Cuando Enrique Peña envió al ejército a la región de Tierra Caliente en Michoacán, parecía que al fin el Presidente reaccionaba adecuadamente para poner orden en esa entidad federativa, la cual está a punto de caer en la condición de Estado fallido.

Pero en unas cuantas horas se probó que no era así. Los militares hicieron su trabajo y detuvieron a integrantes de las autodefensas de Buenavista Tomatlán por portar armas. Entonces, los cómplices de los detenidos secuestraron a un grupo de soldados y sólo los liberaron hasta que los detenidos fueron puestos en libertad.

Es decir, el ejército ha sido enviado a Michoacán a hacer el ridículo, a servir como comparsa, a ser mero instrumento de la negociación del gobierno con los integrantes de grupos armados ilegales. Con esto no sólo se profundiza la inseguridad, sino que además se humilla al ejército mexicano.

Pero la política del gobierno de Peña para Guerrero, otra entidad al borde del Estado fallido, es todavía peor, pues está negociando con las autodefensas su conversión en policías “normales”.

Es decir los mismos sujetos que han asesinado a por lo menos dos personas por no detenerse en retenes, que han privado ilegalmente de la libertad a ciudadanos inocentes acusándolos de delincuentes, que se financian de manera oscura y que hacen llamados para derrocar al gobierno, serán quienes se encarguen de la seguridad de sus municipios. Y no sólo podrán portar armas sino además recibirán sueldos.

La legalización de las autodefensas significará una amnistía de facto a sus crímenes y una autorización para que los sigan cometiendo.

Las autodefensas de Michoacán –que también han cometido asesinatos y además extorsiones- exigirán, lógicamente, similar trato. Pero después pedirán lo mismo los cárteles del narco y podrían obtenerlo, ¿por qué no? De ese modo, no sólo podrían traficar drogas, sino secuestrar, extorsionar y robar, como ya lo hacen, pero sin el menor temor al castigo, pues “legalmente” serían “policías”.

Los gobiernos hasta ahora han seguido muchas políticas de seguridad pública erróneas, pero esto es el colmo.

Al negociar impunidades con criminales, el gobierno viola la ley, vulnera la soberanía del Estado y amenaza la seguridad nacional.

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