Michoacán lo que necesita es seguridad, no impactos en medios ni simulaciones

Ante la caída de Michoacán en la condición de Estado fallido, en la cual hay un gobierno formal pero el poder efectivo lo tienen los grupos criminales y en particular Los Templarios, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene la obligación de restablecer el estado de derecho de forma inmediata y debe para ello hacer uso de todos los recursos y potestades que las leyes le confieren.

Desde cuando menos 2006 Michoacán ha venido sufriendo un acelerado proceso de deterioro del estado de derecho, pero este terminó por ser destruido partir de la toma de posesión de Fausto Vallejo Figueroa el 15 de febrero de 2012.

A partir de entonces Los Templarios iniciaron una escalada de agresiones contra la población, pues creyeron llegado el momento de cobrar el apoyo que mediante el uso de la violencia y la intimidación dieron para que el actual mandatario estatal se impusiera en las elecciones del 13 de noviembre de 2011.

Precisamente porque Los Templarios generalizaron la extorsión y elevaron los montos del pago de “derecho de piso” y porque no contentos con ello además pretendieron disponer de las hijas, madres, hermanas y esposas de los habitantes, sobre todo de Tierra Caliente y porque todo esto ocurrió con la complacencia de no pocas autoridades de los tres niveles de gobierno, fue que surgieron las autodefensas.

O como lo dijo monseñor Miguel Patiño Velázquez, obispo de Apatzingán, en su valiente carta pastoral del 15 de octubre de 2013: El obispo, como líder social, como voz de los que no tienen voz, hablo con la verdad y exige justicia

Los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales, y cada vez más crece el rumor que el Gobierno Estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad.

“Son ya seis municipios que, al ver sus gobiernos municipales vendidos con el crimen organizado y la incapacidad del Gobierno Federal para restablecer el Estado de Derecho, han tomado la determinación de organizarse para autodefenderse.

En estos municipios se expulsaron a los miembros del crimen organizado, con lo que se acabaron las cuotas, extorsiones, levantones, secuestros, asesinatos y violaciones. Pero ahora son agredidos constantemente por los Caballeros Templarios, que intentan recuperar las plazas perdidas y ahogarlos, dificultándoles la comercialización de sus productos o impidiendo que las pipas de gasolina surtan las gasolineras que se encuentran en esos municipios.”

Felipe Calderón Hinojosa fue incapaz y no tuvo la voluntad para solucionar la situación de Michoacán. Prueba de ello es que se negó a hacer cumplir la orden de aprehensión contra Julio César Godoy Toscano, quien era parte de la dirección La Familia Michoacana y se negó también a investigar a su hermano, el ex gobernador, Leonel Godoy Rangel por su relación con ese grupo criminal, del cual se escindieron Los Templarios.

Por sus omisiones el expresidente Calderón puede y debe ser llamado a cuentas. Pero él ya no es el Presidente de la República, lo es Enrique Peña. Y ante el agravamiento de la situación en Michoacán ¿cuál ha sido su desempeño? Para responder volvemos a citar la valiente y clarificadora carta pastoral de monseñor Miguel Patiño Velázquez, obispo de Apatzingán:

“Desde mayo tenemos la presencia de las fuerzas federales (Policía Federal, Ejército y Marina) con una estrategia para devolver la paz a Michoacán. Su presencia se constata por todas partes, pero hasta la fecha no hemos visto la efectividad de su estrategia, porque no se ha capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado, aun sabiendo dónde se encuentran; prácticamente en su presencia se extorsiona, se cobran cuotas, se secuestra y se levanta a personas. Nos llama la atención cómo no han sido capaces de descubrir las casas de seguridad del crimen organizado, y hasta la fecha no hayan liberado a nadie cuando se cuentan por decenas las personas levantadas.”

Es decir ante el clamor de seguridad de los michoacanos, el gobierno de Enrique Peña les ha respondido con… baratijas, con simulaciones. Porque los retenes y patrullajes que no ponen fin a las extorsiones, secuestros, despojos, robos y asesinatos son eso, baratijas, simular que se pretende restablecer el orden cuando se carece de la más mínima voluntad de hacerlo.

También son baratijas los ofrecimientos de “programas sociales” a los habitantes de las zonas donde hay autodefensas. ¿De veras creen los gobiernos federal y estatal que porque les regalen gafas para los niños o impartan cursos de gastronomía o macramé los habitantes se van a olvidar de que no pueden salir de sus comunidades porque pueden ser secuestrados o asesinados por Los Templarios?

¿De veras creen que los habitantes de Michoacán, de lugares donde no hay autodefensas, se van a olvidar de que tienen que pagar derecho de piso o que si no lo hacen pueden ser asesinados o sufrir el despojo de sus propiedades y que todo esto ocurre en las narices de policías federales y militares?

Lo que el gobierno de Enrique Peña tiene que hacer y ya lo sabe, pero se lo recordamos:

  1. Erradicar por completo las prácticas de extorsión y en particular el cobro de “derecho de piso”, los secuestros, despojos y asesinatos por parte de los grupos criminales y en particular de Los Templarios.
  2. Desarticular por completo a esas organizaciones criminales para lo cual todos sus líderes y todos los integrantes de sus células deben ser detenidos.
  3. Realizar una investigación sistemática y exhaustiva de los gobernantes de los tres niveles de gobierno, los ex gobernantes que han brindado protección a los grupos criminales y sus personeros, incluyendo a los familiares del actual gobernador Fausto Vallejo y el ex gobernador interino Jesús Reyna García, así como del ex gobernador Leonel Godoy, entre muchos otros, para -en su caso- acusarlos penalmente y hacer que paguen por sus crímenes.
  4. Proceder a la aprehensión de los responsables materiales e intelectuales del asesinato del Presidente Municipal de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, ocurrido el 2 de noviembre de 2011 y respecto a los cuales la Procuraduría General de la República dispone de la información suficiente pero se ha negado a actuar, favoreciendo así la impunidad.
  5. Hacer efectiva la orden de aprehensión por el asesinato de 14 agentes federales y delincuencia organizada contra Julio César Godoy Toscano.
  6. Se den plenas garantías a la seguridad del obispo Miguel Patiño Velázquez y demás religiosos de la diócesis de Apatzingán que de manera tan ejemplar y valiente han denunciado el estado de cosas que prevalece en Michoacán. A ellos expresamos nuestra más completa e incondicional solidaridad.
  7. Que en lugar de desentenderse de manera irresponsable de la protección de los gobernantes locales, el gobierno federal asuma su obligación de protegerlos. Cuando un gobierno admite que no puede ni siquiera proteger a los gobernantes ¿qué pueden esperar los ciudadanos de a pie?
  8. Promover y facilitar la denuncia ciudadana y aprovecharla.

Si el Presidente Enrique Peña considera que no puede cumplir con su obligación, si cree que las fuerzas de seguridad bajo su mando no pueden cumplir con su misión de restaurar el orden y el estado de derecho en Michoacán, pues que lo admita y actué en consecuencia.

Aun admitiendo semejante desastre le quedan opciones, como la de contratar a una empresa militar privada extranjera para que hagan la tarea que las fuerzas nacionales de seguridad pública, al parecer, son incapaces de cumplir.

Cuando en 2004 la ciudad de Nueva Orleans fue azotada por el huracán Katrina y la atención de los damnificados era imposibilitada por el caos y la acción de bandas criminales y cuando la policía local y la Guardia Nacional eran incapaces de garantizar seguridad, para restablecer el orden el gobierno estadounidense no dudó en recurrir a una empresa militar privada (Blackwater).

Si para para cumplir la más primordial de su obligaciones, que es proteger a los gobernados, el gobierno del país más poderoso del mundo no dudó en contratar a una empresa militar privada ¿por qué no puede hacerlo el gobierno de Enrique Peña Nieto?

Organizaciones de la Sociedad Civil

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Presidente
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC

Lic. Ernesto Benítez Valle
Representante
Fondo Unido Rotario de México AC

Mtro. Francisco J. Landero Gutiérrez
Presidente
Suma por la Educación

Lic. Ricardo Espinoza López
Secretario General CEN de la
Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana

Ing. Humberto Arellano Carrasco
Movimiento Blanco Capítulo DURANGO

Lic. Silvia Lupián Durán
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de Baja California Sur

Lic. Aurelio Valdespino
Red Social por un México Libre de Adicciones

“A los medios de comunicación y sociedad en general. El “Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C.”, hace de su conocimiento, que en relación a los boletines difundidos en esta página, con fechas 7 de agosto y 12 de noviembre, ambos de 2013, intitulados “Michoacán: sin objetivos y sin plazos, todo seguirá igual” y “Michoacán lo que necesita es seguridad, no impactos en medios ni simulaciones”.
Se aclara que nunca fue nuestra intención afirmar que el ex Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, perteneciera o tuviera relación con el grupo criminal conocido como “La familia Michoacana”, actualmente “Caballeros Templarios”. Nosotros no lo consideramos de esa forma, ni contamos con pruebas para afirmarlo, por lo que se aclara; y, si con las palabras empleadas se entiende de otra forma y se trastocó sus derechos al honor y presunción de inocencia se le extiende una disculpa pública”.