Aplicar la ley, no caer en el juego de la CNTE

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró la semana pasada que se ha agotado el tiempo de los bloqueos que los criminales de la CNTE le han impuesto a los habitantes de Oaxaca (y también de Chiapas, Guerrero y Michoacán), por lo cual el gobierno federal podría poner fin a estos actos delictivos.

En realidad no existe un “tiempo” para bloquear vías de comunicación, no hay tiempo para delinquir, no al menos según la ley.

Pero en todo caso esa declaración parecería anunciar que al fin, después de más de dos semanas de bloqueos, del intento fallido de ponerle fin al de Nochixtlán y también de que el “dialogo” del gobierno con los criminales de la CNTE no condujo a nada, el gobierno federal finalmente aplicaría la ley y liberaría las carreteras.

La respuesta de la CNTE fue la de responsabilizar al gobierno “por la integridad física y psicológica de los maestros, padres de familia, niños y pobladores” que participan en sus acciones delictivas. Es decir, este grupo criminal amaga con usar a niños como escudos humanos para impedir que el gobierno aplique la ley.

Cuando parecía inminente que los primeros desalojos comenzarían, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, salió a exhortar a la CNTE y al gobierno a que no hicieran uso de la fuerza y resolvieran su “diferendo” mediante el diálogo.

Esto es, el Presidente de la CNDH no sólo pone en plano de igualdad al gobierno y a los criminales de la CNTE sino que le pide al gobierno que no aplique la ley y se ponga a negociarla bajo coacción.

Es la primera vez que un presidente de la CNDH sale a decirle al gobierno que no aplique la ley y que la negocie con los criminales, en lugar de condenar a estos por estar violando los derechos humanos de los habitantes de Oaxaca y Chiapas, víctimas de los bloqueos y demás actos delictivos y en lugar también de exigirles que dejen de delinquir.

Esta es una clara y flagrante violación al marco legal de la CNDH y a su mandato, por lo cual el gobierno no tiene por qué atender la ilegal petición de González Pérez, la cual –además- por sí misma es razón suficiente para removerlo del cargo.

Al saberse protegidos por la CNDH y para mostrar que seguían dispuestos a negociar la ley, los criminales de la CNTE optaron por suspender por un día el bloqueo en una carretera, mientras mantenían los bloqueos en más de 20 puntos más.

El gobierno del Presidente Enrique Peña proyecta la imagen de estar atrapado en un callejón sin salida, en un dilema según el cabal sentido del término: tener que elegir ante opciones igual de malas.

Por un lado el gobierno sabe que si no pone fin a los bloqueos en Oaxaca, estos se seguirán extendiendo. Ahora también los hay en Chiapas, Guerrero y Michoacán. Podrían seguir en Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Nuevo león en donde la CNTE no tiene muchos partidarios, pero sí los suficientes como para bloquear carreteras.

Pero después los bloqueos se podrían extender a todo el territorio nacional mediante los militantes de MORENA y otros grupos violentos. Pero además el desbasto provocado por los bloqueos podría provocar rebeliones espontáneas y no por simpatías hacia la CNTE y sus aliados criminales, sino por desesperación ante la escasez.

Pero por otro lado el gobierno supone que si aplica la ley, lo hace con la torpeza del 19 de junio en Nochixtlán y hay más muertos, enfrentará una campaña nacional e internacional para acusarlo de represión y crímenes de lesa humanidad y que se producirán desórdenes en muchos puntos del país, que obligaran al uso extensivo de las fuerzas armadas para sofocarlos. El Presidente Peña terminaría el tramo final de su mandato en medio de una grave crisis política y tras de dejar el poder enfrentaría la amenaza de persecución legal.

El aparato de propaganda de la izquierda ya dice que declaraciones como la del secretario Osorio Chong son iguales a las empleadas por Gustavo Díaz Ordaz antes de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Existe una supuesta tercera alternativa que es ceder en todo a lo que la CNTE exige: promover la derogación de la reforma educativa, devolverles todos sus privilegios corruptos incluido el control del presupuesto educativo, liberar a todos sus líderes y cómplices presos (incluyendo a los secuestradores de niños), destituir al secretario de educación Aurelio Nuño y encarcelar al mayor número de policías que sea posible por los hechos de Nochixtlán.

Pero de esta supuesta salida lo peor no sería la severa humillación que el gobierno y el poder legislativo federal sufrirán, ni el daño que sufrirán millones de niños y jóvenes de todo el país (pues la calidad de la educación terminará peor que antes de iniciar la reforma educativa).

El mayor daño será que el estado de derecho se habrá roto y sobrevendrá una avalancha de nuevos movimientos violentos, como el actual de la CNTE, que atacaran a la sociedad en todo el país y en los que participarían los mismos criminales de la CNTE, pese que todas sus demandas ilegítimas habrían sido satisfechas.

Y esta situación de desorden generalizado logrará lo que sus promotores buscan y que es a lo que más teme el Presidente Peña, que los ciudadanos hartos de tantos atropellos decidan darle el poder a quien ellos saben está detrás de todo, para tratar de así poner fin a sus problemas: a Andrés Manuel López Obrador.

Pero éste una vez en el poder perseguirá sin clemencia al ya para entonces ex presidente Enrique Peña, para con esa persecución aterrorizar al país entero y poder llevar a cabo su programa para la destrucción del país, para convertirlo en otra Venezuela.

Ninguna de estas alternativas así planteada es una verdadera opción. La única válida es la aplicación cabal, firme y sin titubeos de la ley.

Y aplicar la ley nada tiene que ver con su brutal violación, como fue la masacre del 2 de octubre de 1968, cuando el gobierno maquinó y perpetró el asesinato de decenas de personas desarmadas en una protesta pacífica. Nadie dentro del gobierno ni entre quienes exigimos la aplicación de la ley está pretendiendo un acto criminal como el de Tlatelolco.

Para tener éxito lo primero que el gobierno debe entender es que esta es una batalla política por la opinión pública y que la ganará quien sepa exponer mejor su caso ante ella, quien demuestre de qué lado está la moral y la justicia. Y en principio esto no plantea la menor dificultad para el gobierno, porque objetivamente su causa es la justa y la malvada es la de los criminales de la CNTE y sus aliados.

La opinión que hay que ganar y asegurar es la de la millones de ciudadanos pacíficos, no la de Luis Raúl González, los burócratas izquierdistas de Naciones Unidas o la de Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno tiene que dejar de perder la batalla de la comunicación a causa de su omisión, de su silencio, de permitir que el único discurso que se escuche sea el de los violentos, de su negativa a usar todos los medios de que dispone para explicar a la opinión pública sus razones. Por el contrario debe exponer que la reforma educativa es benéfica y no le quita el sustento a nadie y que los criminales de la CNTE lo que quieren es el retorno de sus privilegios, lo cual es tan vergonzoso que ni siquiera se atreven a pedirlo en voz alta.

El gobierno debe hacer eco de las voces indignadas por los atropellos de la CNTE al bloquear carreteras y cometer saqueos, debe denunciar el uso de niños como escudos humanos y que son los terroristas los que inician la agresión contra la policía.

Por eso es tan importante no caer en la grave omisión en que se incurrió durante el operativo en Nochixtlán y ahora sí videofilmar con detalle y desde todos los ángulos el desarrollo de los operativos de desalojo y la violenta respuesta por parte de los criminales, para difundir estas imágenes de inmediato y en forma masiva.

Y las acciones para liberar las carreteras tienen que realizarse con inteligencia. Debe evitarse que la primera medida sea el avance de policías desarmados hacia las turbas para ser golpeados, quemados y asesinados. En primer lugar debe hacerse uso intensivo de gases lacrimógenos y de las tanquetas que arrojan chorros de agua, para cuando la resistencia de los violentos esté disminuida proceder a la detención de todos ellos.

Ninguno debe ser liberado, sino por el contrario se les debe acusar penalmente por los graves delitos que han cometido. Mientras estos sujetos estén en libertad reincidirán sin cansancio y de poco servirá quitar el bloqueo en un punto de una carretera si se restablece en otro.

Asimismo el gobierno tiene que ejecutar los cientos de órdenes de aprehensión que han sido liberadas contra los líderes y matones de la CNTE.

Restablecer el orden con estricto apego a la ley es todavía viable, pero mientras más se demore el gobierno en actuar más difícil le será apagar el incendio del país que la CNTE, AMLO y sus aliados criminales han iniciado.