Chilpancingo está al borde del estallido social

Pedimos al estado mexicano restablecer el estado de derecho ¡de inmediato!

Chilpancingo, como gran parte del estado de Guerrero, se ha convertido en un territorio en donde el control y poder absoluto lo tienen los grupos criminales quienes han impuesto al conjunto de la población un feroz sistema de expolio, con la complacencia de algunas autoridades y servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

Mientras los habitantes de Chilpancingo contribuimos al desarrollo del país además de la generación de empleos y pago de impuestos a las autoridades legítimas, a la par somos obligados a tributar al sistema de recaudación criminal bajo la amenaza real de secuestro, tortura, asesinato o la destrucción de nuestras propiedades. Casi nadie se salva del “cobro de piso”. Y quienes aún no lo hacen, poco les falta en ser obligados a hacerlo.

Desde al menos 2011 ha venido creciendo el problema de la extorsión permanente, mediante el cobro periódico de “cuotas” por parte de los grupos criminales que operan en la zona y que están plenamente identificados por ciudadanos y algunas autoridades quienes brindan protección, información e impunidad a los delincuentes.

Por ejemplo, la mayoría de los sectores como: ferreterías, casas de materiales, constructoras, tablajeros, pollerías, abarroteros, hoteleros y muchas mas están obligados a entregar cierta cuota periódicamente dependiendo de la actividad que sea o, un porcentaje en el caso de las constructoras, quienes pagan hasta el 15% del valor del contrato, además de obligarlos a firmar contratos colectivos extorsivos con sindicatos coludidos; en el sector transportes, en particular en Chilpancingo, circulan 200 taxis pintados con los colores de sitio, numerados y con placas particulares o sin ellas, que están impuestos por la delincuencia organizada a quien le generan utilidades e información.

Todas las personas del comercio informal, que venden mercancías lícitas o ilícitas, son extorsionadas, pagando cuotas todos los días.

Para el “cobro de piso” los grupos criminales acuden personalmente a los negocios, sin ningún temor e inclusive volteando a las cámaras a manera de reto o utilizan a los líderes de los sectores a quienes se entrega la cuota directamente sabiendo que cuentan con la protección policiaca y de otros corruptos servidores públicos.

En el último año decenas de personas han sido víctimas de secuestro y los criminales han obtenido rescates que van de los 50 mil al millón de pesos o más, en algunos casos. Las víctimas no han sido sólo empresarios y sus familiares sino maestros, doctores y otros profesionistas. En estos momentos hay 14 empresarios privados de su libertad y en consecuencia más de un centenar de familias han abandonado el municipio y cientos más planean hacerlo.

Todo esto ha sido posible debido a que los criminales cuentan con la protección y complicidad de las policías y algunos servidores públicos de los 3 niveles de gobierno.

Es imposible que las instancias encargadas de impartir la justicia no estén enterados de lo que ocurre en la capital del estado, por ejemplo, la procuraduría en lugar de investigar y perseguir a los integrantes de toda esta maquinaria de extorsión, inventa cifras como la de que en el primer semestre de 2013 hay sólo 10 casos de extorsión en Chilpancingo.

El Gobernador Ángel Aguirre Rivero sabe exactamente lo que ocurre, pero carece de la más mínima voluntad política para cumplir con su obligación como gobernante. Ello lo aseguramos después de las denuncias que le hemos presentado y los señalamientos puntuales y directos que le hemos hecho en las reuniones con Él sostenidas sin tener acciones y resultados tangibles.

También es imposible que los funcionarios federales asignados al estado ya se trate del Delegado de la PGR, del Coordinador Estatal de la Policía Federal, del Jefe de la 35 Zona Militar o del Delegado del CISEN no sepan lo que está pasando en Chilpancingo y piensen que es suficiente exhibir convoyes de hasta 60 camiones y tanquetas militares que junto con camionetas de la policía federal solo realizan recorridos turísticos y lo alarmante que acontece no lo informen a sus superiores.

Es por demás sospechoso que a la fecha no haya ocurrido algún incidente delictivo en contra de algún funcionario, diputado o gobernante cuando se sabe de las fortunas que amasan en su gestión.

Señor Presidente de la República:” si sus colaboradores no le están informando”, hoy la sociedad civil lo está haciendo

En Chilpancingo no existe el estado derecho, quienes mandan son los criminales protegidos por algunos funcionarios de los tres niveles de gobierno, que han impuesto sobre los habitantes de este municipio un sistema recaudatorio paralelo al del Estado Mexicano

La paciencia de los habitantes de Chilpancingo ha rebasado el límite. Hemos hecho esfuerzos denodados por contener la indignación popular, pero ya no podemos hacer más. Estamos a punto de que los habitantes del municipio sigan el camino de sus vecinos de otros municipios de Guerrero o de Michoacán; si no se nos atiende no tendremos alternativa más que tomar la justicia en nuestras manos ejerciendo nuestro inalienable derecho a la autodefensa, porque el Estado ha incumplido de manera absoluta sus obligaciones primordiales de protegernos.

Por tanto, Señor Presidente, demandamos su intervención comprometida y eficaz a fin de restablecer de inmediato el estado de derecho en Chilpancingo y en Guerrero.

Específicamente demandamos:

  1. Que se despliegue a la brevedad posible una fuerza federal que erradique del municipio a los grupos criminales y su esquema de extorsiones, secuestros y robos, así como urgentemente limpiar el parque vehicular del transporte público que impunemente circula.
  2. Que La PGR ejerza atracción en los casos de secuestro y extorsión ya denunciados como parte de sus facultades contra la delincuencia organizada y ejerza la acción penal contra los responsables, sin cabida alguna para la impunidad.
  3. Que se investigue y ejerza acción penal contra los servidores públicos municipales, estatales y federales que han brindado protección a los grupos criminales o han incurrido en negligencia y son responsables, por omisión, de la grave situación aquí denunciada.
  4. La rotación inmediata de mandos militares asentados en el Estado de Guerrero así como la de representaciones federales encargadas de la seguridad en el Estado.

Al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, solicitamos emprenda de inmediato una investigación y envié un equipo de visitadores para constatar la grave, sistemática y generalizada violación a los derechos humanos a la seguridad pública y a la justicia penal en Chilpancingo y emita las recomendaciones necesarias.

A la opinión pública nacional e internacional solicitamos su solidaridad y estar atenta a la situación en nuestro municipio así como a la respuesta que merezca del ejecutivo federal.

Convocamos a las organizaciones y sociedad civil en general a participar en esta gran lucha que es por el resguardo de nuestro patrimonio de nuestras vidas y por el futuro de las nuevas generaciones, pedimos además su comprensión y apoyo para las acciones que habremos de tomar, porque no vamos a soportar más que nuestras propiedades, nuestras familias y nuestra dignidad sean destruidas.

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.

 Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (CCSDEG)
Coparmex Chilpancingo
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Guerrero
Frente Amplio Cívico de Comerciantes de Acapulco
Coalición de Comerciantes y Prestadores de Servicios del Estado de Guerrero
Maquiladores de Uniformes trabajando Unidos por Guerrero
Unión de Transportistas Democráticos A.C.
Sociedad Médica de Chilpancingo Colegio de Médicos del Centro A.C.
Sociedad Médica de Tixtla
Colegio Guerrerense de Arquitectos A.C.