Boletín de seguridad enero 2014

Dentro de los quehaceres del Gobierno Federal en su política y estrategia de Seguridad Pública durante el mes de Enero 2014 destacan los siguientes asuntos:

El Gobierno Federal, a través de su Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer que los objetivos principales de la nueva estrategia en el combate al crimen organizado son la disminución sistemática y sostenida de la incidencia de secuestro, las extorsiones, los homicidios y la violencia.

Como instrumento de esta nueva estrategia se creó una Coordinación Nacional Antisecuestro con un Comité Especial de Seguimiento y Evaluación, compuesto por representantes de la SEDENA, SEMAR, PGR, los Gobiernos estatales, el CISEN, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y de cinco personalidades de las más representativas organizaciones de la Sociedad Civil.

Como coordinador se nombró a Renato Sales Heredia, por su larga trayectoria profesional, que a la vez es el responsable, entre otras medidas, de la “operación limpieza” en las procuradurías, el aparato judicial y las Unidades Especializadas de Investigación de Combate al Secuestro de los Estados de todo el país. En sus primeras declaraciones el coordinador y “zar antisecuestro”, Renato Sales, declaró que el secuestro ha desnudado a las autoridades por su incompetencia y los muchos casos en los que había (y hay) algún policía o ex policía involucrado. La prioridad en este momento es atender a las 10 entidades estatales más afectadas, que concentran un 74% de la incidencia.

La ofensiva federal y su nueva estrategia en Michoacán

Ante la compleja situación en Michoacán debido a la expansión del crimen organizado en amplias regiones territoriales en lo social y político y los crecientes signos de ingobernabilidad e inseguridad en el Estado, el Gobierno Federal inició a principios de este mes enero el “Plan de Rescate - Por Michoacán, Juntos lo vamos a lograr”.

Con una amplia ofensiva de fuerzas federales (más de 10 mil efectivos entre militares y policías federales) contra los narco-cárteles y grupos del crimen organizado, aplicando una nueva estrategia integral para desterrar a las poderosas narco-organizaciones Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, principalmente, reemplazar a los funcionarios y policías corruptos, además de la regularización y legalización de los grupos de autodefensa.

Después de los primeros éxitos de las fuerzas federales en conjunto, especialmente los destierros logrados contra grupos dispersos de Los Caballeros Templarios (p.ej. la detención de líderes de Los Templarios, del Cártel de Jalisco Nueva Generación), el Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer la segunda fase del “Plan de Rescate”, basado en un amplio programa de su gobierno para consolidar la estrategia federal en las áreas de educación, desarrollo económico, empleo, infraestructura, salud y seguridad social.

El nombramiento de Alfredo Castillo como Comisionado (Federal) para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, más la composición de un “Gabinete Federal para los Asuntos políticos”, ratifican la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto de solucionar definitivamente los problemas de ingobernabilidad de este estado.

La inseguridad en Guerrero tiende a otra intervensión del gobierno federal

El Estado de Guerrero atraviesa también en la actualidad por un considerable aumento de homicidios y secuestros, así como por el creciente número de extorsiones cuyo objetivo son principalmente las medianos y pequeñas empresas.

En consecuencia, un gran número de empresarios e integrantes de la sociedad civil, agrupados en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo el Estado de Guerrero, ejercen una fuerte presión sobre el Gobernador Ángel Aguirre Rivera para que solicite al Presidente Enrique Peña Nieto la intervención del Gobierno Federal y el envío de fuertes contingentes de la Policía Federal, del Ejército y la Marina y poner en marcha un “plan de emergencia”, prioritariamente en Chilpancingo y Acapulco.

En la actualidad el Estado de Guerrero ocupa el primer lugar en homicidios dolosos y el segundo en secuestros a nivel nacional, que son considerados delitos de alto impacto. Además el estado sufre la presencia de diferentes cárteles, como el de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana, entre otros, que se disputan el dominio sobre el Puerto de Acapulco y las vías de tránsito de drogas hacia el norte. En todo caso no hay que olvidar la larga tradición de presencia de grupos guerrilleros y terroristas en amplias zonas rurales del estado.

En este momento el Puerto (y Balneario) de Acapulco es considerado como la tercera ciudad más violenta en el mundo (después de San Pedro Sula en Honduras y Caracas, capital de Venezuela).

Según la CNDH la violencia no cede por las fallidas e ineficientes políticas de los gobiernos estatal y municipales. La aparición (en enero del año pasado) de grupos de autodefensa en 47 de los 81 municipios del estado (lo que significaría que 2 millones 548 mil 886 personas viven bajo este concepto) requiere medidas decididas de las fuerzas federales al igual que en el estado de Michoacán.

Resumen de la situación de (in)seguridad pública y sus principales factores

La violencia en el país se concentra actualmente en los estados de Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León y en toda la región fronteriza con Estados Unidos. En grandes partes de la frontera de México con Estados Unidos hay reportes de un considerable aumento de extorsiones cometidos por diferentes grupos del crimen organizado, particularmente contra empresarios nacionales y extranjeros, por lo que los empresarios están pagando altas cuotas para evitar más violencia, más secuestros y mayores daños materiales (y patrimoniales).

Según un informe de la ONU, casi un 40% de los mexicanos consideran el narcotráfico y el crimen organizado como las principales amenazas de su seguridad personal. La ONG “México Evalúa” considera que el “Programa Nacional de Prevención del Delito” tiene aún fallas, basadas en su estratégica inicial.

En el Estado de Morelos han aumentado considerablemente las extorsiones, los secuestros, los homicidios dolosos y la violencia. De esta manera el gobernador Graco Ramírez se vio obligado a cambiar su equipo de seguridad, con el relevo del secretario responsable de seguridad pública. En este contexto legisladores priistas y panistas pidieron recién el apoyo del Ejército para enfrentar las acciones del crimen organizado.

En el Estado (y valle) de México sigue la ola de crímenes de grupos organizados y de la delincuencia en general. S reportaron últimamente incidentes delictivos con la participación de policías en activo del Estado de México, entre otros casos asaltos a automovilistas en el Circuito Exterior Mexiquense.

La ONG “México Unido contra la Delincuencia” reportó varios casos de asaltos y robos a vehículos de salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Circuito Mexiquense y en diferentes colonias de la Zona Poniente del Periférico, con la participación de policías que descendieron de patrullas de la SSC (Secretaría de Seguridad Ciudadana) del Estado de México (también contra ejecutivos extranjeros, después de su llegada al AICM).

El Estado de México ocupa actualmente uno de los primeros lugares en incidencias delictivas, en especial en robo de vehículos con violencia.

En la Ciudad de México y su Zona Conurbada con el Estado de México, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), ante los crecientes delitos contra vecinos de diferentes colonias, asaltos a restaurantes, bares y plazas comerciales (especialmente en las Delegaciones de Nezahuálcoyotl, Álvaro Obregón, Benito Juárez), se están reforzando medidas de seguridad para prevenir los diversos delitos y crímenes.

Por los continuos asaltos a comercios (joyerías, etc.) los empresarios de las 25 principales plazas comerciales de la ciudad (entre ellos las de Santa Fe, Antara, Coyoacán, Galerías, Galerías Coapa, Lindavista, Parques Polanco, Loreto, Oriente, Perisur) han acordado intercambiar información con la SSPDF sobre los grupos de delincuencia, su “modus operandi” y contribuir con la SSPDF a reforzar la vigilancia en las plazas.

Además el Gobierno de la Ciudad de México (GDF), ante los crecientes delitos violentos en el área metropolitana, anunció el refuerzo de vigilancia con el operativo especial “Escudo de la Ciudad de México”, destinando unos mil 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Públíca, dos helicópteros, etc., y habrá revisión en las diferentes zonas limítrofes con el Estado de México.

En el Estado de Hidalgo hay indicios de presencia de grupos del crimen organizado y de intentos de “cobro de piso” a pequeños comercios locales junto con amenazas de extorsión. Además se reportaron atracos a tiendas, gasolineras y una caseta de peaje y otros incidentes delictivos en las localidades de Huejutla, Tulancingo y Tula.

Comentarios

Llamó la atención que el Presidente Enrique Peña Nieto se vio obligado ante la comunidad internacional en el Foro Económico Mundial en Davos (a finales de este mes de enero) de defender la estrategia de seguridad de su gobierno, por los signos de inseguridad en el país en general y en Michoacán en especial.

La situación de inseguridad en numerosos estados del país ha despertado gran incertidumbre en muchos gobiernos de países occidentales por los supuestos peligros que corren sus súbditos en sus estadías en México, sea a nivel empresarial o de turismo.

Según el Secretario de Gobernación, la nueva Estrategia Nacional Antisecuestro tiene en cuenta los cambios que se han producido en las bandas de secuestradores, debido al debilitamiento que han infligido las Fuerzas Federales en su combate a ciertas organizaciones criminales, como p.ej. Los Zetas, Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, etc., que operan en células que se dedican principalmente al secuestro. Además hay familias enteras que han formado sus propias bandas de secuestradores. Por lo tanto se puede constatar que la industria del secuestro de hace 10 o 15 años ha evolucionado considerablemente.

En el estado de Michoacán, la inaplazable intervención del Gobierno Federal con su “Plan de Rescate” y la aplicación de su “nueva estrategia integral” para fortalecer la sociedad y las instituciones del estado, es aplaudida por una gran mayoría en todo el país.

Sin embargo y a pesar de los éxitos ya obtenidos en las primeras semanas por las fuerzas federales en su conjunto, el hecho de que el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó prácticamente pasar todo un largo año hasta tomar la decisión de intervención federal, es discutido por amplios círculos sociales y políticos en todo el país.

El estado de Guerrero, conocido por su internacionalmente famoso Balneario y Puerto de Acapulco, encabeza a nivel nacional los dos crímenes de alto que son los homicidios y los secuestros, seguidos por las extorsiones. Acapulco ocupa en la actualidad el tercer lugar como ciudad más peligrosa del mundo, después de San Pedro Sula en Honduras y Caracas, capital de Venezuela. Para el Gobierno Federal constituye en estos momentos un nuevo foco de atención, después de Michoacán.

Parece, sin embargo, que la orden del Presidente Peña Nieto para la intervención directa de las Fuerzas Federales depende de la petición directa del gobernador Ángel Aguirre Rivera (igual que en el caso de Michoacán).

El acuerdo del Presidente Peña Nieto y de su gobierno, de regularización de las autodefensas en el Estado de Michoacán, parece a primera vista una solución que merece respeto por el valor que tiene dentro de la estrategia de poner un alto a los numerosos grupos armados de autodefensa civil para defender a su manera amplias zonas contra los grupos criminales, como Los Templarios y La Familia Michoacana, sin respetar el monopolio de poder exclusivo del estado.

La regularización de estos grupos armados y su integración a las fuerzas de seguridad estatales y municipales, no parece nada fácil, por las posiciones diversas de cierta parte de sus integrantes.

Parece que en estos momentos no existe una garantía para que el Gobierno Federal pueda aplicar estos mismos procedimientos como modelo para otras entidades estatales, como p.ej. en el Estado de Guerrero.

Por el momento no parece nada seguro que el control de estos grupos de autodefensas, guardias rurales etc., por los cuerpos auxiliares del ejército ubicados en diferentes regiones del país, funcione a mediano y largo plazo. Sin un control férreo por parte del Ejército y la Policía Federal existe el peligro de que estos grupos civiles sean infiltrados por elementos criminales y convertidos a grupos paramilitares.