¿Zar contra desapariciones? ¡Pero ya y en serio!

Para que la figura de un zar contra las desapariciones no sea otro ejercicio de simulación, esto es lo que el gobierno del Presidente Peña y en general el Estado mexicano deben hacer en forma ineludible y completa:

1. Desplegar un esfuerzo urgente, y cuando menos igual al hecho para localizar a los 43 de Ayotzinapa, a fin de hallar a 14 víctimas de desaparición en Tamaulipas en lo que va del año: Luis Manuel Calderón Mata, Carlos Gregorio Solís Guzmán, Allan Giovanny Zepeda Rincón, Adrián Salinas Oviedo, Víctor Hugo Córdoba Jaramillo, Alejandro Moreno, Patricia Gómez, Galilea Itzel Reyna Ortiz, Cielo Leticia López González, María Trinidad Medina, Carlos Alfredo Martínez Reyes, Enrique Alonso Moreno Castañeda, Jorge Luis Flores Hernández, David Eduardo Guillén Hernández y Eduardo Fernández Romero. Y obviamente detener y acusar penalmente a los responsables. Si el zar no comienza con esto, perderá desde el inicio toda credibilidad y con él el gobierno.

2. Depurar la lista de desaparecidos. Es un absurdo y un verdadero disparo en el pie hablar de 27 mil desaparecidos cuando se revuelven nombres de personas ausentes con los de los realmente desaparecidos (que son miles pero no 27 mil).

3. Actuar urgente y decididamente contra la maquinaria de violencia de los grandes grupos criminales y la red de gobernantes y otros servidores públicos que la protegen, hasta su completa destrucción o si no las desapariciones seguirán produciéndose sin fin. El narcotráfico no puede erradicarse; la violencia asociada al mismo sí. Las naciones desarrolladas son los principales mercados de drogas del mundo, pero en ellas el Estado no permite los “levantones”, las prisiones y fosas clandestinas y los centros de tortura y exterminio. Lo mismo debe ocurrir aquí.

4. Obviamente se deben esclarecer por completo todos los casos de desaparición y recuperar los restos de las víctimas cuando sea posible, pero además todos los responsables deben ser detenidos y llevados a la justicia, incluyendo los servidores públicos, tanto por sus acciones como por sus omisiones. Todos los que no actuaron en su momento para localizar y rescatar a los desaparecidos deben pagar.

Al Estado se le acabaron el tiempo y el espacio en el tema.