Ricardo Raphael miente y defiende a pillos y violadores de derechos humanos, como es su costumbre. Algo de mi actuación como ciudadano le duele muy hondo al señor Ricardo Raphael, como para dedicar dos artículos a atacarme.

Los índices delictivos del año 2015 que detallan los homicidios, secuestros, extorsiones, violaciones y asaltos con violencia, no son suficientes para captar la realidad del dolor de cada víctima o de las familias de las víctimas de delitos graves.

La situación política nacional se pinta ya poquito a poco de colores y pancartas electorales, con los partidos políticos que apuntan a las elecciones el 5 de junio 2016 para gobernadores, diputados y alcaldes en 12 entidades estatales, más en 2 que renovarán alcaldes y congreso locales.

Si Ángela Buitrago como fiscal en Colombia mantuvo ocho años y medio en la cárcel al coronel Luis Alfonso Plazas Vega con base en pruebas que ella misma falsificó y si Claudia Paz y Paz cuando fue Fiscal General de Guatemala encubrió la corrupción del ex presidente (hoy preso) Otto Pérez Molina, protegió a grupos violentos y desató una persecución contra la fiscal Gilda Aguilar por precisamente querer aplicar la ley a esos delincuentes, Carlos Martín Beristain, otro integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que la CIDH envió a México con relación al caso de la masacre de Iguala, es un hampón de muy altos vuelos.

Hoy presentamos ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal por el delito de fraude por un monto de entre un millón 250 mil dólares y 2 millones de dólares, en perjuicio de la Federación, cometido por Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su texto propagandístico (“Los invitados al complot contra el GIEI”), Petrich –muy en su costumbre- miente y tergiversa, para intentar desacreditar a quienes han revelado quienes son en realidad los “expertos” de la CIDH para el caso Iguala.