Esto no puede seguir así

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca golpear al gobierno mexicano y favorecer a la izquierda en sus aspiraciones de poder, no hay duda. Que la CIDH exagera y tergiversa hechos, como presentar el elevado número de homicidios como si fueran cometidos por el gobierno, también es cierto.

Pero eso no significa que no exista un problema real de derechos humanos a resolver con urgencia. Y si no se resuelve, como debiera ser, por razones de principios que se resuelva por conveniencia política ¿Ya midió el gobierno que pasará si dentro de un año salen informes de organismos internacionales todavía más reprobatorios en la materia, porque todo siguió igual?

El primer paso es saber la real magnitud y gravedad del problema. El gobierno de Felipe Calderón ejecutó un harakiri al presentar una lista de desaparecidos que no era tal, pues incluyó personas ausentes y no localizadas y así la cifra se disparó a más de 20 mil. Pero el gobierno del Presidente Peña todavía amplió más esta lista absurda.

Se necesita una lista real de presuntos desaparecidos y no de otra cosa y especificar en cuales se presume participación de agentes del Estado. Hacer la lista racional de desaparecidos es apenas el primer paso: hay que localizarlos y castigar a los responsables, con prioridad en los casos ocurridos en los últimos 3 años.

Respecto a tortura el diagnóstico es urgente y factible como las medidas obvias: una política efectiva de cero tolerancia ante esa práctica atroz, comenzando por el propio gobierno federal, lo cual incluye castigo en todos los casos denunciados y comprobados.

Cuando el Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Derechos Humanos acusó impunidad no la refirió respecto a abusos del poder público, sino a todos los delitos. Desde el inicio de este gobierno señalamos la falta de metas y estrategias para abatir la impunidad como grave omisión.

A propuesta del gobierno federal el Sistema Nacional de Seguridad Pública debe fijarse metas -a cumplirse en plazos perentorios- de aumento de las tasas de castigo y completo abatimiento del rezago en ejecución de órdenes de aprehensión.

Si algo debió aprender el gobierno en el último año es que esto no puede seguir así, so pena de ser demolido.