Boletín de seguridad junio 2013

El gobierno, a través de su Secretario de Gobernación, Osorio Chong, no se cansa de asegurar que la violencia y los crímenes de alto impacto, como homicidios, secuestros, extorsiones y robos de vehículos, muestran una tendencia a la baja, gracias a la nueva estrategia de combate de la inseguridad. El problema es la falta de credibilidad porque la información correspondiente a la violencia y los crímenes no es sustentada con datos verificables.

El INEGI – Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a su vez, presenta un cuadro de mejora en su percepción actual y se muestra optimista en su apreciación sobre las futuras condiciones de seguridad pública a nivel nacional. En el mes de junio 2013 ubicó el Índice de Percepción sobre la Seguridad (IPSP) en un 5.6% por arriba del mes de junio de 2012.

Ante esta situación la presentación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se considera pieza clave dentro de la nueva estrategia del gobierno para el combate de la inseguridad. Con la participación de nueve secretarías federales y la cooperación de la Comisión Nacional de Seguridad, como objetivos principales de este Programa se pretende articular políticas, evitar duplicidades y coordinar las funciones entre las Policías Estatales y Municipales con la Policía Federal, preferentemente en los estados del norte del país.

En el periodo de referencia el interés político (y público) en todo el país se centró en la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral en 14 estados, programados para el siete de julio 2013. La larga serie de violencia y crímenes cometidos contra candidatos (y familiares) en por lo menos 10 estados, tuvo un saldo de unos 15 asesinatos.

Para impedir que las organizaciones criminales impusieran sus propios candidatos y mantener el orden y la seguridad, la Secretaría de Gobernación se vio obligada a tomar medidas para blindar las elecciones, de acuerdo con los partidos participantes, con la Policía Federal en coordinación con las Policías Estatales y Municipales.

El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre Drogas, emitido a finales del mes de junio 2013, causó un fuerte impacto en el país por la atribución del primer lugar en la producción y exportación de heroína en América Latina después de Colombia. Además por el territorio mexicano transita el 90% de la cocaína procedente de Suramérica hacia el mercado de Estados Unidos.

La situación que se vive en el Distrito Federal desde el 26 de mayo pasado a causa del secuestro (“desaparición”) de 12 personas en el Bar Heaven After (en la conocida Zona Rosa), demuestra claramente la incapacidad del Gobierno del Distrito Federal, de su Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia, especialmente de la policía. Un escándalo de estas dimensiones, en una capital de la importancia y dimensiones que es el Distrito Federal, sede del Gobierno Federal, de las representaciones diplomáticas, bancarias, empresas e instituciones internacionales, es simplemente incomprensible e inadmisible.

Resumen de la situación de (in)seguridad pública y sus principales factores

El observatorio Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, informó, que entre enero a abril de este año, se produjo una baja nacional en los delitos de robo de vehículos (- 5.2%), extorsión (-18.2% y homicidios (8.9%), sin embargo en secuestros reportan un aumento (16.9%).

Entre los estados que cuentan con más secuestros figuran Tamaulipas, Baja California Sur, Durango, Aguas Calientes, Michoacán, Morelos, Tabasco. Según estos datos la violencia se concentra en 196 municipios del norte del país.

En el contexto nacional, México Unido contra la Delincuencia saca la conclusión, que en los primeros seis meses de gobierno de Enrique Peña Nieto se ve un mejoramiento en los niveles de preocupación por la inseguridad, una mayor propensión por denunciar los delitos y un incremento de la confianza en las labores del Ejército.

Por otro lado se discute que los niveles de confianza en las policías y el sistema de procuración de justicia registran porcentajes de los más bajos en toda América Latina.

Según anota el ICESI – Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, son El Distrito Federal, El Estado de México y los Estados de Tamaulipas y Baja California los que presentan los mayores incidentes de delitos graves a nivel del país. Además en lo que se refiere al creciente robo de transportistas, el mayor número de ilícitos se producen en el D.F., Estado de México y Jalisco.

Para el panorama general de seguridad a nivel nacional cabe señalar que la peligrosidad de los diversos grupos de autodefensa sigue latente. Operan fuera de la ley, cometen crímenes (asesinatos, extorsiones, privación ilegal de libertad) y mantienen confrontaciones con armadas contra autoridades estatales y municipales, contra unidades militares y la Policía Federal en diferentes estados. El hecho de que en su gran mayoría estos grupos portan armas de uso exclusivo del ejército y disponen de suficientes medios de financiarse, de suponer que mantienen nexos (de cooperación) con organizaciones criminales.

Los múltiples crímenes (extorsión, secuestro y asesinato) cometidos en torno a la “trata” de personas y los emigrantes indocumentados, en su paso por el territorio mexicano hacia Estados Unidos, por grupos criminales y policías coludidos, ya son parte del crimen organizado. Las Naciones Unidas consideran que la “trata” es una de las actividades ilícitas que más ganancias generan, casi a la par del narcotráfico.

La migración de indocumentados no es solamente un problema de seguridad pública, sino es ya un fenómeno multidimensional, de desarrollo social y económico, además de su importancia política.

La persistente problemática de la producción, el comercio y el consumo de las más atractivas drogas, como la cocaína y mariguana, ha generado hace tiempo en asambleas de las Naciones Unidas, de la OEA, en foros y simposios regionales, apoyados por renombrados intelectuales y ex – gobernantes, tomar resoluciones para iniciar negociaciones para la regularización y legalización del consumo (uso) de estas drogas (en primer lugar la mariguana) bajo ciertas condiciones.

Comentarios

El cambio de la prioridad política del tema de la Seguridad Pública, por aplicar la nueva estrategia y táctica del Gobierno Federal, se manifiesta claramente en la reducción y desatención sistemática de información pública por parte política y mediática.

La violencia, los crímenes de los cárteles y las organizaciones criminales, los desordenes violentos de grupos de manifestaciones (armados) y los bloqueos de carreteras y las actividades de las auto-denominadas unidades de defensa civil, han complicado aún más la situación de inseguridad en todo el país.

La injerencia del crimen organizado en un proceso electoral, en principio nada nuevo, pero el asesinato de unas 15 personas, entre candidatos, sus familiares y ayudantes, en por lo menos diez estados, es una clara señal de señala el intento de imposición del crimen.

Todos estos factores forman parte de la cada vez más notable impresión de un creciente vacío de de poder, por falta o desinterés en el ejercicio de la autoridad y el Estado de Derecho.

Referente a la ya insoportable situación que prevalece en el Distrito Federal por el secuestro (o desaparición) de un grupo de 12 personas desde el pasado 26 de mayo, hace ya más de seis semanas, ha demostrado que ni el gobierno, ni la SSP, ni la policía y la PGJDF del D.F. tienen la capacidad (y ¿voluntad?) de resolver este complejo criminal sin la intervención del poder federal.

Los resultados de las investigaciones de las autoridades competentes del D.F. han demostrado, que a pesar de las aseveraciones del Jefe del Gobierno del D.F., sí hay presencia de cárteles de narcotráfico, aunque los llaman grupos criminales que controlan el narcomenudeo.

Mantener bajo control (y con vida) a un grupo de 12 personas secuestradas, durante más de seis semanas, requiere una infraestructura de profesionales, con nexos en otras entidades estatales.

Los crímenes entorno a la problemática de la “trata” y los emigrantes indocumentados de Centro- y Suramérica en su paso hacía su “Edén” en Estados Unidos, ya no pueden ser más ignorados y requieren urgentemente medidas justas por parte del gobierno mexicano. La indefensión de los inmigrantes, después de todas las atrocidades descubiertos y hechos públicos, son ya intolerables, tanto por el gobierno federal y los gobiernos estatales, ni por la sociedad mexicana.