Boletín de seguridad agosto 2013

En su primer informe de gobierno, el 2 de septiembre 2013 en Los Pinos, el Presidente Enrique Peña Nieto señaló avances muy puntuales en Seguridad en los primeros 9 meses de su mandato, parte de la nueva política pública de seguridad y justicia, de coordinación e inteligencia.

Estos criterios del Presidente coincidieron con diversas publicaciones en los medios acerca de una considerable reducción de los homicidios (hasta más de un 20%), relacionados con delitos federales, principalmente en las ciudades y regiones más violentas del país.

Además destacaron la captura de dos grandes capos, el “Z – 40” del cártel de Los Zetas, y de “X – 20”, del Golfo, la detención del “M – 10”, uno de los jefes de plaza de la organización de Los Caballeros Templarios, el lugarteniente del Cártel de Sinaloa de “El Chapo” y el líder del Nuevo Cártel de Juárez, así como la neutralización de unos 62 de los 122 criminales más buscados en el país, según la clasificación presidencial.

No obstante, en la ciudadanía sigue la precepción de inseguridad, de violencia y de elevadas cifras de delitos y crímenes de alto impacto (secuestros, extorsiones, etc.), principalmente homicidios causados entre los grupos del crimen organizado por su lucha por el control de amplios territorios.

Se considera que el creciente número de grupos civiles de autodefensa, etc., por el desarrollo de actividades ilícitas en diferentes estados, ha calentado más el clima de la inseguridad en el país.

Ciudadanos Integrantes de organizaciones cívicas opinan que a pesar de resultados obtenidos por los cuerpos de seguridad pública, no ha avanzado el tema de la homologación policial a nivel nacional, y que el país requiere policías confiables, profesionalmente formados y evaluados, bajo un mando unificado. Además reclaman más esfuerzos en combatir corrupción e impunidad.

En la zona Metropolitana del D.F., la problemática cotidiana se centralizó en los últimos quince días de este mes de agosto en la movilización de gran número de maestros y trabajadores de la educación en trabajadores de Educación en protesta contra la Reforma Educativa y la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente.

Las manifestaciones, marchas, bloqueos y disturbios comandados por la CNTE –Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, afectaron las principales vías públicas, el Senado, la Cámara de Diputados y el Aeropuerto Internacional.

Los bloqueos de las vialidades afectaron a millones de ciudadanos usuarios de los medios de transporte público, el comercio, las pequeñas y medianas empresas con pérdidas incuantificables.

Ante la pasividad del Jefe del GDF, su falta de autoridad e incompetencia para aplicar las leyes, ocasionó fuertes críticas y reproches de gran parte de la ciudadanía. También la CNDH-Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló fuertes críticas e inició una investigación por no aplicar el Código Penal del DF, que defina los delitos por bloqueos y alteración de la paz pública.

El Distrito Federal y su Zona Metropolitana vivió una gran tensión, que causó la impresión que la capital de México, sede del Gobierno Federal, vivía una situación de estado de sitio.

En este contexto algunos observadores políticos resaltaron la falta de coordinación entre los responsables de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal y las autoridades federales y, en este contexto, reclamaron no existencia de una estrategia del Gobierno Federal que apoyara y garantizara la seguridad en la capital del país.

La notoria falta de autoridad y decisión del Jefe del D.F. para restablecer el orden público y y defender los derechos de los ciudadanos ante los desmanes de una minoría afectó finalmente también la reputación del Gobierno Federal y de esta manera el Presidente Peña Nieto fue víctima de un “fuego cruzado”.

Por otro lado estos antecedentes obligaron al Presidente de la República de cambiar la fecha y el lugar de su primer informe de gobierno y de cancelar su visita oficial a Turquía, camino a la Cumbre del G 20 en St. Petersburgo (el 4 y 5 de septiembre).

En medio de esta caótica situación predominante en el D.F., la noticia de la Procuraduría General de la República del 23 de agosto, de haber encontrado los doce cadáveres de los desaparecidos en el Bar Heaven el 26 de mayo, más uno que constituye la víctima número trece, en una fosa clandestina en un rancho en Tlalmanalco, en el Estado de México, pasó casi inadvertida.

Resumen de la situación de (in)seguridad pública y sus principales factores

Las principales causas de la aún latente inseguridad generalizada en todo el país, que afecta de una manera singular a 22 estados, se manifiestan en las incesantes actividades del crimen organizado, en los crecientes operativos de grupos de autodefensas, principalmente en Michoacán y Guerrero, pero sobre todo en los crímenes de los narco-cárteles en las ciudades de Tijuana, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Sinaloa, Nuevo Laredo y Cuernavaca. En estos lugares los crímenes están principalmente relacionados con el narcotráfico, los secuestros, la extorsión y el robo con violencia en sus diversas formas.

En estos lugares se cuenta con más operaciones directas del ejército contra los grupos criminales.

Parece que en los primeros nueve meses de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto las denuncias por secuestro y extorsión en todo el país aumentaron en más de 25%, con tendencia a la alza en los próximos meses. Según informan algunas ONG, en el pasado mes de mayo se registraron el mayor número de extorsiones en los últimos siete años.

Las diversas modalidades de los secuestros van de la privación ilegal de la libertad por el pago de un rescate y el secuestro exprés para extorsionar cobrar un rescate menor o/yo obligara a pasar por los cajeros automáticos, o/y amenazas y chantajes para pago de derecho de piso.

Estos delitos demuestran un considerable aumento en el Estado de México, el Distrito Federal y los Estados de Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Morelos, Michoacán y Guerrero.

Los delitos de robo reflejan por lo general una reducción, pero no obstante, en lo concerniente a casos de robo a casa habitación, a negocios, a transportistas, autobuses de pasajeros y transporte de carga en las carreteras, se han registrado un aumento.

Un reporte de un Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero de Estados Unidos en México (OSAC), que indica que en el D.F. los robos a mano armada en general, el robo de autos y en residencias, los secuestros exprés, los fraudes con tarjetas de crédito y otros incidentes criminales contra usuarios de autobuses, el metro y taxis en el D.F. son preocupantes.

En el Estado de Michoacán sigue la difícil situación de violencia, ingobernabilidad y de “soberanía violada”, a pesar de la incuestionable intervención federal con unidades del Ejército y de la Armada (que suman una fuerza de unos seis mil) y un considerable contingente de la Policía Federal. Sigue la presencia y el dominio de importantes municipios y territorios en manos del crimen organizado, a la vez que los grupos criminales promueven los grupos de autodefensa.

Esta situación puede derivar en un estallido social y en una degradación de la sociedad.

En el Estado de Guerrero, en Acapulco y particularmente en Culiacán, siguen predominando los crímenes de extorsión por el cobro de derecho de piso a comerciantes y particulares y se registran más homicidios. En consecuencia las autoridades correspondientes han reclamado más presencia de fuerzas federales.

En diferentes lugares de la sierra de Guerrero, de Sinaloa y otros lugares del país, p.ej. en Mazatlán, centenares de campesinos han tenido que abandonar sus tierras por la fuerte presencia de miembros de grupos del crimen organizado.

El Estado de Oaxaca se ha convertido en uno de los estados con índices más altos de feminicidios.

En el Estado de México y particularmente en las zonas limítrofes del Distrito Federal, hay una fuerte presencia de grupos del crimen organizado y se registran un aumento de homicidios entre ellos y de secuestros y extorsiones. El creciente número de asaltos a autobuses del transporte público en las dos entidades ha obligado a operativos policiales de protección los pasajeros.

Comentarios

En los primeros nueve meses de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y a pesar de ciertos resultados de la nueva estrategia de combate al crimen organizado, la situación de la seguridad pública en todo el país es preocupante.

El Ejército y la Marina, pero también la Policía Federal, han tenido que reforzar sus contingentes do su presencia en muchos estados y ampliado sus operativos directos contra el crimen organizado.

Las manifestaciones encabezadas y dirigidas por la CNTE en la Zona Metropolitana y en otros Estados del país, como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Morelos y en el Estado de México, dañaron mucho la imagen de México a nivel internacional.