¿Hay forma de controlar y limitar los excesos y la corrupción?

Las 10 preguntas que Alfonso Cuarón le planteó al presidente Peña tienen sentido. Es más, si la izquierda fuera inteligente, esas son las cuestiones que debería haber esbozado. Pero no hay que pedirle peras al olmo.

Por otra parte, la estrategia del gobierno federal ha sido torpe. En las gasolineras de Pemex hay una leyenda, a favor de la reforma, que afirma que los precios de los energéticos serán más bajos. Pero al recibir la cuenta, el automovilista debe pagar el último gasolinazo.

Sin embargo, las preguntas que formula Cuarón no deben ser dirigidas sólo a Peña Nieto, sino al Estado mexicano y, en particular, a los principales partidos (PRI, PAN, PRD).

Cuarón pone el dedo en la llaga cuando enuncia la cuarta pregunta: "De la reforma aprobada derivarán contratos multimillonarios. En un país con un estado de derecho tan endeble (y muchas veces inexistente) como el nuestro, ¿cómo podrán evitarse fenómenos de corrupción a gran escala?".

La respuesta, por desgracia, no se reduce a explicaciones ni buenas intenciones. No bastará con que se tracen planes ni se diseñen "nuevas instituciones", lo cierto es que la debilidad del Estado de derecho y la corrupción son fenómenos estrechamente ligados.

Por eso la impunidad de la clase política no tiene límites. ¿Quién piensa, por ejemplo, que Moreira o Ebrard serán sancionados por los abusos que cometieron? Los moches que involucran al coordinador de los diputados panistas, y que todo el mundo sabe que son una práctica generalizada, ¿tendrán alguna penalización? La respuesta es no.

La verdad es que ni los gobiernos priistas, ni los panistas, ni los perredistas, han asumido como problema y programa la construcción de un Estado de derecho y el combate a la corrupción.

Los ejemplos sobran. Para el gobierno de EPN no es un tema relevante. Sus prioridades son el seguro y la pensión universales, que, vale precisar, ni siquiera son universales, pero serán electoralmente rentables.

Su otra prioridad está en el anuncio de los 7.7 billones de inversión en infraestructura, aunque, como en el caso del petróleo, no se cuente con mecanismos que aseguren un gasto eficiente y honesto.

Vale subrayar que la pensión universal se inspiró en el gobierno de López Obrador en el DF. Pero, a su vez, AMLO, priista rancio, hizo un recalentado del populismo echeverrista. Así qué la boucle est bouclé.

Con el PAN, las cosas no fueron diferentes. Doce años en el poder no nos legaron un mejor Estado de derecho. Los casos de justicia con dedicatoria son muchos; menciono el del general Tomás Ángeles, por ser uno de los más escandalosos.

Vaya, no nos legaron simplificación administrativa en el pago de impuestos ni desregulación de las empresas. A lo que hay que agregar la alianza con Elba Esther Gordillo.

Si la vista se fija en la izquierda, la lista es vergonzosa. Va de Bejarano a Marcelo Ebrard y pasa por el clientelismo y el corporativismo en la Ciudad de México. Y, por si fuera poco, el ala "moderna" del PRD, "Los Chuchos", cobijó a la CNTE y torpedeó la reforma educativa.

La pregunta novena de Cuarón: "¿Cómo asegurar que las utilidades no se canalicen a la expansión de la burocracia sino que lleguen al propietario original de esos recursos, que es el pueblo mexicano?", ya recibió respuesta. La reforma fiscal quita dinero a los ciudadanos para incrementar el gasto público, la burocracia y, por supuesto, los moches y los troches.

Así que la interrogante se puede reformular al PRIANPRD: ¿mayores ingresos para qué? ¿Para alimentar al SNTE, a la CNTE, para tapar Oceanografía y la Línea 12 del Metro?

¿Hay forma, entonces, de controlar y limitar los excesos y la corrupción que se pueden generar con la reforma energética? Por supuesto que no. O, en todo caso, el antídoto no provendrá de la clase política.

De ahí la pertinencia de la séptima pregunta de Cuarón: "¿Cómo asegurar que la reforma incremente la productividad de Pemex si no se enfrenta el problema de la corrupción dentro del sindicato?".

La respuesta es muy simple: no la hay. Pero tampoco hay voluntad política ni decisión para hacerlo. No lo hizo el PAN durante 12 años y sería una ingenuidad mayor suponer que AMLO o los perredistas emprenderían semejante tarea. Y del PRI, ni hablar.

La cuestión, entonces, es si aún bajo esas condiciones debe impulsarse una reforma energética y la respuesta es... sí. Porque la situación actual es insostenible. Porque quienes defienden el status quo son adalides de una vieja forma de corrupción. Pero ese es tema para otro artículo.