Si parece algo indebido... quizá lo sea

Parto de la suposición que el Presidente no ha violado la ley y que no ha influido de manera indebida ni en la licitación por el tren bala México-Querétaro ni en ninguna otra.

Quiero suponer también que el Presidente actúa de buena fe al pedir al nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, que investigue los conflictos de interés en las compras a proveedores gubernamentales de casas de su esposa, su secretario de Hacienda y él mismo.

Mucho se ha comentado ya sobre los problemas de encargarle a un subordinado la investigación sobre un posible conflicto de interés. Preocupa también el que el mismo mandatario pareció marcarle línea al nuevo secretario al afirmar que en su caso no hay conflicto de interés: "El Presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, no participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios".

"La Secretaría está sujeta a reglas", me decía el secretario Andrade. La institución hará, conforme a estas reglas, una revisión de posibles faltas en el otorgamiento de contratos. Se establecerá un panel de expertos independientes y con reconocimiento social cuyos miembros se darán a conocer dentro de poco.

Sin embargo, no tiene que haber un acto de corrupción para que exista conflicto de interés. Si el gobierno hubiera arreglado la licitación del tren bala para asegurar el triunfo de China Railway y Grupo Higa habría cometido simple y llanamente un delito. Pero el concepto de conflicto de interés es mucho más amplio y sutil. La falta ocurre no cuando se viola la ley sino cuando el servidor público se coloca en una posición que puede influir indebidamente sobre sus decisiones.

El conflicto de interés no es un problema porque necesariamente implique actos de corrupción sino porque debilita la confianza de los ciudadanos en los servidores públicos y las instituciones. Por eso, a pesar de que el Presidente sostiene que no ha incurrido en irregularidades al no definir compras ni licitaciones, consideró prudente añadir a su discurso del 3 de febrero: "Soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad no ocurrió". Julio César lo decía al parecer de otra forma: "La mujer del César no sólo debe ser honesta sino parecerlo".

El Presidente apunta, y es cierto, que no hay reglas claras: "En México no tenemos los instrumentos normativos para determinar cómo aclarar posibles conflictos de interés". La primera en mostrar la hermosa y lujosa residencia de las Lomas fue la esposa del Presidente, quien la presentó en revistas del corazón antes que el tema se convirtiera en escándalo político. Claramente no sentía que hubiera nada que ocultar.

En la página de internet del Parlamento de Canadá hay una sección de "Responsabilidades y conducta de los parlamentarios" que apunta: "Se han realizado varios intentos en los últimos 25 años para definir lo que constituye un conflicto de interés y para desarrollar reglas para los parlamentarios acerca del indebido uso de influencia e información privilegiada y de las acciones para favorecer sus propios intereses". Las reglas, que van cambiando con el tiempo, rigen no sólo los actos de corrupción sino muchos otros más ambiguos.

El que un panel independiente realice una investigación sobre los posibles conflictos de interés del Presidente, su esposa y su secretario de Hacienda es bienvenido. Pero una sana medida adicional sería generar códigos de comportamiento para funcionarios, legisladores y jueces. Las reglas irían más allá de definir y sancionar delitos. Buscarían prevenir actos que, aunque no sean ilegales, son éticamente cuestionables.