México es el paraíso de la nota roja. Tres muertos y cuatro heridos fue el saldo de un ataque al bar Oasis de Cancún el 27 de enero. La madrugada de ese mismo sábado hubo dos muertos y cuatro heridos en un ataque al bar La Bartola de Xalapa. El viernes 26 fueron encontrados muertos dos policías en Ciudad Fernández, San Luis Potosí.

Estas notas nos dan apenas una pequeña probada de la violencia real del país. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha dado a conocer ya sus cifras preliminares para 2017 que arrojan 25,339 homicidios dolosos. Es el año más violento de las décadas recientes. Son 69 homicidios cada día.

El presidente Enrique Peña Nieto aprovechó una disminución desde el pico de 2011, cuando se registraron 22,409 homicidios dolosos, para presumir sus logros contra la violencia. Para el 2014, efectivamente, el total había caído a 15,520, pero apenas tres años después la cifra ha subido 63.3 por ciento.

La mayoría de los homicidios dolosos son del fuero común: la responsabilidad corresponde a las autoridades locales y no a las federales, pero poco sentido tiene esconderse detrás de este detalle. Cuando las cifras bajaron de 2011 a 2014, el gobierno federal no dudó en acreditarse el triunfo.

Las cifras sugieren que los políticos en campaña deben callar antes que culpar de la violencia a los gobernantes en funciones para prometer que ellos sí acabarán con ella. No sólo Peña Nieto ha caído en esta conducta, también varios de los políticos que han accedido a gobiernos estatales en años recientes. La violencia, además, no es exclusiva de algún partido político.

El priista José Ignacio Peralta, gobernador de Colima desde 2016, ha visto elevarse el número de homicidios de su estado de 167 en 2015 a 700 en 2017. El panista Javier Corral, gobernador de Chihuahua también desde 2016, ha sufrido un aumento de los homicidios dolosos de 945 en 2015 a 1,578 en 2017.

La mejor forma de medir los homicidios, sin embargo, no es a través de sumas totales, sino de cifras ponderadas por número de habitantes. En 2007, en el gobierno de Felipe Calderón, se registró el año más pacífico de la historia del país con 9.34 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. En este 2017 hemos alcanzado en cambio el récord más alto de las décadas recientes con 20.51.

Colima, que en 2007 registraba apenas 4.86 homicidios por 100 mil personas, ha sufrido un aumento fuera de toda proporción hasta alcanzar 93.61 en 2017. Baja California Sur ha pasado de 4.79 en 2007 a 69.15 en 2017, la segunda cifra más alta del país. Las siguientes entidades con más homicidios por cada 100 mil habitantes son Guerrero con 64.26, Baja California con 58.36, Sinaloa con 43.89 y Chihuahua con 41.72.

El argumento de tantos políticos de que la pobreza genera violencia no cuadra con los datos de homicidios. Colima, Baja California Sur, Baja California, Sinaloa y Chihuahua son entidades prósperas en el contexto mexicano, pero se ubican entre las más violentas. Guerrero es muy pobre, pero lo es más Chiapas, que sólo tiene 8.83 homicidios por cada 100 mil habitantes. Yucatán tiene sólo 2.12.

La violencia no está aparejada con la pobreza sino con el narcotráfico. Los estados con más homicidios son territorios de cultivo o transporte de drogas. México está sufriendo las consecuencias de la guerra provocada por la prohibición.

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