El gobierno mexicano auditado por criminales

Tras los hechos en Iguala de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 y una vez que la PGR decidió ejercer atracción en este caso, el gobierno de México le solicitó al Comisión Interamericana de Derechos Humanos asistencia técnica urgente para localizar a los 43 normalistas desaparecidos.

Pero la CIDH denegó la ayuda urgente solicitada y no fue sino hasta marzo de 2015 que llegaron al país sus “expertos”. Pero la CIDH dejó muy claro que no venían a ayudar, sino a hacer una especie de auditoría sobre las investigaciones de la PGR.

Ya conocemos el resultado preliminar de la “auditoría”: las descalificaciones a las investigaciones de la PGR, el tratar de lograr la impunidad de los responsables de la masacre –en su mayoría ya presos- y la tentativa de inculpar al ejército.

Los directivos de la CIDH no se equivocaron al elegir los “expertos” para ejecutar esa sucia maniobra, los cinco son unos pájaros de cuenta, pero en particular dos: Angela María Buitrago y Claudia Paz y Paz, maestras consumadas en la prevaricación y la violación de los derechos humanos.

De la primera ya hemos hablado; toca hablar ahora de la segunda. Ella fue Fiscal General de Guatemala entre 2010 y 2014 y su gestión se caracterizó por garantizar la impunidad de grupos violentos estilo Ayotzinapa.

Los grupos violentos protegidos por Paz han cometido asesinatos, secuestros y ataques contra empresas eléctricas de Guatemala. El principal de estos grupos es el Comité de Unidad Campesina, creado por el terrorista Ejército Guerrillero de los Pobres, banda criminal a la que pertenecieron el padre y los hermanos de Paz.

Una fiscal valiente y comprometida con la legalidad, Gilda Aguilar, decidió investigar y actuar contra esos grupos violentos y en respuesta Claudia Paz le prohibió aplicar la ley, la amenazó y se negó a investigar el atentado que la fiscal sufrió, como consecuencia de sus indagaciones, en donde su escolta resultó gravemente herido. Aguilar, quien no descarta que Claudia Paz haya participado en la conspiración para asesinarla, renunció como fiscal y acusó penalmente a su perseguidora.

Sí, este es el tipo de criminales que la CIDH ha enviado a auditar las investigaciones del gobierno mexicano sobre los hechos de Iguala.