La trascendencia del fuerte sismo el 19 de septiembre pasado en la Ciudad de México y su gran zona Metropolitana, sacudió profundamente la conciencia de la ciudadanía, aumentó la desconfianza por el manejo de justicia, la corrupción y la impunidad del Gobierno Federal y las autoridades estatales.

El 1° de Julio de 2017 ha sido una fecha de singular importancia, puesto que marca un año de distancia a las próximas elecciones presidenciales en 2018 y a la vez da inicio al último año de plena actividad al Presidente Peña Nieto y su Gobierno, ya que después de los comicios el presidente y su gabinete, en lo que resta del sexenio se convierten en estatistas en una especia de “vacío de poder”.

Durante el pasado mes de septiembre la vida política se paralizó prácticamente después de los sismos de 7, 19. y 23. Los trágicos acontecimientos que se reflejaban principalmente en los saldos que abarcan un total de 369 muertos, 228 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 16 en Edomex, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.

En el panorama político nacional el interés de los partidos políticos, de la ciudadanía y, muy en particular, del gobierno federal, se concentró durante este mes de mayo en las elecciones para gobernadores en el Estado de México y en los Estados de Nayarit y Coahuila, más en las municipales en Veracruz.

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