La estrategia de seguridad implementada en Guanajuato, donde se han invertido miles de millones de pesos, fracasó.

Ni el Programa Escudo, donde se gastaron 2 mil 700 millones de pesos, ni los 3 mil 200 elementos de la Policía Militar que llegaron a la entidad y ocupan un cuartel donde el Gobierno del Estado invirtió en su construcción 375 millones de pesos han contribuido a reducir los índices de violencia.

Según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos crecieron en el Estado 14 por ciento en 2017 al sumar mil 96 contra los 961 que acontecieron en 2016.

Niños, mujeres y hombres inocentes han resultado víctimas colaterales de ataques de sicarios en el marco de la disputa entre cárteles por el mercado de narcomenudeo y robo de combustible a Pemex a través de ordeñas a ductos.

Solamente en el mes de febrero, 3 niños fueron asesinados. En lo que va del año suman 6 menores muertos en ataques. El año pasado se registraron 9 decesos de infantes producto de embestidas criminales.

Pero, además, la mayoría de las corporaciones policiacas municipales padece un déficit de elementos.

El Secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca, acusó que las administraciones municipales no contratan policías y las que sí cuentan con ellos tienen salarios bajos, por lo cual casi nadie quiere emplearse.

En un intento por frenar a delincuentes, la Administración estatal que encabeza el panista Miguel Márquez instauró en la entidad, a principio de año, el programa "Cero Tolerancia", pero tampoco dio resultado.

El Programa Escudo tampoco ha brindado los resultados esperados. La estrategia consistió en colocar más de 124 arcos carreteros en el territorio estatal y 2 mil 700 dispositivos electrónicos entre cámaras urbanas y rurales, lectores para la detección de placas robadas y lectores para la identificación de frecuencia vehicular.

Además, se instalaron más de 320 kilómetros de fibra óptica para lograr una comunicación efectiva.

Pero resulta que no todo el Estado está vigilado y los delincuentes han encontrado la forma de burlar las cámaras y los arcos carreteros.

A seis meses de concluir su gestión, el propio Gobernador Miguel Márquez afirmó que será necesario cambiar la estrategia.

El gobierno de Guanajuato acusa que la violencia desatada en la entidad por la disputa entre cárteles por el control del narcomenudeo y el robo de combustible es responsabilidad del Gobierno federal, acusó la Administración estatal.

De acuerdo con el Gobierno de Guanajuato, los crímenes, que en el sexenio se han disparado en el Estado, son producto de la comisión de delitos del orden federal, como la portación de armas de fuego exclusivas del Ejército, el robo de combustible y el narcomenudeo.

Además, indicaron, el actual sistema acusatorio provoca impunidad al permitir que delincuentes que cometen estos delitos puedan enfrentar sus procesos penales en libertad, lo que les permite volver a delinquir.

Los homicidios se incrementan en municipios del corredor industrial, desde Apaseo El Alto hasta Purísima del Rincón, tierra del Gobernador del Estado, pasando por Apaseo El Grande, Celaya, Salamanca, Villagrán, Cortázar, Silao, León y San Francisco del Rincón.

Otras zonas con alto impacto delictivo son Pénjamo, Abasolo, Jerécuaro, Valle de Santiago y Juventino Rosas.

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