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La campaña que mantienen en forma articulada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el aparato de propaganda de la izquierda con relación a la masacre de Iguala, no busca, por supuesto, terminar de aclarar los hechos y hacer justicia, sino desprestigiar por completo al gobierno federal acusándolo de lo que no es culpable, para facilitar así la toma del poder por la izquierda en 2018.

Tras la escandalosa fuga del capo Joaquín Guzmán, era obligada la destitución de Monte Alejando Rubido como Comisionado Nacional de Seguridad, quien tenía como una de sus obligaciones impedir que –precisamente- algo así ocurriera. Pero además él no estaba haciendo ninguna contribución relevante a resolver el problema de la inseguridad en el país.

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