El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam declaró que las autodefensas no continuarán propagándose ni en Michoacán ni el resto del país.

Esto podría significar que se empezaría actuar contra las causas de la aparición de esas formaciones paramilitares y que no es otra que el expolio al que con impunidad Los Templarios han sometido a amplios sectores de la población.

Pero eso no es a lo que se refirió el señor procurador. Él habló sobre frenar los síntomas del mal, no de actuar contra su causa raíz.

Hoy como sucedió el 1 de diciembre de 2012 y desde muchos días antes a esa fecha, los operadores de Los Templarios pasaron a recoger el pago de “derecho de piso” a los negocios y casas de muchas de sus víctimas, secuestraron, mataron y destruyeron propiedad.

Y sus jefes tuvieron día “normal”, supervisando a sus matones, contando su dinero mal habido y paseándose no sólo como si nada debieran, sino como si fueran el gobierno de Michoacán.

Esto confirma que a punto de que el Presidente Enrique Peña cumpla un año en el poder, él y sus colaboradores siguen eludiendo sus responsabilidades legales de garantizar seguridad en Michoacán. Nada indica que exista un esfuerzo para en forma sistemática e implacable el gobierno federal utilice su poder para librar a los michoacanos del yugo de Los Templarios.

El gobierno ni siquiera tiene una clara idea de quienes atacaron 18 instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y gasolinerías el 27 de octubre.

Pero no sólo el gobierno federal elude sus responsabilidades también lo hace el gobernador Fausto Vallejo. Los Templarios cometen delitos del fuero común que el gobierno estatal debe prevenir y perseguir. Ninguna ley lo excusa de esta obligación porque los autores de los crímenes pertenezcan a la delincuencia organizada.

La inacción de Vallejo da mayor base a los señalamientos de que le debe su cargo a la violencia e intimidación ejercidas contra los electores por Los Templarios, en el proceso electoral de 2011.

Si Vallejo no puede que lo diga y renuncie. Y si ni siquiera es capaz de admitirlo habría que destituirlo sin más demora. No puede permitirse más que los gobernantes que protegen a los criminales por omisión, sigan gobernando.

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