Verdaderos pillos

Si Ángela Buitrago como fiscal en Colombia mantuvo 8 años y medio en la cárcel a un hombre inocente, el coronel Luis Alfonso Plazas, con base en pruebas que ella misma falsificó y si Claudia Paz y Paz cuando fue Fiscal General de Guatemala encubrió la corrupción del ex presidente (hoy preso) Otto Pérez Molina, protegió a grupos violentos y desató una persecución contra la fiscal Gilda Aguilar por precisamente querer aplicar la ley a esos delincuentes, Carlos Beristain, otro de los “expertos” que la CIDH envió a México con relación al caso de la masacre de Iguala, es un hampón de muy altos vuelos.

Él fue pieza clave en el colosal fraude judicial perpetrado en Ecuador en contra de la empresa petrolera Chevron, a la que en una mascarada de juicio se le impuso pagar 9,500 millones de dólares por inexistentes daños ambientales y a la salud.

Desde 1993 la empresa Texaco dejó Ecuador en la que operó en sociedad con la empresa petrolera estatal. Desde entonces hubo reclamos injustificados por presunta contaminación, cuando que la trasnacional había cumplido con su compromiso de remediación de las áreas afectadas por la explotación petrolera.

Cuando en 2001 Texaco fue comprada por Chevron la segunda siguió enfrentado los reclamos fraudulentos de daños al ambiente y a la salud. A partir de 2007 el gobierno de Rafael Correa presionó en favor del atraco contra Chevron y en 2011 un juez venal la condenó a pagar una indemnización por 18,000 millones de dólares, cantidad que luego bajó a 9,500 millones.

Para su fallo el juez se apoyó en el peritaje de expertos, entre quienes destacó el doctor Carlos Beristain, quien certificó sin evidencias muertes de cáncer supuestamente producidas por el petróleo, para lo cual se puso de acuerdo con los abogados de los demandantes, en abierta violación a su obligación de imparcialidad. Así lo determinó un juez de New York ante el cual Chevron denunció el fraude judicial.

El gobierno no debe prorrogar la estadía del GIEI en México pues fue víctima de un fraude: los expertos que la CIDH le envió tenían que ser probos, cuando que son todo lo contrario. El problema es que la presión para prorrogar no viene sólo de grupúsculos fuera del gobierno…sino además de su interior.