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 A 14 años del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda aun no hay justicia, afirma su madre Isabel Miranda de Wallace.

7 de mayo de 2019

Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum los delitos se han disparado en forma dramática, en particular los de carácter violento: homicidio doloso, secuestro, violación y robo con violencia.

En marzo de 2019 las víctimas de homicidio doloso aumentaron 46% (en números redondos) en comparación con el promedio mensual de enero a noviembre de 2018, al pasar de 114 a 166. Asimismo, las víctimas de secuestro aumentaron en 114% en marzo de 2019 en comparación con el promedio mensual de enero a noviembre de 2018, al pasar de 3.3 a 7.0.

Otros delitos violentos crecieron en forma más acentuada. Siempre conforme a las propias estadísticas oficiales, en marzo de 2019 en comparación con el promedio mensual de enero a noviembre de 2018 las violaciones crecieron 137%, el robo con violencia a transporte público individual 159%, el robo con violencia a transportista 137%, el robo con violencia a negocio 136%, el robo a transeúnte en vía pública 103%, el robo con violencia a transporte público colectivo 95%, el robo a transporte público individual 59% y el robo con violencia casa habitación 51%.

Y todo esto sin considerar la cifra oculta, cuyos números son muy superiores a las cifras oficiales, en particular respecto a robo con violencia y violación.

Ejemplo claro de lo que sucede en la Ciudad de México es ver día tras días como ocurren asaltos contra los automovilistas en horas pico en decenas de puntos de la ciudad. Estos atracos han sido denunciados por los medios de comunicación, pero las autoridades capitalinas no hacen nada para poner vigilancia en esos puntos. O hay mucha incompetencia o hay colusión.

El gobierno de Sheinbaum ha alegado que el anterior gobierno “maquillaba” cifras de delincuencia y violencia, por lo cual ya eran altas bajo el anterior gobierno. Pero ambos alegatos no son excusa. El gobierno capitalino no ha probado la falsificación de cifras que señala y, lo que es más importante, no ha denunciado penalmente a los supuestos responsables, quienes habrían incurrido en el delito de falsificación de registros oficiales, tipificado en los artículos 339 y 340 del código penal local, además de lo correspondiente al federal.

Y acerca de que delitos y violencia ya venían creciendo desde la administración anterior, pues tampoco cabe la excusa, porque hay una nueva administración, cuya titular se comprometió a mejorar la inseguridad, no a que empeorara.

Cabe detenerse en el aumento previo de la inseguridad. En efecto esto ocurrió, aunque de forma muy acentuada a partir de julio de 2018. Si se comparan las cifras de marzo de 2019 con las de junio de 2018, el disparo de delito y violencia es todavía más dramático que lo antes señalado: el homicidio doloso creció 64%, la violación 289%, el robo con violencia a transportista 267%, el robo con violencia a negocio 186%, el robo a transeúnte en vía pública 157%, el robo con violencia a transporte público colectivo 112% y el robo con violencia a casa habitación 103%.

También es bueno preguntarse por qué a partir de julio de 2018 la delincuencia aceleró su ritmo de crecimiento. Faltan elementos para emitir un juicio concluyente, pero hay dos aspectos relevantes a considerar: el cambio de jefe de la policía capitalina que sucedió precisamente en julio y el efecto que en el hampa tuvo la narrativa de las administraciones entrantes, tanto en el nivel federal como en el local.

Tras de su triunfo electoral, la doctora Claudia Sheibaum se reunió con José Ramón Amieva, jefe de gobierno sustituto y el primer resultado fue la remoción del jefe de la policía capitalina, Hiram Almeida, que según Amieva había entregado buenas cuentas. En su lugar fue nombrado Raymundo Collins, quien fue subsecretario de seguridad pública en el gobierno capitalino del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, además de ser muy cercano al actual canciller, Marcelo Ebrard.

Pero Collins ha sido reiteradamente señalado de estar vinculado con el hampa, en particular con la organizada. Lo que es un hecho, es que su paso de casi cinco meses por la policía capitalina significó un aumento de los delitos.

El otro factor a considerar: el impacto en el hampa de la narrativa sobre seguridad pública, no es menor. El presidente López Obrador ha presentado a los delincuentes como víctimas de las políticas de gobiernos previos frente a los cuales no cabe tanto la aplicación de la ley, sino otorgarles una serie de beneficios que van de los subsidios a las amnistías e indultos, además de la promesa -hasta ahora cumplida- de no perseguir a los jefes de los grandes grupos criminales.

Los delincuentes no son doctores en ciencia política, pero interpretan este discurso como una suerte de permiso para delinquir.

La Jefa de Gobierno ha secundado este mismo discurso, pero ella y sus colaboradores han añadido de su propia cosecha. Ejemplo de ello es el proyecto para reformar el código penal y los robos menores dejen de ser tipificados como delitos. Una invitación más para delinquir.

Ahora, las políticas de los nuevos gobiernos federal y local que supuestamente deberían empezar a lograr la baja de la delincuencia, se han aplicado desde el de diciembre de 2018. Pero ni en el país ni en su capital se ha producido la disminución de la inseguridad prometida, sino que ha ocurrido exactamente lo contrario.

O los delincuentes no están cobrando los nuevos subsidios que ya fluyen o los cobran, pero de todas maneras siguen delinquiendo.

La política de seguridad pública de ambas administraciones –la federal y la local- han probado rápidamente ser completamente erróneas, porque se basan en un diagnóstico falaz, no sustentado en hechos sino en dogmas ideológicos, como el atribuir que la inseguridad se genera por la pobreza, desempleo, marginación o desigualdad en los ingresos, en lugar de identificar la verdadera causa: que las autoridades no cumplen su obligación de prevenir y perseguir al delito.

No habrá magia. La inseguridad seguirá creciendo mientras esas políticas de seguridad pública desastrosas no sean abandonadas en favor de las correctas, en favor de imponer a los gobiernos y a los mandos y elementos de la seguridad pública metas para reducir los delitos y la impunidad, y hacer depender del cumplimiento de esas metas su permanencia en los cargos.

Ante la ola de secuestros contra mujeres en instalaciones del Metro y alrededores, diversos grupos ciudadanos protestaron y demandaron poner remedio. La jefa de gobierno optó por descalificar a esos ciudadanos y a su exigencia legítima.

Pero la Jefa de Gobierno y el Presidente de la República deben recordar y tener una certeza. Recordar que en 2004 marchamos en la capital del país cientos de miles de ciudadanos en demanda de seguridad y justicia. Y la certeza que deben tener es que ahora marcharemos millones, si sus políticas no cambian, si no honran su protesta de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes y no combaten a fondo los delitos y hacen que se reduzca la inseguridad.

Como en 2004, estamos trabajando en la convocatoria y organización de esa gran movilización ciudadana.

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El 8 de mayo ADN40 en un reportaje expuesto en un video publicado en Twitter (cuyo link es https://twitter.com/adn40/status/1126188332575145984), asegura que este Consejo presentó “cifras infladas” sobre los delitos en la Ciudad de México, con relación a la conferencia de prensa que dimos un día anterior.

Para ejemplificar la falsificación de las cifras oficiales en que supuestamente incurrimos, ADN40 pone como ejemplo la cifra expusimos de 159 homicidios dolosos en la ciudad de México en enero de 2019, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y presenta en pantalla la siguiente imagen con la cifra supuestamente correcta y que es inferior:

El problema es que ADN40 confunde la cifra de carpetas de investigación del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la cifra de - VÍCTIMAS de los delitos, de la misma fuente. En nuestro boletín de prensa fuimos muy explícitos en que se trata de víctimas.

Se utilizamos la cifra de víctimas es porque esos se corresponde con las prácticas universalmente aceptadas de registro y estadística criminal. Una sola carpeta de investigación puede referir más de una víctima, más de un homicidio.

A continuación se presenta la captura de pantalla de los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre VÍCTIMAS:

¿Por qué indicamos que hubo 159 víctimas de homicidio doloso y no 156? Porque hay que sumar también tres víctimas de “feminicidio” que se registraron en la Ciudad de México el mismo mes.

Hasta aquí el reportaje parecía el resultado de un pésimo trabajo reporteril, de una incapacidad de consultar las cifras oficiales de incidencia delictiva. Pero la mayor parte del reportaje buscó descalificar a este Consejo y a nuestro presidente, Lic. José Antonio Ortega Sánchez, además de trasmitir amenazas veladas por encargo del gobierno federal y el de la Ciudad de México.

En el reportaje se asegura que nuestro presidente no es independiente por haber sido contratado “sin concurso”, por adjudicación directa, para un trabajo específico de CONAGUA, por un monto de 194,880 pesos en 2011, como si esto hubiera sido ilegal o deshonesto. Hasta los de ADN40 son capaces de consultar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su artículo 42 establece la facultad de los servidores públicos responsables para adjudicar en forma directa contratos por servicios cuyos límites sean inferiores a los establecidos por la misma ley y el presupuesto de egresos del año respectivo. El monto del contrato del Lic. Ortega estuvo muy por debajo del mencionado límite.

Por cierto, el 74% de los contratos bajo la actual administración federal se han adjudicado en forma directa, en violación de la ley. Respecto a eso ADN40 no ha hecho ningún reportaje…ni lo hará.

El que ciudadanos vendan bienes o servicios al gobierno no les quita su independencia y menos si esa operación se realiza por una única vez. El Lic. Ortega se ha mantenido independiente y muy crítico frente a todos los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador, pasando por Felipe Calderón Hinojosa.

El reportaje para denostarnos es producto de la molestia de los gobiernos federal y de la Ciudad de México por los que manifestamos en la conferencia de prensa del 7 de mayo. Nos tiene sin cuidado su molestia. Seguiremos ejerciendo nuestro derecho a expresarnos, a denunciar la creciente inseguridad en el país y su capital y continuar convocado a la movilización ciudadana para que los gobernantes hagan el trabajo para el cual los contratamos sus patrones, lo ciudadanos. No nos amedrentan ni nos van a amedrentar.

8 de mayo de 2019

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal emite respuesta al boletín “SSPM Rechaza que Tijuana sea la ciudad más violenta; homicidios bajan 34% en febrero de 2019”.

Ciudad de México, 13 de marzo de 2019.

Tijuana es la ciudad más violenta del mundo; ningún dicho retórico altera ese hecho. Con relación a la publicación de nuestro estudio “Las 50 ciudades más violentas del mundo 2018” el martes 12 de marzo de 2019 con esa misma fecha la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tijuana, Baja California, emitió el boletín titulado “SSPM Rechaza que Tijuana sea la ciudad más violenta; Homicidios bajan 34% en febrero de 2019”.

En el boletín la  Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tijuana (SSPM) intenta, desacreditar la metodología de nuestro estudio periódico. Sus objeciones podrían resumirse en una exigencia implícita: tergiversen los datos, oculten la realidad, pero que Tijuana no aparezca como la ciudad más violenta del mundo.

Los reclamos de la SSPM sobre nuestra metodología son inadmisibles, pues exigen que dicho análisis presente característica que el estudio no ofrece. El estudio es sobre tasas de homicidio (ante la imposibilidad de obtener datos sobre otros delitos violentos de urbes de todo el mundo), ocurridos en un año completo (para el caso 2018), en ciudades (No municipios) de 300 mil o más habitantes, según cifras censales o estimaciones oficiales de población residente (no de “población flotante”).

En su comunicado, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, titular de la SSPM, dice que es erróneo incluir al municipio de Playas de Rosarito como parte de la ciudad de Tijuana y que su inclusión tiene el deliberado propósito de abultar las cifras para que Tijuana figure como la ciudad más violenta del mundo. Está equivocado, ya que si se incluyen a Playas de Rosarito, la tasa para la ciudad de Tijuana es de 138.26 homicidios por cada 100 mil habitantes (2,640 homicidios y 1,909,424 habitantes). Si se excluye a Playas de Rosarito, la tasa resultaría más alta, ya que llegaría a 139.99 homicidios por cada 100 mil habitantes (2,518 homicidios y 1,798,741 habitantes).

En cuanto al señalamiento difamatorio, de que falseamos los datos de otras ciudades, la carga de la prueba es para él.

No importa que dicho retórico intente el secretario Sotomayor, eso no va cambiar el hecho de que Tijuana es la ciudad más violenta del mundo; cuando Marco Antonio Sotomayor Amezcua fue nombrado secretario en 2016, el municipio tuvo 919 homicidios y en 2018 esta cifra creció a  2,518 homicidios, esto representa 174% más.