La masificación del secuestro se acelera ante la negligencia de los gobiernos federal y locales

En su calidad de candidato, el ahora Presidente de la República, Enrique Peña Nieto hizo el compromiso solemne de reducir cuando menos a la mitad la incidencia de secuestros, extorsiones y homicidios.

Pero en lo que va del mandato del Presidente Peña, la incidencia de secuestros y extorsiones en lugar de descender o cuando menos mantener su nivel, se ha disparado.

De acuerdo con las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto de 2013, los secuestros registrados fueron 1,130 frente a los 837 en el mismo periodo de 2012, es decir, un 35% más.

De mantenerse la tendencia, 2013 terminará con casi 1,700 plagios (1,695), la mayor cifra registrada desde 1997, cuando el Sistema Nacional de Seguridad Pública inició el registro de delitos denunciados en el país.

Pero las cifras del Sistema sólo revelan un parte de la realidad del secuestro, que en México ha adquirido proporciones masivas desde 2008. Además hay que considerar los plagios denunciados ante la Procuraduría General de la República y los secuestrados rescatados por el ejército y la marina.

Si consideramos estas cifras que nos han sido proporcionadas mediante una petición formal de información, resulta que en el primer semestre de 2013, los secuestros en el país no fueron los 832 registrados por el Sistema, sino 1,802. Esta cifra resulta de sumar a esos 832, los 512 registrados por la PGR, los de 334 personas rescatadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y los de 124 personas rescatadas por la Secretaría de Marina.

Por tanto, 2013 podría concluir con más de 3,600 secuestros, cifra superior a la de 3,259 en 2012 y que también incluye los datos de las otras fuentes oficiales además de los del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ningún país en el mundo ha tenido tal cantidad de secuestros en un año. La cifra más cercana es de 2,587 plagios ocurridos en Colombia en 1999, el peor año que el país sudamericano tuvo en la incidencia de ese delito.

Y se podría objetar esta comparación, pues Colombia en aquel entonces tenía el 40% de la población de México. Pero habría que recordar que el país sudamericano enfrentaba casi una guerra civil. Además aquí sólo hemos considerado los secuestros de los cuales hay algún registro oficial, no así los plagios exprés, la cifra oculta y el secuestro masivo de migrantes.

Si consideramos el secuestro masivo de migrantes, cuyas víctimas al año son alrededor de 20 mil, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces en México está habiendo más de 23 mil secuestros o una tasa de 20 plagios por cada 100 mil, frente a la máxima tasa que tuvo Colombia en 1999 de 6 secuestros por cada 100 habitantes. Es decir la tasa de México es tres veces superior a la máxima registrada en algún otro país en la historia.

Además y de acuerdo al seguimiento cotidiano que hacemos sobre víctimas de secuestro asesinadas, hemos detectado un aumento de la ejecución de plagiados en los últimos cuatro meses. Si en 2012 contamos 144 víctimas de secuestro asesinadas, en 2013 es muy probable que la cifra sea superior a 200.

Esta situación desastrosa es resultado de la actuación negligente de los gobiernos locales y las administraciones federales de los últimos 20 años, incluyendo la del Presidente Peña, la cual en los hechos ha demostrado carecer de una política contra este delito y que, en general, no considera su prioridad la lucha contra la inseguridad.

La situación del secuestro es especialmente grave en los estados de Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Veracruz.

Morelos tiene la mayor tasa de secuestros en el país con 9 por cada 100 mil habitantes, seguido por Guerrero con una tasa de 7, Tamaulipas con una tasa de 6 y Michoacán y Tabasco de 4.

Veracruz presenta una tasa de 1.44 secuestros por cada 100 mil habitantes similar a la nacional. Pero las cifras oficiales que reporta el gobierno de Veracruz son falsas, están “rasuradas”. Baste recordar que en 2010 reportó cero secuestros, cuando que en ese año 8 víctimas de secuestro fueron asesinadas y ante la PGR se denunciaron 42 plagios.

Pero estas tasas están calculadas sólo considerando las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La realidad es mucho peor en estos estados, donde la cifra oculta es superior a la de plagios denunciados.

En Morelos, en los primeros 8 meses de 2012 fueron reportados 53 secuestros por la procuraduría estatal y en los primeros 8 meses de 2013 ya iban 106: un aumento del 100%. Pero esos son los plagios denunciados, pues hay decenas que en este año no se han denunciado, por temor de las víctimas a represalias, a partir de la sospecha de colusión de autoridades de procuración de justicia y seguridad pública con los criminales.

En 2012, de acuerdo a nuestro ranking de municipios más violentos del país, Cuernavaca fue el quinto municipio con mayor incidencia de secuestros en el país.

En Morelos el gobernador Graco Ramírez Abreu ha probado su negligencia ineptitud y falta de sensibilidad ante la inseguridad y el secuestro. Prueba de ello es su decisión de nombrar y mantener al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal a Alicia Vázquez Luna, quién carece de experiencia alguna en labores de seguridad pública pero cuyo mérito es haber defendido a los acusados de delitos que le encargó el hoy Gobernador, Graco Ramírez.

Vazquez Luna, cuando laboraba en la Procuraduría de Morelos como Ministerio Público, aceptó la reclasificación del delito de homicidio calificado con todas las agravantes a un sujeto integrante de la banda que secuestró y asesinó a Paola Gallo Delgado. Gracias a esa aceptación, el acusado fue sentenciado por homicidio simple intencional, con lo cual el delincuente logró una sentencia de tan solo 9 años de prisión cuando le hubieran correspondido más de 20.

No contenta con ello, Vázquez Luna después litigó en favor de este criminal para que siguiera evadiendo la responsabilidad por los diversos secuestros en que participó meses antes del secuestro de Paola Gallo, logrando incluso que en uno de los casos el sujeto fuera declarado inocente y aunque en el otro caso también logró que el Juez de Primera Instancia lo declarara inocente, el Tribunal Superior de Justicia revocó dicha sentencia de inocencia y lo declaró culpable, sentenciándolo a más de 30 años de prisión, congruentemente con las sentencias de los Tribunales Federales que, por su parte, lo sentenciaron por delincuencia organizada y portación de arma de fuego reglamentaria de las fuerzas armadas.

¿A quién puede sorprender que el secuestro y otros delitos estén creciendo explosivamente en Morelos, cuando las instituciones de seguridad pública se ponen en manos de los defensores de los criminales?

Resulta en realidad secundario que ahora Alicia Vázquez Luna sea echada, el daño ya está hecho y el Gobernador Graco Ramírez ya ha probado cuáles son sus intereses y que no son los de los ciudadanos.

Tamaulipas es el estado en donde el secuestro ha adquirido las proporciones más masivas y más crueles. Recuérdese que en el estado fueron asesinados de 72 migrantes centroamericanos secuestrados en 2010 y, en 2011 al menos 30 mexicanos que se disponían a ingresar a Estados Unidos fueron secuestrados y asesinados y sus cadáveres fueron enterrados con los de 200 personas más en fosas clandestinas.

Recuérdese también que en enero del presente año cuatro comerciantes, dedicados a la compra y venta de automóviles, fueron secuestrados y asesinados en Reynosa, con la complicidad de la policía municipal. Y considérese también que Tamaulipas es el estado donde más extranjeros han desaparecido sin dejar rastro, que este estado es un verdadero agujero negro que atrapa y destruye seres humanos.

Conforme a nuestro ranking de los municipios más violentos del país, en 2012 de los 20 municipios con las mayores tasas de secuestro, cinco eran de Tamaulipas.

En 2012, según los datos reportados por el gobierno del estado hubo 123 secuestros, pero la cifra oficial está muy lejos de la verdad. En realidad hubo al menos 690 secuestros, si se consideran además los 253 denunciados ante la PGR, las 289 víctimas de secuestro rescatadas por el Ejército y las 25 rescatadas por la Marina.

En el primer semestre de 2013 ya iban 517 secuestros: 100 reportados por el gobierno estatal, 120 denunciados ante la PGR así como los correspondientes a 191 plagiados rescatados por el Ejército y 106 por la Marina. De mantenerse la tendencia, Tamaulipas cerrará el año con más de mil secuestros o una tasa de 30 por cada 100 mil habitantes.

Pero esto tampoco da el cuadro completo del infierno del secuestro en Tamaulipas. La mayoría de los plagios no son denunciados porque las víctimas saben que el gobierno estatal, la procuraduría de justicia del estado y las policías estatales y municipales, así como no pocos servidores públicos federales, están completamente entregados al Cártel del Golfo y otros grupos criminales, a quienes las autoridades les permiten todo: los secuestros de nacionales y migrantes extranjeros, el tráfico y trata de personas, el robo de combustible, la extorsión permanente a escala masiva y el creciente control de actividades lícitas como el reciclaje, la distribución de la carne de pollo, la venta de vehículos usados, el transporte público urbano, los sindicatos de maquiladoras y la obra pública.

A nombre de las víctimas que han optado por no participar directamente en esta denuncia, ni siquiera con los rostros cubiertos y con el uso de deformador de voz, decimos: miles de personas han sido víctimas de secuestro en Tamaulipas.

Sólo en Reynosa cada fin de semana unas 30 personas son víctimas de secuestro exprés, parte de las cuales son jóvenes que acuden a fiestas privadas cuya organización controlan los mismos grupos criminales.

Además está el secuestro masivo de migrantes. La CNDH ha calculado que se cometen unos 2 mil al año en Tamaulipas. Si consideramos que el Ejército, la Marina y la Policía Federal han rescatado a casi 300 migrantes secuestrados en lo que va del año, eso demuestra lo muy aproximado a la realidad de las estimaciones de la CNDH conforme a sus investigaciones y lo que nos dicen las víctimas de secuestro de Tamaulipas, que hoy no están presentes en persona.

Pero no se trata de sólo de las cifras. Hay que considerar el gran sufrimiento humano que los números reflejan. Recientemente la Policía Federal rescató a 11 secuestrados y encontró los cadáveres de dos víctimas más. Tenemos testimonios de secuestrados que señalan haber estado privados de libertad con decenas de personas más y que debieron soportar durante varios días las sesiones de tortura de sus compañeros de cautiverio y el hedor de los cadáveres en descomposición.

Ese es el horror del secuestro en México. Ese es el horror que han permitido los gobiernos federal y locales de nuestro país.

A t e n t a m e n t e

Lic. José Antonio Ortega Sánchez.- Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C.
Lic. Eduardo Gallo y Tello.- Activista Social en seguridad, justicia y derechos humanos.

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