Michoacán: sin objetivos y sin plazos, todo seguirá igual

En el marco del Acuerdo por Michoacán, el gobierno federal manifestó que mantendría su presencia hasta lograr se restablezca la seguridad en el estado, compromiso ya expresado con motivo de la movilización de un contingente militar iniciada el 20 de mayo.

Pero debe recordarse que un compromiso similar hizo el gobierno de Felipe Calderón y hoy la inseguridad en Michoacán es mayor que hace seis años.

Sin establecer con toda claridad cuáles son los objetivos que se persiguen en Michoacán y sin plazos para cumplirlos, dentro de seis años vendrá otro gobierno a decir que se propone restablecer la seguridad en lo que quede del estado y en tanto los michoacanos seguirán sufriendo.

Para poder definir los objetivos y los plazos para alcanzarlos, habría que comenzar por decir sin tapujos cual es el problema en Michoacán, cosa que la actual administración no ha hecho.

Nosotros sostenemos que el problema no es el narcotráfico, ni la violencia entre grupos criminales; tampoco lo es la aparición de grupos de autodefensa, estén o no vinculados a cárteles de la droga.

Nosotros sostenemos que son cuatro los problemas de Michoacán:

Primero. Los grupos criminales, primeramente La Familia y ahora ésta y su escisión Los Templarios, se han convertido en una fuerza que tiene el poder efectivo, por encima del que corresponde al de las autoridades públicas legítimas y esos grupos han utilizado su poder para expoliar a la población.

Estos grupos criminales han ido imponiendo un sistema de exacciones permanentes a grupos crecientes de habitantes de Michoacán. Primero desataron una ola de secuestros, que se mantiene hasta la fecha; después procedieron a imponer el cobro de “derecho de piso” a agricultores de aguacate y limón, entre otros productos; a resineros y a madereros; a ganadores, profesionistas liberales, comerciantes e industriales.

Estos grupos han creado “impuestos” a todo: al número de hectáreas cultivadas y a las cosechas; a las cabezas de ganado vendidas; a casi todas las mercancías de uso común, como la carne, el pan o las tortillas. Han establecido incluso cuales son los precios que los productos deben tener, para garantizar sus “cuotas”.

Estos grupos pretenden no sólo apoderarse de las rentas que provienen del narcotráfico y otras actividades criminales, sino las rentas de todas las personas dedicadas a actividades lícitas. Tienden en suma, a convertir a los habitantes del estado en sus esclavos.

Segundo. La Familia y Los Templarios han podido operar con tal impunidad porque han gozado de una amplia protección de gobernantes y políticos locales, pero también de muchos servidores públicos federales.

Los habitantes de muchos de Michoacán los dicen claramente: presidentes municipales, jefes de policía, conviven cotidianamente con los jefes de los grupos criminales.

Pero bajo el gobierno de Leonel Godoy las cosas llegaron más lejos. Él y su hermano Julio César usaron todo su poder para proteger a estos criminales.

Y respecto a las autoridades federales, es cierto que varios cabecillas fueron capturados y otros abatidos, pero no pudieron o no quisieron destruir la estructura de los grupos criminales, que se mantuvo y continuó expoliando a la población.

Pero esta protección no terminó con el fin de la gestión de Leonel Godoy. En su momento se documentó que Los Templarios intervinieron en la elección local de 2011 para favorecer al candidato del PRI a gobernador, Fausto Vallejo.

Bajo el gobierno de éste los grupos criminales siguieron actuando con igual o mayor impunidad que antes. La situación llegó a ser tan desesperada para la población en varios municipios del estado, como para surgieran los grupos de autodefensa.

Tercero. El gobierno de Felipe Calderón pese a tener un diagnóstico similar a éste y pese a haber intentado actuar contra la red política de protección a los grupos criminales, al final abandonó su propósito e incumplió con sus obligaciones legales.

Calderón ordenó que no se ejecutara la orden de aprehensión contra Julio César Godoy ni que se acusara penalmente a Leonel Godoy ¿Por qué razón? Porque de haber procedido así, el entonces Presidente de la República supuso que habría cancelado la posibilidad una alianza electoral en 2012 entre su partido, el PAN y el partido de los Godoy, el PRD.

Cuarto. La intervención del gobierno federal no parece responder al objetivo obvio de erradicar sistemáticamente a Los Templarios y demás grupos criminales.

Por ejemplo, en el municipio de Buenavista los habitantes se preguntan porque la presencia de fuerzas federales se limita a patrullar zonas en donde las autodefensas ya habían expulsado a Los Templarios y no avanzan más allá, hacia los bastiones de los grupos criminales o porque no se detiene a sus jefes y sicarios, porque pueden seguir extorsionando a los pobladores de muchos municipios de Tierra Caliente y otras regiones.

Si el gobierno del Presidente Enrique Peña no considera estos hechos y no actúa en consecuencia, la seguridad no regresará a Michoacán y la situación empeorará. Adicionalmente, si se actúa contra las autodefensas y no contra los grupos criminales hasta su completa erradicación y contra la red política que les ha dado protección –antes y ahora-, entonces en muchos michoacanos se afirmará la sospecha de que el gobierno estatal y también el federal, están coludidos con Los Templarios.

Por tanto, al gobierno federal demandamos:

  1. Se establezca como objetivos de su intervención en Michoacán la completa erradicación de los grupos criminales, en particular de Los Templarios y la Familia, con la captura de todos sus líderes e integrantes, así como de la red política que les ha dado protección.
  2. La PGR ejecute la orden de aprehensión en contra de Julio César Godoy y reactive la investigación sobre la protección dada a los grupos criminales por parte de Leonel Godoy, para -en su caso- se ejerza en su contra la acción penal.
  3. Se investigue a las autoridades federales, estatales y municipales para establecer sus responsabilidades por omisión y acción con relación a los grupos criminales, en particular respecto a las denuncias penales por extorsión, secuestro, robo y homicidio, cometidos por integrantes de los aludidos grupos criminales.
  4. Se establezcan los plazos para el cumplimiento de estos objetivos.
“A los medios de comunicación y sociedad en general. El “Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C.”, hace de su conocimiento, que en relación a los boletines difundidos en esta página, con fechas 7 de agosto y 12 de noviembre, ambos de 2013, intitulados “Michoacán: sin objetivos y sin plazos, todo seguirá igual” y “Michoacán lo que necesita es seguridad, no impactos en medios ni simulaciones”.
Se aclara que nunca fue nuestra intención afirmar que el ex Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, perteneciera o tuviera relación con el grupo criminal conocido como “La familia Michoacana”, actualmente “Caballeros Templarios”. Nosotros no lo consideramos de esa forma, ni contamos con pruebas para afirmarlo, por lo que se aclara; y, si con las palabras empleadas se entiende de otra forma y se trastocó sus derechos al honor y presunción de inocencia se le extiende una disculpa pública”.