Hoy presentamos ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal por el delito de fraude por un monto de entre un millón 250 mil dólares y 2 millones de dólares, en perjuicio de la Federación, cometido por Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su texto propagandístico (“Los invitados al complot contra el GIEI”), Petrich –muy en su costumbre- miente y tergiversa, para intentar desacreditar a quienes han revelado quienes son en realidad los “expertos” de la CIDH para el caso Iguala.

Los índices delictivos del año 2015 que detallan los homicidios, secuestros, extorsiones, violaciones y asaltos con violencia, no son suficientes para captar la realidad del dolor de cada víctima o de las familias de las víctimas de delitos graves.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) declaró que "hasta el momento no ha hallado evidencia científica para establecer correspondencia alguna entre los elementos recuperados en el basurero de Cocula y los estudiantes desaparecidos".

Si Ángela Buitrago como fiscal en Colombia mantuvo ocho años y medio en la cárcel al coronel Luis Alfonso Plazas Vega con base en pruebas que ella misma falsificó y si Claudia Paz y Paz cuando fue Fiscal General de Guatemala encubrió la corrupción del ex presidente (hoy preso) Otto Pérez Molina, protegió a grupos violentos y desató una persecución contra la fiscal Gilda Aguilar por precisamente querer aplicar la ley a esos delincuentes, Carlos Martín Beristain, otro integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que la CIDH envió a México con relación al caso de la masacre de Iguala, es un hampón de muy altos vuelos.

La reaprensión de “El Chapo Guzmán”, el pasado 8 de Enero, presentó el Presidente Enrique Peña Nieto como gran éxito de la estrategia de seguridad nacional, la capacidad de las fuerzas federales de combate al narcotráfico y crimen organizado en el país.