Con EPN, México está más cerca del "Estado Fallido"

El balance que puede hacerse del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, se resume así: bajo la presente administración no se ha reducido el riesgo de que México caiga en la condición de Estado fallido, sino que por el contrario se ha acrecentado.

Es más, de mantenerse la tendencia observada en los últimos 12 meses, al final del sexenio el país podría enfrentar serios problemas de gobernabilidad.

En la obra “México: ¿rumbo al Estado fallido?”, publicada en 2010, advertimos sobre el riesgo de que México cayera en esa condición caracterizada por que a la par del poder público formal hay otras fuerzas que disputan los monopolios estatales de la violencia y las exacciones. Bajo esa situación los países sufren de un inusitado nivel de violencia, caos, destrucción de riqueza y empobrecimiento.

En la mayoría de los casos, se llega a la condición de Estado fallido como resultado de guerras civiles o invasiones, pero como demuestra el caso de Colombia el actuar impune de los grupos criminales también pueden conducir a esa situación.

En varios puntos de México por encima de las autoridades públicas, los grupos criminales son los que ejercen el poder real y disputan al Estado el monopolio de la violencia y el cobro de impuestos, pues eso viene a ser el la imposición del pago periódico de “derecho de piso”. Y a esta situación se ha llegado por tres razones principales:

  • Los gobernantes dieron carta blanca para que los narcos se mataran entre sí
  • Los capos comprendieron que necesitaban menos de la protección de agentes del Estado, que dependían más de su capacidad de violencia y gracias a la misma podían obtener lo que quisieran y no sólo las rentas del narcotráfico, sino las de otros giros criminales así como las rentas lícitas de las personas inocentes mediante la extorsión generalizada y permanente
  • Los gobernantes ya sea por negligencia, temor o colusión, poco o nada han hecho para impedir que la influencia de los grupos criminales se siga expandiendo, a pesar de que crezca a costa del propio poder del Estado.

Hacia el final de la administración de Felipe Calderón eran más de un centenar los municipios en los que el poder real los tenían los grupos criminales y no los gobernantes, principalmente en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León. Y cuando menos otro centenar de municipios eran objeto de presión que hacía inminente que cayeran en la misma condición de los primeramente mencionados.

Aunque en apariencia en algunos lugares el Estado recuperó el control de la situación, la realidad es la persistencia del dominio criminal. Por ejemplo en Juárez, Chihuahua la caída de la violencia homicida es menos resultado de acciones de los gobiernos locales y federal y más resultado de que un grupo criminal se impuso a su rival.

Pero bajo la administración de Enrique Peña la situación se ha agravado. Mientras que no se ha recuperado el control de un solo municipio, más demarcaciones han caído en manos de los grupos criminales y sus abusos contra la población se han tornado más graves, sobre todo en los estados de Michoacán y Guerrero. Por eso precisamente en esos estados han surgido los grupos de autodefensa, un nuevo agente de la violencia.

Hoy hay grupos de autodefensa en decenas de municipios del país ¿En cuántos más habrá dentro de un año?

Además los secuestros y las extorsiones van al alza, han llegado a su nivel más alto en la historia del país, según las propias cifras oficiales. Pero estas no alcanzan a reflejar con fidelidad la realidad. En México cientos de miles de personas están sometidas a extorsión permanente, al pago periódico de “cuotas” a los grupos criminales, como si se tratara de impuestos.

Hoy hay en el país, al menos, 207 municipios están en la condición de “Estado fallido”. En esas demarcaciones los grupos criminales son un poder paralelo al Estado, en muchos casos más relevante.

Esos municipios representan el 8% del total y en los mismos habita el 13% de los mexicanos.

Descarga la lista completa de municipios ¡AQUÍ!

Dos estados de la república, Michoacán y Tamaulipas, se encuentran en su integridad en la condición de “Estado fallido”. En ellos el gobierno no manda; mandan los criminales.

¿Cuántos municipios más más estarán en la condición de “Estado fallido” dentro de un año?, ¿cuántos municipios y estados completos estarán bajo esa condición al finalizar el sexenio?, ¿cuántos ciudadanos más estarán sometidos al expolio de los grupos criminales además de estarlo al expolio – ahora expandido- del Estado?, ¿para qué vamos a pagar más impuestos si vamos a vivir con mayor inseguridad?

Pero lo peor de este estado de cosas es la manifiesta falta de voluntad política de los gobernantes para revertirlo. Y el más representativo ejemplo de ello es Michoacán.

Por un lado tenemos a un gobernador preocupado no porque la población sea explotada por Los Templarios, sino porque surgen autodefensas para resistirlos. Por otro lado, el gobierno federal moviliza soldados y policías federales en cuyas narices prosigue ese expolio, simulación que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio nos presenta como un “amplio avance”.

Enrique Peña ganó la elección con la promesa de reducir homicidios, secuestros y extorsiones y no está cumpliendo con su palabra. Pero incluso sin que mediara ese compromiso concreto, no está cumpliendo con el juramento que hizo al asumir el poder de cumplir y hacer cumplir la ley, cuando que está obligado a cumplirlo so pena de que, de no hacerlo, su gobierno se torne ilegítimo.

Por lo demás no se trata sólo de reducir la incidencia de tal o cual delito, sino de restaurar lo antes posible el estado de derecho en el número creciente de puntos del país en donde el poder real lo tienen los grupos criminales.