El día 30 de abril, el abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presentó a dirigentes de organismos empresariales en la entidad un diagnóstico de seguridad titulado "Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla", mismo que mostró índices delictivos, un análisis del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los escenarios en los que se encuentra nuestra entidad en materia de seguridad y el riesgo de convertirnos en un Estado fallido.

Dicho diagnóstico, que concluye con una serie de recomendaciones para las autoridades federales y estatales, y con sugerencias de retos y acciones para la sociedad civil, fue promovido por algunos empresarios preocupados por la ola de violencia que vivimos, misma que se ha incrementado en los últimos meses.

El referido estudio considera que las cifras sobre índices delictivos en Jalisco no reflejan la realidad y presenta entre otros los siguientes datos: en el año 2013, de acuerdo con averiguaciones previas, en nuestra entidad tuvieron lugar mil 99 homicidios, pero según cifras del Inegi, que se basa en actas de defunción, hubo en realidad mil 488 asesinatos, es decir, un 35 por ciento más de lo que apunta la información oficial.

En ese mismo año (2013), el Gobierno de Jalisco manejó la cifra de 69 secuestros, pero de acuerdo con la investigación coordinada por Ortega Sánchez, hubo más de 100 considerando los datos de la Sedena, la PGR y la Policía Federal. En el rubro de robo de vehículos existen también grandes inconsistencias: según la información oficial fueron robados 9 mil 892 automóviles, pero al analizar los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) la cifra podría ser un 100 por ciento superior.

En fin, el estudio es exhaustivo en los contrastes entre las cifras oficiales y otras fuentes y revela también otros datos muy inquietantes: Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el delito de extorsión, el primer lugar en producción y exportación de metanfetaminas a Estados Unidos y Asia, y también el primer lugar en lavado de dinero.

Un apartado muy relevante del estudio es la radiografía de los grupos criminales desde la década de los setenta hasta el análisis del CJNG, que de acuerdo con esta investigación es el grupo delincuencial más poderoso de México, diversificando su actividad más allá del trasiego de drogas, siendo hoy el responsable del 10 por ciento del robo de combustible de PEMEX en todo el País e incursionando en el "negocio" de la minería ilegal. En uno de sus apartados la investigación refiere que el cobro de piso, que previsiblemente irá en aumento, no sucede sin la venia del CJNG.

El diagnóstico consigna un supuesto testimonio de una agente de la DEA conocedor de la situación en México, quien expresó lo siguiente: "La DEA sigue teniendo fuertes dudas acerca de si en efecto está muerto Ignacio Coronel y si su ejecución a manos del Ejército fue una farsa... Si Coronel está vivo, la escenificación de su falsa muerte tendría el propósito de permitirle retirarse y disfrutar de su enorme fortuna".

El estudio explica en otro apartado las tres etapas fundamentales del denominado Estado fallido: pérdida del Estado del monopolio de la violencia, cobro de impuestos por parte de los delincuentes (derecho de piso) y "normalización" de esta situación irregular al paso del tiempo.

Estados como Tamaulipas y Michoacán ya vivieron las tres etapas, y Jalisco, de acuerdo con este estudio, se encuentra en la primera de ellas, pero existe el riesgo de un deslizamiento de un Estado fallido si las autoridades federal y locales no llevan a cabo una intervención a fondo. La sociedad tiene que alzar su voz exigiendo lo anterior y cerrando filas con las instituciones para hacer un frente común contra la delincuencia. Bien por esta iniciativa de algunos empresarios de Jalisco comprometidos con la paz y la justicia.

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