El fuero de Guerra y la Justicia Militar

En las últimas fechas las cuestiones relativas al Fuero de Guerra o jurisdicción militar se han constituido en un tema de actualidad ; llama la atención de porque una justicia especializada como la militar que está destinada para procurar y juzgar la conducta de aproximadamente 300 mil efectivos del personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México ha causado tanta expectación.

"Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.

El Fuero de Guerra no conlleva ningún tipo de privilegio al militar, sino por el contrario, implica una doble sujeción al orden jurídico ordinario y al orden jurídico militar, lo cual se traduce en que, por una parte, conductas que para los ciudadanos son meras faltas administrativa o incluso morales, para los militares son delitos sancionados con prisión; y por la otra, la comisión de delitos del orden común o federal, cometidos por militares en determinadas circunstancias son sancionados tanto por la afectación al bien jurídico tutelado en el tipo penal de ese delito como por la afectación que sufre la disciplina militar con su comisión.

Así, cuando un civil comete un homicidio es sancionado por privar de la vida a otro, pero si lo comete un militar encontrándose en servicio, además de aquella sanción se le sancionará por la afectación que se causa a la disciplina militar.

Cuando los militares no se encuentran desempeñando un acto de servicio, y cometen un delito del orden común o federal, no son juzgados por tribunales militares sino por tribunales civiles, como cualquier ciudadano.

En los últimos años, en México se han adoptado políticas públicas encaminadas al desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos.

La situación de seguridad que vive nuestro país demanda al Estado que sus órganos de seguridad lleven a cabo acciones de protección contra amenazas como el narcotráfico, terrorismo y otros tipos de delincuencia organizada, respetando cabalmente los derechos humanos de su población, a fin de mantener la integridad y la permanencia del Estado mexicano, basada en la defensa efectiva de la soberanía y la conservación del orden constitucional.

En el marco del esfuerzo nacional en el combate al crimen organizado, las instituciones de seguridad pública federal se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Así, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es temporal y subsidiaria, a petición fundada y motivada de las autoridades civiles.

El Gobierno Federal está consciente de las preocupaciones sobre las supuestas violaciones de derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, es necesario reconocer que dichos casos son de naturaleza aislada y de ninguna manera constituyen un procedimiento sistemático.

Estos casos han sido investigados y se ha procedido en contra de quienes han resultado responsables poniéndoles a disposición de los Tribunales Militares, órganos facultados para juzgar y dictar sentencia por los delitos imputados.

La disciplina y obediencia de las Fuerzas Armadas se manifiesta no solo a través de su profunda lealtad a las instituciones del Estado mexicano, sino también en el respeto a los procesos judiciales.

En este sentido, es importante reconocer el invaluable papel que han desempeñado el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en la lucha diaria contra la delincuencia organizada.

Si bien se reconoce que existen retos que preocupan tanto a la sociedad como al Gobierno Federal, hoy en México las autoridades están comprometidas con una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos.

Extracto de la ponencia en el 7o Foro Nacional de Seguridad, Justicia y Paz