La contraportada del más reciente libro de José Antonio Ortega Sánchez no tiene desperdicio.

Dice el abogado penalista, dedicado a la defensa de las víctimas del delito, ex presidente de la Comisión de Seguridad Pública y apoderado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que en Ciudad Juárez los homicidios aumentaron casi mil por ciento en un lapso de 3 años. Y asegura que Medellín, en Colombia, un incremento así le tomó una década.

Hace 15 años la delincuencia organizada era responsable de cuatro por ciento de las muertes violentas en el país. Hoy son autores de más de 50 por ciento, también se indica en México ¿Rumbo al Estado Fallido? del miembro fundador de México Unido Contra la Delincuencia y representante legal de las víctimas en el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en 1993.

El también autor de El Secuestro de México y ¿Pobreza=Delito? comenta que en 12 años el crimen organizado ha asesinado a 34 mil personas. Dos terceras partes de estos delitos ocurrieron en los últimos 3 años.

Y ataja: “las cifras son alarmantes y parecen hablar de un Estado que ha perdido el control del país, permitiendo al crimen organizado convertirse en un poder paralelo. México no ha llegado al colapso, pero de no tomar las medidas necesarias podría convertirse en un Estado fallido. La corrupción, la negligencia y la impunidad influyeron de manera determinante para arribar a este punto y es inminente hacer todo lo posible por salir de él.”

Aunque asegura jurista que su escrito no es de carácter académico, está lleno de datos. No olvida que el 15 de septiembre de 2008, nuestro país fue alcanzado por la garra atroz del terrorismo. En esa penosa fecha, en el centro de Morelia, Michoacán, fueron arrojadas granadas contra la multitud reunida para celebrar la independencia nacional. Ocho personas fueron asesinadas y más de 100 heridas.

Los actos de corte terrorista no pararon ahí, por su puesto. El 31 de enero de 2010 fueron asesinados a balazos 18 jóvenes que celebraban una fiesta en una colonia popular en la frontera con El Paso, Texas. El 12 de marzo del mismo año y en la misma ciudad fueron asesinadas ocho personas que participaban en el velorio de un joven, quien días antes había sido asesinado tras denunciar que el vehículo que le habían vendido era robado. Diecisiete días después, el 29 de marzo, en un camino rural de Pueblo Nuevo, Durango, 10 jóvenes entre los 13 y los 19 años de edad fueron asesinados con ráfagas de fusiles de asalto y granadas, con que los atacó un grupo armado.

En Torreón, Coahuila, el 18 de julio fueron asesinadas 18 personas que celebraban una fiesta en un balneario y sus ejecutores eran internos de una prisión de Durango, de la cual entraban y salían a su antojo.

En fin, la multiplicación de hechos como estos en los últimos años en México ha llevado a un creciente número de personas a dudar de si el gobierno es capaz de cumplir con su obligación primordial: garantizar la seguridad de los gobernados.

Por eso le recomiendo este texto que edita Planeta y que contiene propuestas viables para evitar el colapso nacional, como: un pacto político por la seguridad, una política de cero tolerancia a la violencia, implantación de un esquema de responsabilidades, abatir la impunidad, crear una verdadera rendición de cuentas, depurar a los cuerpos policiales y así combatir la corrupción, refundar la policía y renovar los mandos, respetar los derechos humanos, establecer una alianza estratégica con Estados Unidos y Centroamérica y restablecer el orden en las prisiones.

En fin, un libro muy bien documentado, que se une a la gran discusión nacional de si el Estado falló, o seremos testigos del restablecimiento del orden.

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