La actual situación política nacional refleja nuevamente la crisis del Gobierno Federal del Presidente Peña Nieto que apenas se había calmado un poco.

Durante el pasado mes de febrero el gobierno se concentró en la definición de la política nacional referente a los variables (patológicos) pronunciamientos del Presidente Donald Trump contra México y la discusión de las iniciativas para un marco legal para las fuerzas armadas en la futura ley de seguridad interior.

México está pasando nuevamente por una crítica situación de inseguridad, originada por el aumento de crímenes de “alto impacto” y la corrupción e impunidad. La oleada de crímenes y la presencia de los cárteles de narcotráfico se han extendido a la mayoría de los estados donde se apoderan cada vez más de la vida cotidiana.

Se pretende legislar para que los militares sigan indefinidamente en las calles y algunos gobernantes... sigan coludiéndose con criminales.

La discusión de la iniciativa de ley de seguridad interior, que persigue –supuestamente- dar un marco jurídico a la colaboración temporal y extraordinaria de las fuerzas armadas en la seguridad pública, ha servido a los enemigos del Ejército para escalar contra éste sus acusaciones e insinuaciones calumniosas.

Con una tasa de 130.35 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2016 Caracas fue la ciudad más violenta del mundo, al igual que en 2015, condición que confirma la grave crisis de crimen y delito que agobia a Venezuela, además de otros gravísimos problemas.

La publicidad nos golpea día tras día en forma inclemente y ubicua con spots que claman las bondades del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Pero se trata de una gran campaña de mentiras. La verdad es que el país padece de los peores niveles de impunidad de su historia, al menos desde que existen registros estadísticos.