El caso de Guillermo Vélez Mendoza

El caso de Guillermo Vélez Mendoza, ha sido una lucha de la familia Vélez por la justicia y por exonerar el buen nombre de su hijo y de su familia; ya que Guillermo Vélez Mendoza, fue detenido con mentiras, torturado y asesinado a golpes por policías de la AFI y difamado al presentarlo como jefe de la banda de secuestradores “los Antrax”, ocasionando con ello el despido laboral del padre y de sus hermanos, así como la muerte de la madre, quien falleció a consecuencia de la diabetes y el estrés a que fue sometida.

Lucha que culminó penalmente con la sentencia definitiva, en la que se condenó a Hugo Armando Muro Arellano, por el homicidio perpetrado en contra de, sentencia que quedó impune, en virtud de que ya prescribió la pena, dado que las administraciones pasadas de la PGR, incumplieron con su obligación de aprehender y recluir al agente federal de investigación, Hugo Armando Muro Arellano, supuestamente, porque nunca pudieron localizarlo y aprehenderlo.

Batalla en la que civilmente se obtuvo una sentencia ejecutoria favorable dictada por el Poder Judicial Federal, en la que se condenó a la PGR y a los codemandados físicos AFIS, a exonerar el buen nombre de Guillermo Vélez Mendoza y a pagar los daños causados con motivo de su actividad administrativa irregular, es decir, a la reparación del daño causado a la familia Vélez Mendoza.

En noviembre de 2009, el entonces Procurador General de la República Arturo Chávez Chávez, convocó a una rueda de prensa, en la que exoneró de toda culpa el buen nombre Guillermo Vélez Mendoza, en todos los medios en que fue difamado y dio cumplimiento al pago de la indemnización a que fue condenada la PGR.

No obstante, la subsecuente administración de la PGR, no dio cumplimiento al pago al que fue condenada subsidiariamente por la responsabilidad de los daños causados por los codemandados físicos AFIS, favoreciendo con ello la impunidad.

En el Expediente 50/2004, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, ha quedado debidamente probada la insolvencia económica de los codemandados físicos AFIS, Hugo Armando Muro Arellano, Luís Manuel Villalobos Cubedo, Norberto Amezcua Barrera, Sergio Alberto Martínez López y Alfredo Cruz Pérez, así como que se han agotado todos los recursos y medios para localizar a dichos codemandados físicos en los domicilios que otorgaron diversas dependencias gubernamentales e incluso los domicilios otorgados por la propia PGR, siendo infructuosas dichas búsquedas.

Es el caso que la PGR ha incumplido con su obligación constitucional, legal y moral de reparar el daño de manera subsidiaria, a pesar de que ha sido requerida mediante Auto de fecha 5 de marzo de 2013, para que en el término de cinco días, diera cumplimiento voluntario a la ejecutoria dictada en autos; Auto que fue confirmado y se les negó el Amparo que promovió la PGR y en el Recurso de Revisión el Tribunal Colegiado sobreseyó en el juicio la petición de PGR, razón por la cual la obligación de la PGR de pagar el daño de manera subsidiaria, ha quedado firme y no admite recurso alguno.

Por ese motivo, el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, con fecha 28 de febrero de 2014, requirió a la PGR, por conducto de su superior jerárquico, el Presidente Enrique Peña Nieto, representado por la Secretaría de Economía, para que en ocho días diera cumplimiento a la reparación del daño.

No obstante, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la PGR, ha seguido promoviendo recursos notoriamente frívolos e improcedentes, ocasionando que la Procuraduría incumpla con su deber de impartir justicia y representar a la sociedad con el objeto y fin de velar por sus derechos, causando además, un incumplimiento al deber constitucional, legal y moral de la PGR de reconocer, respetar y tutelar la cosa juzgada sentencia ejecutoriada dictada por la Justicia Federal.

La PGR vulneró el Artículo 113 de nuestra Carta Magna, que decreta que la responsabilidad de las instituciones deja de ser subsidiaria para ser objetiva y directa por los daños causados con motivo de su actividad administrativa irregular, dejando de aplicar cualquier otra norma que vaya en contra de la Constitución.

Consideramos que en este asunto el Señor Procurador no ha sido informado correctamente, por esa razón presentamos el día de hoy, carta dirigida al Lic. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República en la que apelamos a que instruya a quien corresponda, a cumplir con la sentencia que ha causado ejecutoria, en la que se obliga a la PGR a pagar de manera subsidiaria el daño moral causado por los agente físicos AFIS a la familia Velez Mendoza, dado que hemos observado que el Señor Procurador ha tenido el valor civil de reconocer públicamente los excesos y errores en que incurrieron algunos funcionarios de la PGR en administraciones pasadas y hemos visto con esperanza como las ha reparado asumiendo públicamente la responsabilidad de la institución que representa.