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La campaña que mantienen en forma articulada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el aparato de propaganda de la izquierda con relación a la masacre de Iguala, no busca, por supuesto, terminar de aclarar los hechos y hacer justicia, sino desprestigiar por completo al gobierno federal acusándolo de lo que no es culpable, para facilitar así la toma del poder por la izquierda en 2018.

Tras la escandalosa fuga del capo Joaquín Guzmán, era obligada la destitución de Monte Alejando Rubido como Comisionado Nacional de Seguridad, quien tenía como una de sus obligaciones impedir que –precisamente- algo así ocurriera. Pero además él no estaba haciendo ninguna contribución relevante a resolver el problema de la inseguridad en el país.

En el saldo de bajas derivado del combate al narcotráfico en México, el Ejército también ha pagado su cuota. Casi 2 mil efectivos de la principal fuerza armada de México han muerto o han sido heridos desde que Felipe Calderón le declaró “la guerra a las drogas”; guerra que, salvo cambios en el discurso, mantiene el presidente Enrique Peña Nieto.

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