La impunidad al alza

Conforme a la estadística judicial que el INEGI acaba de publicar, en 2012 por cada 100 homicidios sólo se castigó a los responsables de 16. Es decir los autores de 84 de cada 100 asesinatos están impunes y libres de seguir asesinando.

La de 2012 es la segunda tasa de castigo más baja desde 1997 y casi tres veces más baja que la alcanzada en 2005.

La tasa de castigo de los homicidios dolosos en 2012 es ligeramente superior a las de 2011 y 2010, pero no porque más homicidas estén siendo detenidos, consignados, sentenciados y condenados, sino porque hubo menos homicidios.

En efecto, en 2012, sólo a los autores de 4,261 homicidios se les dictó sentencia condenatoria, mientras que la cifra fue de 4,412 condenas en 2011 y de 4,341 en 2010. La cifra de condenas en 2012 es la más baja desde 2003.

De hecho a partir de 2007 el número de condenas por homicidio es cada vez menor. Es decir, en estos últimos años de aumento sin precedentes de la violencia homicida, en lugar de las procuradurías de las entidades federativas se afanaran cada vez más en capturar asesinos y logra cada vez más condenas, actuaron del modo contrario.

Por eso los homicidios crecieron en 141% en tan sólo 5 años, al pasar de 11,775 en 2006 a 28,375 en 2011.

Esa baja de la capacidad para castigar a los homicidas e impedir sigan matando, es más clara precisamente en las entidades federativas más afectadas por la violencia. En Chihuahua en 2005 se impusieron condenas a los autores de 326 homicidios, pero para 2010 la cantidad ya había bajado a 157, en 2011 las condenas fueron 199 y en 2012 fueron: 145, la cifra más baja desde 1997.

En Coahuila en 2003 hubo 138 condenas por homicidio, pero en 2012 no hubo ni la mitad: 60. En Tamaulipas en 2006 se impusieron 237 condenas a homicidas y en 2012 ni la mitad: 114.

Estos datos demuestran que la mayoría de los gobiernos locales no han hecho casi ninguna contribución a reducir la violencia. Si ésta ha disminuido se debe a dos razones. Primera, a acciones del gobierno federal y segunda y más importante, a que en las disputas territoriales un grupo criminal se impone a otro, como ha sido el caso en Chihuahua, Durango, Sinaloa y más recientemente en Coahuila.

Respecto al delito de robo, la situación es similar. Entre 1997 y 2005 la tasa de castigo fue creciendo, pero a partir de 2006 fue declinando. En 2012 sólo se castigó a los autores de 6 de cada 100 robos denunciados, mientras que en 2005 a los autores de 11 de cada 100 robos.

El delito de extorsión se ha disparado en México, como es sabido. Entre 1997 y 2012 se multiplicó por 8, al pasar de 876 a 7,272 el año pasado. La impunidad fue creciendo a la par. Mientras que en 2000 se castigó a los autores de 31 de cada 100 extorsiones, en 2008 sólo a 7 de cada 100.

El INEGI no ha reportado estadística judicial sobre este delito de los años 2009 en adelante y no ha explicado la razón de ello.

Respecto al delito de secuestros los datos de impunidad son aparentemente sorprendentes. En 2012 se impusieron condenas a los autores de 90 de cada 100 plagios, esto es, habría un nivel de impunidad muy bajo.

Pero si se considera el período que va de 1997 a 2012, resultaría que se habría castigado a los autores de 97 de cada 100 secuestros.

¿Por qué entonces el secuestro sigue al alza?

Hay dos explicaciones posibles de esta situación:

  • Primera, que al mantenerse los grandes grupos criminales, sus sicarios incursionan frecuentemente en el secuestro.
  • Segunda, que las cifras de secuestro son objeto de falsificación o “rasurado” para aparentar una incidencia muy inferior a la real.

La impunidad sigue siendo el principal factor que mantiene sin solución el problema de la inseguridad en México. Por desgracia la lucha contra la impunidad no es prioridad del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, ni en el discurso, ni el programa, ni en las acciones.

El gobierno del Presidente Peña debe conceder la importancia que este asunto tiene para que cumpla su promesa de reducir la violencia y el delito. El gobierno debería proponer al Sistema Nacional de Seguridad Pública que asuma como objetivo el reducir la impunidad, el recuperar - cuando menos- las tasas de castigo que se habrían logrado a mediados de la década pasada.