El caso de Eduardo García Valseca pone en entredicho la política del gobierno de Enrique Peña Nieto ante el secuestro

Hace 10 meses Eduardo García Valseca denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a los ex funcionarios federales Genaro García Luna, Facundo Rosas y Benito Roa por su probable responsabilidad en el secuestro que el denunciante sufrió entre el 13 de junio de 2007 y el 24 de enero de 2008.

A la fecha la PGR no ha hecho absolutamente nada por investigar la denuncia y por supuesto tampoco ha tenido el menor progreso en esclarecer el secuestro sufrido y denunciado desde hace casi 7 años, ni en detener y acusar penalmente a los responsables.

Esto demuestra en los hechos lo que es la política del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto “contra” el secuestro: demagogia, abulia, burocracia, negligencia, denegación de justicia, favorecimiento de la impunidad de los secuestradores y atropello a los derechos humanos de las víctimas del delito.

Pero también revela en los hechos la política del gobierno de Peña Nieto ante las víctimas del crimen. Hace poco más de un año el Presidente publicó La Ley General de Víctimas, pero al parecer con el mero propósito de no aplicarla. La inacción de la PGR ante la denuncia de Eduardo García Valseca constituye una violación flagrante de los artículos 10, 18, 19, 20 y 73 de la citada ley.

En consecuencia Eduardo García Valseca ha presentado queja contra la PGR ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De igual manera y dado que las instancias nacionales de justicia han sido agotadas, en breve denunciará al gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por denegación del derecho a la justicia.

Estos hechos nos indican que la Coordinación Nacional Antisecuestro, cuya creación se dio a conocer a través del Diarios Oficial de la Federación con fecha 29 de enero de 2014, nació muerta.

Cualquier cosa que el gobierno de Enrique Peña esté ofreciendo en materia de lucha contra el secuestro no es digna de crédito, cuando que frente a la privación ilegal de la libertad sufrida por Eduardo García Valseca la PGR ni siquiera se ha dignado en llamar a declarar a los ex funcionarios señalados por el denunciante. Y si eso ocurre con relación a uno de los secuestros que mayor publicidad han recibido en México ¿qué se puede esperar frente a la gran mayoría de secuestros que no reciben publicidad semejante?

Las principales razones de la publicidad del secuestro de Eduardo García Valseca son, un lado, la extrema crueldad de que fue objeto durante su prolongado cautiverio y, por otro lado, la sospechosa negligencia que frente al caso tuvieron funcionarios federales encabezados por el entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El extremo sufrimiento experimentado por Eduardo García Valseca no se redujo a su cautiverio. Como consecuencia del secuestro y de la manera en que durante y después de éste se comportaron los aludidos funcionarios federales, su esposa Jayne Rager, de nacionalidad estadounidense, vivió años de extremo estrés y por ello contrajo una grave enfermedad que terminó por quitarle la vida. Cabe recordar que además Jayne fue privada de la libertad junto con su esposo y liberada minutos después, para negociar con ella el pago del rescate.

Durante la negociación recibió mensajes de los secuestradores, que incluyeron imágenes que revelaban el brutal maltrato al que Eduardo fue sometido, incluyendo fotos de, primero, el balazo que los plagiarios le hicieron en una pierna y, segundo, el balazo que semanas después le hicieron en un brazo.

Mientras Eduardo García Valseca estuvo secuestrado, funcionarios de la Policía Federal, destacadamente Benito Roa Lara, encargado del área, así como el propio Genaro García Luna, manejaron la versión de que el plagio había sido cometido por un grupo terrorista internacional. Tras la liberación de la víctima insistieron en su versión.

Esta hipótesis no puede ser descartada, pero ha surgido otra, en virtud de la enorme negligencia que los citados funcionarios federales demostraron para esclarecer el secuestro y detener a los culpables: que esos funcionarios estuvieran implicados en el plagio y hayan simulado que había sido cometido por un grupo terrorista.

Un hecho indiscutible es que desde 1987 grupos terroristas han cometido más de un centenar de secuestros de alto impacto y que salvo en unos pocos casos, los responsables han gozado de absoluta impunidad. Esto podría ser resultado de que al parecer las distintas administraciones federales, a partir de la de Carlos Salinas, habrían decidido no actuar contra estos grupos subversivos por consideraciones políticas.

Entonces, conocedores de esta situación y ante la oportunidad de tener de antemano garantizada la impunidad, funcionarios federales criminales se habrían confabulado para secuestrar a Eduardo García Valseca, con o sin la participación de particulares, de delincuentes comunes sin cargo público. Es probable que algo similar haya ocurrido con otros secuestros atribuidos a grupos subversivos.

Tras del pago del rescate y su liberación, Eduardo García Valseca abandonó el país a sugerencia del entonces Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, lo cual es altamente sospechoso, pues la obligación del entonces funcionario era garantizarle protección a la víctima, esclarecer el secuestro y capturar a los secuestradores para precisamente reducir a su mínima expresión los riesgos de represalias. Al parecer al inducir a Eduardo García Valseca a abandonar el país, Genaro García Luna lo único que perseguía es que la víctima se olvidara de su reclamo de justicia y le fuera más difícil solicitar resultados de las investigaciones que tendrían que haberse realizado.

La sospecha sobre la probable implicación de Genaro García Luna y sus colaboradores en el secuestro de Eduardo García Valseca no sólo se sustenta en la inducción a que la víctima abandonara el país, sino en toda su conducta durante el plagio y tras la liberación del secuestrado.

Jayne Rager pudo constatar que Genaro García Luna y sus secuaces no hicieron nada para investigar el plagio y lograr el rescate de Eduardo. Por el contrario se limitaron a recomendar que se cediera a todas las pretensiones de los plagiarios, con el pretexto de no poner el riesgo la vida del secuestrado.

Pero no sólo eso, el empeoramiento de las condiciones de cautiverio de Eduardo García Valseca al parecer fueron una respuesta a las indagaciones que por su cuenta realizó Jayne Rager, quien reunió datos decisivos que la Policía Federal se negó a obtener y se los entregó a los colaboradores de García Luna. Es decir, al parecer los secuestradores estuvieron al tanto de las investigaciones de Jayne y de que los resultados de sus pesquisas fueron entregados a los colaboradores de García Luna y entonces, en represalia, aumentaron el maltrato sobre el secuestrado. Los únicos que pudieron dar estas informaciones a los plagiarios fueron precisamente los colaboradores de García Luna.

Tras de la liberación de Eduardo García Valseca, él y su esposa siguieron acopiando más informaciones y las entregaron a los colaboradores de García Luna, pero pese a las reiteradas peticiones para que estos informaran sobre los avances de las investigaciones, nada informaron, porque nada investigaron.

Lograr el esclarecimiento del secuestro de Eduardo García Valseca y el castigo de sus responsables, así como investigar a los citados funcionarios federales, se volvió algo imposible bajo el gobierno de Felipe Calderón, que mostró un apoyo incondicional a Genaro García Luna en todo su actuar ilegal.

Supusimos que las cosas cambiarían con el nuevo gobierno, pero nos equivocamos. Bajo la conducción de Jesús Murillo Karam, la PGR se ha probado empeñada en garantizar la impunidad de los responsables del secuestro de Eduardo García Valseca y de los citados ex funcionarios federales.

Esta es la primera enorme carga que enfrenta en su encomienda el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia. Si él no es capaz de mover la voluntad del gobierno de Enrique Peña para esclarecer el secuestro de Eduardo García Valseca, demostrará que el nuevo organismo burocrático no es sino pura simulación y carece de toda credibilidad y voluntad.

Pero esa no es el único fardo con el que el nuevo organismo burocrático comienza, hay otros dos: la ausencia de cifras veraces sobre incidencia de este delito y el enfoque puramente reactivo de los 10 ejes de su estrategia.

En efecto, aunque el gobierno federal maneja como cifra oficial de secuestros los reportados por las procuradurías de las entidades federativas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mismo gobierno sabe que eso no es cierto. La PGR recibe denuncias por secuestros distintas a las presentadas ante las procuradurías de las entidades federativas. Asimismo el ejército, la marina y la Policía Federal tienen registros de otros secuestros – que ni figuran en las cuentas de las procuradurías ni en las de la PGR- que corresponden a los de víctimas que han rescatado, las cuales han sido halladas juntas hasta por decenas en casas de seguridad de los grandes grupos criminales.

El gobierno federal, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Coordinación Nacional Antisecuestro están obligados a presentar de inmediato cifras consolidadas sobre los secuestros de los que tienen conocimiento y actualizar mensualmente estos datos, debidamente desglosados por entidad federativa y municipio de ocurrencia.

No se puede resolver problema alguno, para el caso el del secuestro, si ni siquiera se reconoce su precisa magnitud o cuando menos su magnitud aproximada.

Pero las cifras oficiales no sólo deben ser consolidadas, a partir de las diferentes fuentes oficiales, sino además veraces. Y sostenemos que las cifras reportadas por los gobiernos de varias entidades federativas al Sistema Nacional de Seguridad Pública no son las reales según las denuncias recibidas, sino que están manipuladas o “rasuradas” para simular una incidencia inferior a la verdadera. Ya hemos dado ejemplos de ello.

Por tanto, los registros de las procuradurías tanto respecto a este como a los restantes delitos deben ser objeto de una minuciosa auditoría, para poner fin a la falsificación de cifras.

Además está el problema de la cifra oculta o los plagios no denunciados. En un conteo -en realidad superficial- el Centro de Investigación y Seguridad Nacional computó un total de 763 secuestros no denunciados, entre enero de 2010 y agosto de 2012. Y una cuenta aparte es la de los plagios masivos contra los migrantes indocumentados que cometen los grandes grupos criminales y que sólo para un semestre de 2011 la CNDH había estimado en más de 10 mil.

Los 10 ejes de la estrategia contra el secuestro del gobierno federal no servirán para reducir sustancialmente la incidencia de este delito porque adolece de un defecto primordial: su enfoque reactivo.

Sería faltar a la verdad decir que nada se ha hecho contra el secuestro. A la fecha hay unos 12 mil plagiarios presos ¿Por qué entonces este delito sigue al alza en lugar de bajar? Por dos razones principales: porque hay una constante migración de delincuentes especializados en otros giros delictivos hacia el secuestro y por la cada vez mayor incursión de los grandes grupos criminales en el plagio.

La mayoría de los plagiarios cuando son detenidos ya llevan una larga carrera criminal, resultado de que a los largo de la misma ha disfrutado de impunidad, ya sea desde que se iniciaron como ladrones de auto-partes hasta cuando derivaron al robo con violencia. Mientras no se actué para abatir la impunidad de TODOS los delitos no se podrá detener jamás la incesante migración hacia el secuestro.

En el caso de los grupos criminales estamos no sólo ante la impunidad respecto a algunos delitos supuestamente menos graves, sino ante los muy graves como el homicidio, la tortura y la privación ilegal de la libertad para fines distintos a los reclamar rescate. Igualmente, mientras no mine verdaderamente el poder de los grandes grupos criminales, estos seguirán incursionando en el secuestro.

Si la nueva Coordinación nos sale conque en lugar de lo propuesto, la prevención consiste en dar consejitos ridículos a las personas para no ser secuestradas, entonces el mensaje del gobierno será claro: sálvese quien pueda, no cuenten con nosotros.