 100.000 habitantes, mientras los datos oficiales que facilitaron tiempo después ratificaban la tasa del Consejo, superior al 25. “Utiliza la cifra que más le favorece para mostrar la eficacia de su gestión en su enfrentamiento con el crimen organizado".

Ocho de cada diez homicidios no son castigados

En este contexto, los criminales pueden actuar sin reparos y ni siquiera los datos sesgados ocultan la brutalidad de lo ocurrido. “Los violentos saben que no los van a castigar, les sale muy barato asesinar porque tienen la certeza de que no van a ser juzgados”, opina Ortega. Las cifras hablan por sí solas: tan sólo el 15% de los homicidios ocurridos en México durante 2010 fue condenado por los tribunales. Y es que la impunidad ha subido de forma preocupante en los últimos años, desde un 57% en 2005 se pasó a un 77% en 2009, hasta el actual porcentaje.

“Se produce un desinterés, un olvido en aplicar la ley que provoca que la impunidad tenga como consecuencia el aumento de los homicidios en el país”, resalta el presidente el encargado del ranking de ciudades violentas. No sorprende a este respecto que cinco de las diez ciudades más peligrosas del mundo sean mexicanas.

De 3.951 asesinatos, sólo 32 condenas

Existe una correlación clara entre las ciudades más violentas y la impunidad con la que cuentan los carteles que las controlan. Así, Juárez vuelve a estar en el punto de mira internacional. De 3.951 homicidios registrados en 2010, tan sólo 32 de ellos fueron condenados. En Durango durante el mismo año, nueve fueron juzgados para casi 500 asesinatos. Más de lo mismo en Chihuahua, que registra las mismas condenas que Juárez para 1.076 homicidios.  Y así, sucesivamente, queda patente como la impunidad campa a sus anchas en el país.

El presidente del Consejo Ciudadano aclara cómo las soluciones planteadas para Juárez han fracasado. Ni las medidas sociales que incluía el plan ‘Todos somos Juárez’ ni el despliegue de más militares y agentes policiales consiguieron frenar la escalada de violencia. Ni siquiera el exceso de puestos de trabajo ni que Juárez sea una ciudad rica, como señala Ortega, parecen suficientes para poner fin a la locura desatada por los carteles y su imperio del terror.

“La violencia gratuita, innecesaria e irracional es utilizada por los carteles para impactar a la sociedad, pero también a las autoridades y, cada vez más, al cartel rival”, afirma Ortega. Las peleas entre bandas, por el dominio de las ‘plazas’, han impuesto a la colectividad el poder de la violencia, del dinero y, ante todo, de la ausencia de valoración ética del sentido de la vida: inocentes que son objeto de la muerte arbitraria y de las atrocidades más terribles.