Para superar la crisis

Como consecuencia de las atrocidades ocurridas en Iguala, el País enfrenta un triple desafío: hacer justicia por el asesinato de 6 personas y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa; enfrentar la violencia desestabilizadora que con el pretexto de esos hechos cometen los grupos radicales y emprender la muy pospuesta y urgente reforma profunda de los sistemas de justicia penal y político.

Y en resolver esta crisis en su integridad hay una responsabilidad central, que no única, del Gobierno de la República.

Respecto a las dos primeras facetas del problema es necesario partir de una premisa: no importa con cuánta veracidad se clarifiquen los hechos del 26 de septiembre y se actúe contra todos sus responsables, eso no va a detener a los ultras.

Pero la clarificación y el castigo son indispensables por el elemental imperativo de hacer justicia, para quitar pretextos a los radicales y porque mal comenzaría una reforma si hay impunidad por las atrocidades de Iguala.

En la clarificación de los hechos el Gobierno del Presidente Enrique Peña tiene la doble tarea tanto de establecer la verdad histórica (y llevar ante la justicia a los responsables) como de demostrar que no tuvo participación en la agresión contra los estudiantes normalistas.

Parte indispensable de la investigación es identificar a todos los implicados. Ángel Aguirre y sus colaboradores no pueden seguir impunes por su responsabilidad en, cuando menos, haber encubierto los crímenes previos de José Luis Abarca.

En tal sentido, debe quedar claro: los hechos de Iguala no son sino la lógica consecuencia de una larga y sangrienta lucha por el poder entre facciones de la izquierda en Guerrero.

Respecto a la responsabilidad del Gobierno federal, no creo en la acusación de los radicales de que participó en la desaparición de los estudiantes, pues no se basa en evidencia alguna. Pero el Gobierno sí incurrió en graves omisiones, por las cuales deben pagar sus responsables.

Las omisiones que más dan pauta a la acusación de colusión son las del 27 Batallón de Infantería. La noche del 26 de septiembre normalistas de Ayotzinapa que lograron escapar al ataque de la Policía Municipal de Iguala y que estaban heridos, pidieron auxilio a soldados del Batallón y estos -incumpliendo sus obligaciones- se negaron a brindarles la atención requerida.

Además los amenazaron con entregarlos a la Policía Municipal, pero no cumplieron sus amenazas, lo que demuestra que las tropas no participaron en el operativo criminal.

Pero las cosas podrían ser distintas respecto a la responsabilidad personal del Comandante del Batallón y quizás ya no tarde mucho para que sea establecida. En cualquier caso sigue sin haber evidencia de que el Gobierno federal esté involucrado en "guerra sucia" alguna.

Frente a las protestas violentas es falsa la disyuntiva entre tolerarlas o masacrar a sus autores. Hay que aplicarles la ley con un uso racional de la fuerza pública. No puede tolerarse ningún bloqueo de vías de comunicación, ataque contra instalaciones privadas o públicas, saqueo, agresión a la Policía o cualquier otro delito.

Y respecto a la reforma profunda de los sistemas político y de justicia penal, no se necesitan "pactos", sino intervenciones integrales y sistemáticas del Gobierno federal para erradicar la colusión de gobernantes con los grupos criminales y para llevar a todos los implicados ante la justicia en Guerrero, pero también en otros Estados donde ocurre lo mismo, destacadamente Tamaulipas.