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México ocupa el primer lugar en cuanto a secuestros con 20,644 reportados en el 2008, informó José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Al presentar el balance de los compromisos por la seguridad adquiridos hace un año por las autoridades mexicanas, presentado en un hotel de la Ciudad de México, aseguró que el país ya superó el número de plagios que tuvo Colombia en su peor momento.

En el 2002, el país sureño reportó 1,708, mientras que México registró, en el 2008, 20,644 secuestros (considerando los plagios a migrantes).

El 24 de noviembre de 2007, representantes de todas las procuradurías  del país que conforman el Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito de Secuestro, acordaron reformas legales para que se congelen las cuentas bancarias de las víctimas de plagio y de sus familiares, para así, supuestamente, ya no se paguen rescates.

Con esto supuestamente se lograría la erradicación del secuestro, pues los plagiarios dejarían de ver un negocio en privar a las personas de la libertad ante la imposibilidad de obtener rescates.

Pero en realidad el objetivo de esta monstruosa medida no es reducir o erradicar el secuestro, sino impedir que los plagios se denuncien, para así simular que ese delito baja.

Mientras la atención de la opinión pública se concentra en la narco-violencia, el secuestro de nueva cuenta está repuntando.

El 14 de mayo de 2007, Jésica Cano, joven estudiante de 16 años de edad, fue secuestrada, cuando supuestamente se encontraba en el centro comercial Galerías Coapa, Distrito Federal.

Los familiares de la víctima pagaron el rescate el 17 de mayo, pero al siguiente día fue hallado el cadáver de Jésica.

Cinco secuestros en los últimos cuatro meses

Los plagiarios presumiblemente cuentan con la complicidad de malos servidores públicos de la procuraduría estatal

La ola de secuestros fue advertida, pero no atendida, desde hace meses por empresa consultora contratada para mejorar seguridad municipal

Los Cabos, uno de los 10 municipios urbanos más inseguros del país

La pretensión de penalizar a los familiares de las víctimas del secuestro por pagar rescates y no denunciar los plagios, no persigue abatir este crimen sino acallar la queja sobre su creciente número y la incapacidad de las autoridades responsables para cumplir su obligación de garantizar seguridad a todos los habitantes.

En apoyo a la pretensión de penalizar a los familiares de los secuestrados se argumenta que el pago de los rescates “fomenta el secuestro”. En consecuencia, este delito se abatiría si no se pagara el rescate de “unas cuantas víctimas” y se les dejara morir a manos de sus captores.

Estos argumentos son moralmente monstruosos y no resisten un examen serio, por las siguientes razones:

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