Boletín de seguridad octubre 2013

A un mes de terminar su primer año de gobierno el Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo se encuentran en lo que a seguridad pública se refiere ante los mismos objetivos y retos que al inicio de su sexenio: Erradicar la corrupción y la impunidad, acabar con el crimen organizado y los cárteles de narcotráfico, combatir eficazmente la violencia y los principales crímenes de alto impacto como el secuestro, las extorsiones, los homicidios, que aún prevalecen en todo el país.

El Estado de Michoacán, a pesar del compromiso del gobierno federal de restablecer la seguridad y el orden público mediante el envío de fuertes contingentes militares y de la Policía Federal, se convirtió en territorio de terror y de ingobernabilidad por el dominio de los cárteles Los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. El creciente número de Grupos Armados de Civiles y de Autodefensa, han agravado más la problemática de inseguridad, especialmente en la Región de Tierra Caliente.

A finales del mes de octubre pasado el gobierno federal, en un hecho sin precedentes, se vio forzado de militarizar el Puerto de Lázaro Cárdenas, reemplazar las policías y demás fuerzas de seguridad locales e incluso tomar el control de la administración y aduana del puerto.

El Estado de Tamaulipas, a pesar de la fuerte presencia de contingentes militares, se registra un considerablemente aumento de inseguridad, por los incesantes homicidios, secuestros y las extorsiones, es considerado el segundo estado más peligroso a nivel nacional (en principio junto con el Estado de Guerrero y Morelos, entre otros) por las altas cuotas de crímenes.

En la ciudad de Matamoros, después de que en un solo fin de semana ocurrieron 13 asesinatos, la alcaldesa de esta localidad, Norma Salazar, creó otro precedente, al recomendar a los habitantes del municipio que no salieran a la calle después del anochecer, para no exponerse a la violencia, asesinatos, secuestros y extorsiones de las organizaciones criminales.

Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), entre los principales delitos que ha registrado la Policía Federal entre Diciembre 2012 y Octubre 2013, figuran el robo en sus diferentes modalidades, el secuestro y las extorsiones, sin contar los homicidios y la violencia.

Hay que agregar que durante el pasado mes de octubre llamaron nuevamente la atención los numerosos robos a PEMEX, por “ordeñas” de ductos. También se han registrado asaltos a pipas y tanques de la industria química por el crimen organizado en especial en Veracruz y Tamaulipas.

La otra paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reportó igualmente considerables daños, principalmente por ataques terroristas a instalaciones en el Estado de Michoacán.

En consecuencia, el gobierno federal y las paraestatales han decidido tomar medidas especiales para reforzar la seguridad de las instalaciones.

Se registró también un aumento de asaltos a transporte público, principalmente en trayectos dentro de la zona conurbada del D.F. y el Estado de México y en otros Estados del Centro.

Resumen de la situación de (in)seguridad pública y sus principales factores

El Estado de Michoacán, considerado territorio narco, y los Estados de Tamaulipas, Guerrero y Morelos, y en menor medida el Estado de México, presentan actualmente los principales focos rojos en el país por las altas cuotas de violencia y crímenes de alto impacto como homicidios, secuestros, extorsiones, cobro de piso y asesinatos.

La Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (de la Secretaría de Gobernación) informó recién que la inseguridad del país afecta las inversiones, el turismo, la productividad y competitividad de empresas y se registra un considerable aumento de los costos por adicionales medidas de seguridad.

Si bien es cierto que durante el periodo de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se redujo el número de homicidios vinculados al narcotráfico y crimen organizado, también es cierto que los crímenes de alto impacto, en especial el secuestro y la extorsión se han disparado en los últimos meses de una manera escandalosa.

En la zona conurbada del Distrito Federal que colinda con el Estado de México ha aumentado la presencia del crimen organizado y, en consecuencia los crímenes como homicidios, secuestros, extorsiones y robos. Las delegaciones de Iztapalapa, V. Carranza, A. Obregón y Tláhuac son, por el momento las más afectadas.

La nueva estrategia del Gobierno del Distrito Federal para combatir y prevenir el delito consiste en la creación de Gabinetes de Seguridad en las 16 Delegaciones.

La Asociación Nacional de la Industria de Seguridad ha dado una alerta por el incremento del robo con violencia de autos de lujo en algunas colonias del D.F., principalmente en Lomas de Chapultepec, Polanco y Santa Fe, con un aumento del 26% en los últimos tres meses. Entre los vehículos más robados se citan camionetas de las marcas Mercedes, BMW y Cherokee.

INEGI-Instituto Nacional de de Estadística y Geografía ha registrado durante este año un aumento considerable de asesinatos de jóvenes y mujeres de entre 25 y 29 años, en la mayoría de los casos debido a la violencia impartida por el crimen organizado.

El gobierno español, por las continuas noticias sobre secuestros de ciudadanos españoles en territorio mexicano, concretamente por el llamativo secuestro virtual de cuatro músicos del grupo vasco “Delorean” en el D.F., ha lanzado una alerta a los turistas españoles ante el peligro de un secuestro o tiroteo en medio de la calle.

También Colombia, a través de La Policía Nacional de Colombia advirtió a sus ciudadanos que viajan a México por el peligro de plagios, en especial por el Cártel de Los Zetas.

Comentarios

La seguridad pública es un problema de Estado, puesto que es el Estado el que tiene el monopolio de ejercer la fuerza para combatir y sancionar a los criminales y garantizar la seguridad ciudadana.

Según la opinión de un editorialista, el país se encuentra en una situación límite, en peligro de descomposición, de perder la autoridad y el control, hay muchos territorios ocupados por el crimen organizado, no es confiable el sistema de policías, ni de amplios sectores de la justicia y el estado de derecho está cuestionado.

El creciente número de gobernadores y presidentes municipales de diferentes estados que demandan el envío de fuerzas del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal, para que refuercen o sustituyan las policías municipales desconfiables, que por corruptos y coludidos están controlados por organizaciones criminales, llevaría a una militarización de amplios territorios.

El aumento de grupos civiles armados, de autodefensa, que en algunos estados pretenden hacer justicia por cuenta propia cuenta y por su conveniencia, sin que se pueda excluir que persiguen intereses comunes con organizaciones criminales, requiere una intervención rápida y decidida de por parte las Fuerzas Federales destinadas en los respectivos territorios.

La militarización de ciertos municipios del Estado de Michoacán, y muy en particular del importante Puerto de Lázaro Cárdenas, fue una decisión del gobierno federal estratégica de alto rango. Hace tiempo que en el puerto los cárteles de Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y otros, manejaron incluso el control de la Administración de la Aduana, porque gran parte de autoridades y funcionarios locales estaban en contubernio con las organizaciones criminales. Ante esta situación, contingentes del Ejército y la Marina Nacionales, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del SAT-Servicio de Administración Tributaria, sumieron rápidamente las funciones de Seguridad Pública y Administrativa, incluyendo la Aduana, del puerto.

El Puerto de Lázaro Cárdenas es, junto con Manzanillo en el Estado de Colima, el principal puerto de entrada de los precursores químicos, procedentes principalmente de China, para la elaboración de la mayor parte de drogas (sintéticas) en México.

La importancia del Estado de Michoacán, debido a su ubicación geográfica, se ha convertido para el crimen organizado en un peligroso corredor, que va desde occidente hasta la frontera sur en el Estado de Chiapas, con conexiones a los Estados de Guerrero y Oaxaca.

En cuanto a la estrategia de combatir a los narco-cárteles y el crimen organizado, el gobierno federal ha ratificado las responsabilidades de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina). La Policía Federal ha sufrido problemas de confiabilidad en amplios sectores de la ciudadanía. Parece que la anunciada creación de una Gendarmería Nacional ha perdido actualidad.

Para el gobierno federal la profesionalización y certificación de la policía tienen aún alta prioridad.

Sin embargo la ONU pide más control de militares y policías por el aumento de torturas y violencia, en especial contra mujeres y periodistas. También reclaman las desapariciones por trata.