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Son varias las razones de que México y especialmente en su ciudad capital haya una altísima incidencia de secuestros: protección policial; encarcelamiento de plagiarios detenidos en reclusorios de baja seguridad, desde donde algunos cabecillas siguen operando o de los cuales logran fugarse; las bandas no son completamente desarticuladas y algunos de sus integrantes que no son capturados se reorganizan y siguen plagiando.

Asimismo, algunos secuestradores están libres por la benevolencia de los jueces; hampones dedicados a otros giros criminales en los que actúan con impunidad migran hacia el secuestro; hay una percepción entre los delincuentes y buena parte de la población acerca de que el secuestro es un negocio criminal con altas ganancias y pocos riesgos, aunque esto último sea falso.

Al concluir el presente año se cumplirán tres décadas del secuestro en México. Este delito que antes de 1972 era muy infrecuente, ha llegado a convertirse en uno de los mayores problemas del país.

Al cabo de tres décadas decenas de miles de familias del país han sufrido graves trastornos en sus vidas, como consecuencia de la traumática experiencia del secuestro de alguno de sus integrantes.

En menos de 10 años no menos de 15 mil personas habrían sido secuestradas en el país. Asimismo, entre 1998 y 2002 al menos 106 personas plagiadas fueron asesinadas.

  1. La Fundación Pro-Rescate AC y el Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal condenan de la manera más enérgica la decisión de la mayoría del Congreso de Veracruz de aprobar la reforma al artículo 132 del Código de Procedimientos Penales, que inició el gobernador Miguel Alemán y llaman a combatirla por todos los medios legales.
  2. Además de rechazar de manera absoluta el contenido de esta reforma debe advertirse de que el gobernador del estado y la mayoría en el congreso local recurrieron a un “albazo legislativo”, pues no hubo consulta a la sociedad ni discusión verdadera. Quienes aprobaron la iniciativa o se abstuvieron, actuaron como mandaderos del ejecutivo local, no como representantes de los ciudadanos que los eligieron.
  3. La infame “ley Alemán” es una reelaboración “light”, a cargo del procurador Pericles Namorado Urrutia, de la propuesta de castigar penalmente a las víctimas de secuestro que data de 2002 y que fuera inicialmente formulada por el ex procurador de Tlaxcala, Eduardo Medel y que apoyaron entre otros el procurador del DF, Bernardo Bátiz.

El presente documento consta de dos capítulos. En el primero se expone un diagnóstico sobre el secuestro, las causas de su persistencia y los aciertos y deficiencias que ha presentado su combate.

A diferencia de otros materiales dados a conocer en los meses, no se profundiza en las diferencias entre entidades federativas, sino que se plantea una visión nacional de conjunto sobre el problema.

La revisión de las estrategias contra el secuestro es crítica pero busca al mismo tiempo recuperar todos los aspectos positivos de los esfuerzos hasta ahora realizados. Consideramos en gran medida las soluciones radican en profundizar en las mejores prácticas.

Con fecha martes 21 de enero de 2003, el Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer cifras sobre los secuestros ocurridos en las distintas entidades federativas del país, entre ellas el Distrito Federal.

Nuestra información se basó en datos aparecidos en la prensa y los aportados por las propias procuradurías, pero también aquellos proporcionados por nuestra red de organismos sociales, quienes detectan casos de secuestro que no son denunciados.

Según nuestras cuentas en 2002 se cometieron 230 secuestros en el Distrito Federal, de los cuales 160 fueron denunciados y 70 no, para dar un total de 230.

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